Más de un tercio de los municipios cántabros están en riesgo de despoblamiento

El Gobierno de Cantabria ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la orden que delimita los municipios afectados por riesgo de despoblamiento en la comunidad, 38 de los 102 de la comunidad, lo que supone más de un tercio del total.

De ellos, 30 están considerados de actuación prioritaria por riesgo grave y otros ocho de actuación preferente por su dispersión poblacional y tasa de envejecimiento.

La inmensa mayoría de esos ayuntamientos padecen, además, una serie de problemas comunes, como el envejecimiento, el aislamiento geográfico, dificultades de integración territorial con otras regiones, falta de conexiones de transporte e internet, ausencia de servicios sociales adecuados y menores dotaciones de capital humano y oportunidades de empleo, lo que determina su mayor declive económico.

Para delimitar los 30 municipios de actuación prioritaria se ha tenido en cuenta la demarcación territorial en zonificación de Montaña.

En la Occidental, los municipios son Cabezón de Liébana, Cabuérniga, Camaleño, Lamasón, Los Tojos, Peñarrubia, Pesaguero, Polaciones, Rionansa, Tresviso, Tudanca y Vega de Liébana. Es una de las áreas con menores niveles de renta y una densidad poblacional muy baja, con una de las más altas tasas de dispersión de Cantabria (del 64,19%).

En la Central (Campoo-Iguña) se localizan otros diez municipios en especial riesgo: Cieza, Hermandad de Campoo de Suso, Campoo de Yuso, Pesquera, Las Rozas de Valdearroyo, San Miguel de Aguayo, Santiurde de Reinosa, Valdeprado del Río, Valdeolea y Valderredible. Se trata de municipios que es preciso revitalizar por su pequeño tamaño poblacional, con una densidad de población media de 12,19%.

En la Oriental (Valles del Pas, Pisueña, Miera y Asón Agüera) se localizan Arredondo, Luena, Miera, Ruesga, San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera, Soba y Vega de Pas, otros ocho municipios en riesgo severo de despoblamiento con una densidad de población de 9,54 habitantes por kilómetro cuadrado; una tasa de dispersión media muy alta, ya que casi un 63,3% de la población vive en núcleos distintos del principal, y unos elevados niveles de envejecimiento.

En cuanto a los ocho municipios de actuación preferente, son: Cillorigo de Liébana, Herrerías y Ruente (en la Montaña Occidental); Anievas, Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de Concha y Molledo (en la Montaña Central) y Rasines (Montaña Oriental), y se presta un tratamiento especial al Valle de Villaverde, al estar enclavado dentro del territorio de Vizcaya.

La consejera de Presidencia, Paula Fernández, ha destacado que esta orden fija el territorio prioritario y “urgente” de actuación de las políticas autonómicas para hacer frente a este problema.

Según ha explicado, una vez identificados los municipios de mayor riesgo, Cantabria tiene la “base de partida” para contar “a corto plazo” con una estrategia de actuación en el territorio, algo que es “prioritario” para el Gobierno autonómico, y ha recordado la constitución del Consejo Asesor y de cuatro grupos de trabajo en cuatro áreas preferentes para el medio rural: conectividad, sanidad y dependencia, educación e industrialización y talento.

Sobre la conectividad, ha indicado se trata actualmente de una de las áreas “fundamentales” de actuación en el Gobierno de Cantabria con el fin de facilitar que las empresas y los vecinos puedan trabajar en el medio rural, y ha recordado que la Consejería de Innovación trabaja para facilitar la banda ancha en todo el territorio y las demandas que con este objetivo ha trasladado Cantabria y otras comunidades al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

También ha apuntado la importancia de que los pueblos cuenten con adecuados servicios sociales, sanitarios y educativos, entre otros, así como políticas de vivienda para fijar población en el medio rural.

Ha recordado que Cantabria coordina y coopera con otras autonomías afectadas por este problema, a través del Foro de Comunidades con desafíos demográficos, y ha apuntado la reclamación conjunta al Gobierno de España para que el reto demográfico sea un directriz estratégica en el reparto de los fondos de recuperación europeos.

“El Gobierno de Cantabria y los miembros del Consejo Asesor para la Lucha contra del Despoblamiento estamos comprometidos para luchar con más fuerza si cabe frente a este grave problema”, ha subrayado la consejera, quien ha apuntado las oportunidades y el cambio mentalidad generado por la pandemia que ha hecho que el mundo rural recobre “un mayor protagonismo”.

“En los pueblos se vive bien y si las administraciones conseguimos que el medio rural cuente con los servicios necesarios se nos presenta una oportunidad de oro de mejorar la calidad de vida de todos”, ha concluido.