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El Gobierno estima que Cantabria puede alojar una población flotante de más de 400.000 personas aunque reconoce “desajustes en los servicios esenciales”

Noja, con un 80%, es el municipio con mayor porcentaje de viviendas estacionales.

Olga Agüero

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El borrador del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) establece que Cantabria tiene capacidad para absorber una población flotante máxima de 409.166 personas frente a un censo total que no llega a los 600.000 habitantes. A la vez reconoce que las viviendas turísticas “han tensionado el mercado inmobiliario”, disparando los precios del alquiler y dificultando el acceso a la vivienda para la población residente. La cifra incluye en su estimación las plazas de las viviendas estacionales, alojamientos reglados y viviendas de uso turístico.

El documento consultado por elDiario.es especifica también que el periodo de concentración de este volumen de personas “es muy corto en el tiempo”, por lo que reconoce que a medida que se incentiva el turismo “van creciendo los desajustes en las dotaciones de servicios esenciales”. Esto requiere quiere ordenar movilidad, servicios, equipamientos o aforos, entre otros aspectos, según recoge este análisis.

En materia de turismo, el PROT define tres líneas de actuación. En primer lugar, apuesta por hacer crecer el turismo de forma “ordenada y sostenible” con el objetivo de “incrementar los beneficios sociales y económicos para Cantabria”. En segundo lugar, propone definir las áreas de interés turístico y su capacidad de acogida. Y, por último, insiste en la aspiración clásica de desestacionalizar la demanda.

El turismo residencial vinculado a la vivienda estacional es el más abundante en Cantabria, según refleja este documento oficial. Se calcula que mueve un máximo de 283.251 personas, por las 39.187 de las viviendas de uso turístico o las 86.728 de los alojamientos reglados.

Cuadro población flotante del borrador del PROT.

Desde el PROT se consideran zonas saturadas de vivienda estacional a aquellas en las que más de la mitad del parque de viviendas es estacional, “lo que provoca graves desequilibrios en la dotación de servicios estivales o la necesidad de sobredimensionar las infraestructuras”. Una situación de alerta en la que ya se situarían las zonas más saturadas, que se sitúan en la costa oriental. Noja, con un 80%, es el municipio con mayor porcentaje de este tipo de viviendas; seguido de Laredo, con un 70%, o Arnuero, con un 59%. El borrador propone fomentar alojamiento “de calidad” -no especifica cómo- o incentivos al empadronamiento para “mejorar la convivencia vecinal”.

Viviendas de uso turístico

El PROT considera que el crecimiento espectacular de la vivienda de uso turístico ha mejorado “la calidad de vida en el medio rural” y ha generado “una reducción importante de la vivienda vacía”. Sin embargo, reconoce que en entornos urbanos el aumento de la demanda turística “ha tensionado el mercado inmobiliario, disparando los precios del alquiler y dificultando el acceso a la vivienda para la población residente”.

Se trata de una situación que, según recoge el documento oficial elaborado por la Consejería de Fomento al que ha tenido acceso elDiario.es, plantea importantes retos en términos de equilibrio entre el desarrollo turístico y el derecho a una vivienda asequible. Como ejemplo, en febrero de 2025 se contabilizaron un total de 39.187 plazas de alojamiento en viviendas de uso turístico, distribuidas en 7.496 inmuebles registrados.

Las mayores “bolsas” de vivienda de uso turístico se encuentran en los municipios de Santander, con 1.511; Ribamontán al Mar, con 326; San Vicente de la Barquera, o Castro Urdiales, con 279. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra que, en el mes de junio de 2024, las plazas en viviendas de uso turístico ya superaban a las de alojamiento reglado en la capital de Cantabria.

El borrador del PROT, elaborado por el departamento que dirige Roberto Media (PP), admite que es indispensable “regular” este tipo de alojamientos “para evitar la saturación turística que provoca alteraciones sociales, protestas del sector hostelero y alteraciones de la oferta de vivienda en alquiler para residentes”. De hecho, establece que cada municipio debe establecer los límites, si fuera preciso, “para armonizar la convivencia vecinal con el continuo tráfico de turistas en las comunidades de propietarios”.

Por otro lado, señala como un problema los alojamientos permanentes en los campings como residencia habitual, una situación que debe corregirse “en aras de lograr una eficaz infraestructura turística”. También estima que los aparcamientos de autocaravanas deben instalarse en las áreas de interés turístico.

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