Imputan a Jesús Díaz por perjudicar a la empresa inmobiliaria de su sucesor en la alcaldía de Noja

El Juzgado de Instrucción número 1 de Santoña ha imputado al exalcalde de Noja, Jesús Díaz (PP), al observar indicios de un delito continuado de prevaricación administrativa por impedir deliberadamente el desarrollo urbanístico de una parcela de la promotora Nocanor -propiedad del entonces líder de la oposición y actual regidor de la villa, Miguel Ángel Ruiz (PRC)-.

Según relata el auto judicial, al que ha tenido acceso eldiario.es, Nocanor, a través de la mediación de Ruiz, adquirió en el año 2006 una finca de 12.800 metros cuadrados sobre la que proyectó la construcción de 184 viviendas, locales y garajes distribuidos en siete edificios. Así, la sociedad inició los trámites administrativos para obtener del Ayuntamiento la concesión de la licencia municipal de obras.

Sin embargo, a pesar de que el proyecto cumplía los requisitos establecidos por ley, Díaz y el secretario de la Corporación municipal, José Luis Sainz Messía, que también ha sido imputado, “con la finalidad de perjudicar económicamente a Nocanor y retrasar la concesión de las licencias necesarias dictaron a sabiendas diversas resoluciones contrarias a la legislación”.

En este sentido, el auto emitido el 10 de noviembre por el magistrado Guillermo Martínez señala que el exalcalde de Noja mantuvo conversaciones con el primer propietario del terreno porque también estaba interesado en su compra y en una de ellas, mantenida a finales de 2005, Díaz le advirtió que él era quien concedía las licencias urbanísticas, “dándole a entener que el procedimiento de obtención de las mismas se iba a ver dificultado si no accedía a venderle la finca”.

De este modo, el juez resalta varios hitos fundamentales del procedimiento administrativo en los que se revela la “actitud obstruccionista” de los investigados, que durante años frenaron la construcción de las viviendas con diversas artimañas, como el requerimiento reiterativo de trámites innecesarios, la cesión gratuita del 10% del aprovechamiento urbanístico o el abono de 60.520 euros por la tala de encinas, cantidad que Nocanor recurrió y ganó en los tribunales.

Destaca que uno de los informes por los que el Consistorio decidió denegar la licencia de obras se tomó con base a un informe técnico elaborado en 2006 por el exconsejero Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo y actual senador del PP, Javier Fernández. Esta resolución municipal, emitida en octubre de 2007, fue recurrida por la promotora urbanística, a la cual el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Santander terminaría dando la razón en diciembre de 2010 y un año más tarde también el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Además de imputar a Jesús Díaz y a José Luis Sainz Messía, el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander no aprecia indicios de participación en los hechos por parte de María Jesús Portilla, mujer del exalcalde. Tampoco aprecia que se hubiera beneficiado de tales decisiones “a pesar de constarle la titularidad de numerosas empresas inmobiliarias”, por lo que acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra esta persona. La investigación ha sido abierta a raíz de la denuncia presentada por Nocanor y en la que también participa como parte perjudicada el Ayuntamiento, en manos de los regionalistas desde las elecciones municipales de 2015.

“Me ha querido arruinar”

No es la primera causa que se instruye en los juzgados por este mismo asunto. En septiembre de 2015, al poco de hacerse con el bastón de mando, la promotora de Ruiz reclamó al Ayuntamiento una indemnización de 13 millones de euros por la paralización por parte del anterior equipo de Gobierno del PP del proyecto urbanístico.

Según la versión del actual alcalde, su rival político hizo “todo lo posible” desde la Alcaldía para impedir su edificación a través de distintos retrasos en la concesión de las licencias de obra con el objetivo de “arruinarme”.

Unos meses más tarde, el juzgado de lo contencioso-administrativo nº 2 de Santander desestimó la demanda de Nocanor al entender que la responsabilidad patrimonial había quedado prescrita.

Díaz, acorralado

Tampoco es la primera denuncia que se cruzan los máximos dirigentes de PP y PRC de Noja. De hecho, Díaz se sentará en el banquillo de los acusados para declarar por posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos cometidos entre los años 2009 y 2014 después de que los miembros del grupo regionalista lo denunciaran al detectar más de 200 facturas de pagos a proveedores “sin consignación presupuestaria ni autorización legal del gasto”.