Los grupos municipales de Santander fuerzan la retirada de la propuesta del PP de comisión sobre el servicio de basuras

El primer round político a la hora de establecer una comisión especial que investigue cómo se ha ejecutado la contrata de basuras en Santander se solventó sin ningún acuerdo ante la falta de entendimiento de los grupos. Ni el Partido Popular consiguió sacar un modelo restrictivo de comisión -sin publicidad, secreta y con limitación de comparecientes- ni la oposición ha conseguido lo propio con tres mociones presentadas para que el modelo fuera más trasparente. De un modo u otro, el voto de Ciudadanos, con dos concejales, y el PRC, con cinco concejales, fue determinante para que en el pleno del Ayuntamiento de Santander ninguna iniciativa prosperase.

Ciudadanos, socio de gobierno del PP, no apoyó a este a la hora de convocar una comisión restrictiva. Tampoco vio prosperar la suya por la abstención del PRC, partido que votó en contra de la de Unidas por Santander. La última moción, una socialista, solo contó con apoyos de PSOE, PRC y UXS, pero Vox y Cs la hicieron inviable.

El debate en el pleno a la hora de cómo enfrentar el análisis de lo ocurrido con la contrata de basuras -una adjudicación de servicio en que la Intervención ha visto un quebranto económico para Santander de siete millones de euros- fue monopolizado por el debate jurídico. La oposición, incluido Ciudadanos, considera que la propuesta ha de esperar mientras se redactan informes jurídicos que avalen el carácter público de las sesiones de la comisión, pese a que el secretario general ratificó su informe de que el modelo del PP era válido. El PSOE pidió, en concreto, sendos informes: uno jurídico y otro de la FEMP, algo que los populares no creyeron necesario.

La victoria de la oposición, que consiguió la retirada de la propuesta, fue pírrica, ya que no consiguió establecer un modelo alternativo ante la división de los grupos.

Retirada de la propuesta del PP

Los grupos Socialista, Regionalista, Unidas por Santander (UxS) y Ciudadanos votaron a favor de retirar la propuesta del PP de crear una comisión especial sobre el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos para pedir más informes en aras a una “mayor seguridad jurídica”.

La propuesta del Partido Popular solo contó con los 12 votos a favor de PP y Vox, mientras ha tenido 15 en contra, incluidos los de Cs, su socio en el Gobierno local, al considerar que puede haber otras interpretaciones jurídicas distintas de la que asienta la iniciativa del PP donde quepa la publicidad de la comisión.

En este sentido, los populares defendían crear una comisión especial como única opción “legal, ágil y operativa” para analizar, investigar y evaluar el contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento orgánico del Pleno y en el resto de normativa aplicable.

Un normativa que, según el PP, establece que la comisión no sea pública, sino “a puerta cerrada”, un hecho de han rechazado todos los grupos.

La aprobación de la creación de la comisión se ha retirado a propuesta del PSOE, que se ha remitido al artículo 51 del Reglamento Orgánico del Pleno que establece que se puede pedir la retirada de expedientes incluidos en el orden del día “a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes”.

En concreto, los socialistas han solicitado que se eleve consulta a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la competencia del Pleno para regular los órganos complementarios en un municipio que es capital autonómica; y que se elabore un informe jurídico sobre si el Pleno de un municipio de capital autonómica, como órgano que tiene atribuida la competencia de regular los órganos complementarios, puede regularlos de forma directa en una sesión de Pleno o bien sería necesario regularlos en su Reglamento Orgánico.

El portavoz socialista, Daniel Fernández, ha censurado que la iniciativa del PP tiene “defectos capitales” --como calificó la alcaldesa la del PSOE sobre ordenanzas fiscales en el último Pleno-- y es una propuesta “sesgada” del informe del secretario del Pleno, por lo que ha reclamado la necesidad de “seguridad jurídica” con la incorporación de los expedientes que solicita.

La alcaldesa, Gema Igual (PP), ha dado la palabra al secretario del Pleno, que ha asegurado que el expediente que se ha presentado está “completo” y está basado en la normativa vigente, que en el caso del Reglamento Orgánico del Pleno establece “de manera clara y contundente” que las comisiones sean secretas, y en Cantabria no existe otra normativa al respecto. “No me cabe ninguna duda jurídica”, ha sentenciado.

Sin embargo, la propuesta del PSOE ha contado con el apoyo de Cs, cuyo portavoz, Javier Ceruti, ha dicho que conoce “interpretaciones jurídicas en sentido diverso”, y no ha respaldado la iniciativa popular porque “los ciudadanos tienen derecho a conocer en tiempo real lo que se dice en la comisión. O hay voluntad o no la hay”, ha sentenciado, subrayando que Cs no puede estar a favor del “mayor secretismo de las deliberaciones”.

También el PRC ha expresado sus “dudas” respecto a la imposibilidad de establecer de forma reglada criterios de publicidad, si bien considera “oportunos” la estructura, objetivos e investigación que promueve el PP. Sin embargo, ha considerado que el equipo de Gobierno PP-Cs debería articular canales de publicidad para “mantener la transparencia”, algo que debería considerarse dado que se trata de “expedientes pasados”. En este sentido, ha reconocido que el “enroque en la imposibilidad legal de publicidad nos genera serias dudas”.

El concejal de UxS, Miguel Saro, también ha expuesto sus “dudas” sobre la “interpretación” del secreto de la comisión, y ha hablado de “conflicto muy grave” entre la publicidad, el conocimiento por los vecinos y la transparencia en asuntos “muy importantes” y el “deber del secreto”. El edil ha señalado que en la comisión hay expedientes de presente y futuro, en los que habrá que respetarlo, pero en los debates de la comisión deberían “primar los derechos de transparencia”.

Por su parte, el concejal de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, ha considerado que el informe del secretario general del Ayuntamiento “es más que suficiente” para decidir sobre la creación de la comisión, y ha opinado que el hecho de que sea pública “no es determinante” porque “una cosa es que no sea pública y otra secreta”. Pese a que el edil ha dicho que no comparte que no sea pública, ha basado su voto de apoyo en que cumple las normas.

Mientras, el concejal del PP, César Díaz, ha rechazado la propuesta socialista porque considera “irrelevante lo que pueda decir la FEMP a efectos del funcionamiento del pleno” y está “fuera de lugar” pues el informe del secretario del Pleno es “un informe jurídico”. También, ha enfatizado que el Reglamento Orgánico “es el que es y no se puede modificar por acuerdo del Pleno”, además de que no existe en Cantabria una ley alternativa. Y contempla comisiones ordinarias y extraordinarias, como las que ya existen, para asuntos concretos.

Finalmente la alcaldesa, Gema Igual, ha rechazado que existan dudas jurídicas porque hay un informe jurídico, al tiempo que ha asegurado que los ciudadanos “tienen derecho” a conocer “lo que pasa”, que es la “labor” de los concejales, ha dicho, puntualizando que en este caso el informe jurídico y el reglamento del Pleno establecen que la comisión no puede ser pública.

La regidora ha lamentado que se retira un punto del Pleno porque se solicitan informes “que no son necesarios” para formar parte del expediente cuando, ha insistido, “no hay dudas jurídicas, hay un informe técnico y un expediente completo”.

Más de lo mismo

El resto de los debates sobre las mociones fue redundante y poco más aportó. César Diaz, concejal de Fomento (PP), arremetió duramente contra el portavoz socialista quien criticó abiertamente que empresas vinculadas a las adjudicatarias de la recogida de basura siguieran trabajando con el Ayuntamiento de Santander. Daniel Fernández citó las cocheras del TUS (8,5 millones de euros), la pasarela de la Peña del Cuervo (dos millones) y la nueva Plaza de San Martín, así como la adjudicación de promociones a cargo de la empresa pública municipal SVS (Santander de Vivienda y Suelo), de propiedad municipal. El portavoz socialista se preguntó en el pleno qué “acuerdos verbales” tenía el PP con el entramado empresarial de Santiago Díaz, presidente del Grupo Sadisa.

Díaz, aparte de considerar “indigno, bochornoso y lamentable” lo oído en el pleno rechazó la insinuación y dijo que solo faltaba que se le acusara de la muerte de Manolete “o ser hijo de Santiago Díaz”. Fue un debate, por lo tanto, agrio, que no condujo a nada.