Un juez abre una pieza separada de la trama de Obras Públicas de Cantabria por fraude en contratación pública y cohecho

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santander ha abierto una pieza separada del caso conocido como la trama corrupta de Obras Públicas, a raíz de la investigación iniciada hace un año en el Servicio de Carreteras del Gobierno de Cantabria.

Fruto de esa instrucción, que lleva a cabo la titular del Juzgado 5, se abrieron unas nuevas diligencias por fraude en la contratación pública y cohecho, según ha adelantado este domingo El Diario Montañés y han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

En las primeras pesquisas, por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos de obras en la comunidad autónoma, fueron detenidas ocho personas, entre ellas un funcionario del Servicio de Carreteras Autonómicas, Miguel Ángel Díez, supuesto cabecilla de la red y que estuvo en prisión provisional por estos hechos varios meses, desde que se destaparon, en febrero de 2023, y hasta septiembre de ese año.

Se le atribuyen los delitos de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental, que podrían suponer hasta seis años de cárcel cada uno de ellos.

En la trama estarían también involucradas su mujer e hijas y responsables de cuatro empresas de la comunidad que igualmente están siendo investigadas: Rucecan, Api Movilidad, Cannor y La Encina.

Pieza separada

En la instrucción de esta causa, que sigue su curso, se encontraron indicios de un posible delito no conexo con lo que está investigando el Juzgado 5, por lo que se remitió a Decanato para su reparto a otro órgano judicial.

Así, se abrieron diligencias por fraude en la contratación pública y cohecho, se ordenó investigar a la Unidad Operativa Regional de Vigilancia Aduanera, se practicó una testifical y se decidió sobreseer provisionalmente al no hallarse indicios suficientes de delito, según han explicado a esta agencia las citadas fuentes.

Pero tras aparecer nuevos indicios, se acordó la reapertura y la práctica de nuevas diligencias. En estos momentos, está pendiente, entre otras diligencias, la práctica de testificales y declaración de investigados. Estos últimos serían cuatro trabajadores de la empresa pública Gesvican (Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria), dependiente del Ejecutivo autonómico.