Ser trabajadora de asistencia a domicilio y atender a dependientes con COVID-19: “Estamos expuestas y somos vectores del virus porque no nos hacen PCR”

A su ya complicada situación laboral, una profesión precaria y feminizada, a las trabajadoras de asistencia a domicilio la pandemia les ha supuesto otro hándicap con el que lidiar cada día. Y es que desde que se levantó el estado de alarma, a estas profesionales de la dependencia les puede tocar acudir a desempeñar sus tareas habituales a domicilios con personas contagiadas por COVID-19.

La situación, tal y como denuncian varias trabajadoras en conversación con elDiario.es, es “indignante”, puesto que están “permanentemente expuestas”. “Somos vectores”, asegura Rosa María Martínez, empleada del Servicio de Atención a la Dependencia (SAD) de Cantabria, ya que, pese a saber que el usuario al que van a prestar el servicio es positivo en coronavirus a ellas no les hacen PCR.

“Desconocemos si tenemos el virus o no y si salimos de la casa y vamos contagiando a otro domicilio o a nuestro entorno”, apunta. Y es que, según expone, la empresa les da un EPI especial para estos casos en el momento en el que el dependiente da positivo, pero ellas han estado días atrás en contacto con el mismo con una mascarilla quirúrgica y una bata de tela.

Además, si un usuario da positivo, puede darse el caso de que esa trabajadora tenga contacto con otras compañeras en otros servicios de distintos días de la semana, de manera que, según reconoce Silvia Solar, responsable de este sector en el sindicato CCOO de Cantabria, “es una cadena”. “Y estamos con gente muy vulnerable”, apostilla.

A ello hay que sumar, según detalla Martínez, que no han recibido prácticamente ninguna formación o pauta para trabajar en un domicilio con una persona infectada. “No nos han dado nociones básicas de cómo se tiene que poner la ropa y desecharla o de cómo hay que hacer el tratamiento de limpieza y esterilización; es algo muy complejo y se ha tratado en 20 minutos”, critica esta trabajadora.

“Afortunadamente yo no he tenido ningún caso de ese tipo, pero sé de alguna compañera que sí. Nos piden que tomemos las precauciones oportunas, aunque no siempre es posible”, lamenta Adela Ilerias, otra empleada de este gremio. Tanto ella como Solar (CCOO) aseguran que alguna empresa ha pedido voluntarias para que sean las mismas personas las que acudan a prestar servicios a casas con dependientes COVID. “No encuentran”, señala esta última, porque “no ofrecen ninguna mejora, como un plus de peligrosidad”.

Pero aún hay más: según estas empleadas, hay veces que cuando acuden a domicilios se encuentran con “familias enteras confinadas” con el dependiente positivo en coronavirus. “Las empresas y el ICASS (Instituto Cántabro de Servicios Sociales) no les hacen ver que es una obligación que mientras la trabajadora esté en el domicilio hay que preservar una distancia mínima de seguridad y que hay que ponerse la mascarilla”, denuncia Martínez.

“Hay gente que sí se la pone por precaución y de motu propio, pero no se obliga”, critica Tamara Hernández, otra trabajadora del SAD, quien resalta que con esta situación se enfrentan “a un riesgo evitable” porque “no se cumplen las medidas de seguridad”.

Sin reconocimiento

Pese a estar continuamente expuestas al virus, estas auxiliares de dependencia denuncian que si se contagian no se les reconoce como enfermedad profesional porque no pueden demostrar que ha ocurrido en el puesto de trabajo. “Corremos riesgo, ha habido positivos, y no han tenido reconocimiento porque el servicio de prevención externo que tiene contratado la empresa nos dice que no tiene por que ser en el domicilio, que lo hemos podido coger en el autobús”, manifiesta Martínez con indignación. 

Y es que estas trabajadoras también pueden tener sus patologías, ser personas de riesgo, y tener a su cargo mayores y niños. “Los dependientes tienen un derecho, sí, pero la ley de prevención de riesgos laborales también nos debe de proteger a nosotras”, sentencia esta profesional.

“Tenemos miedo, porque vamos a otros domicilios en los que hay personas dependientes y con problemas respiratorios, y ellos tienen familias. Y cada trabajadora tenemos también nuestros familiares y nuestras patologías”, incide Hernández en la misma línea que su compañera.

En definitiva, las trabajadoras de asistencia a domicilio piden más protección y aunque reconocen que su situación ha mejorado algo respecto al principio de la pandemia, los recursos “siguen sin ser suficientes”. “Las reinas de la precariedad laboral, las auxiliares de ayuda a domicilio, las Kellys de la dependencia, mujeres que sujetan el mundo con sus cuerpos destrozados, tienen cero reconocimiento”, concluye Martínez.

Servicio estrangulado

Por otra parte, entre los daños colaterales que ha supuesto la pandemia para este servicio destaca la notable bajada de usuarios que han padecido. Y es que el ICASS ofreció a los usuarios que tuvieran miedo al coronavirus suspenderlo temporalmente. Desde el 16 de marzo hasta el 30 de abril, tal y como detalla la sindicalista de CCOO, “los servicios que no se han hecho los ha seguido pagando a las empresas por el descenso de horas, pero a partir de esa fecha no”. Así pues, esa bajada repercute negativamente en las empresas y, por consiguiente, también en las trabajadoras. “La pandemia ha estrangulado este servicio”, concluye Solar.

Respuesta del ICASS

Ante estas reivindicaciones, elDiario.es se ha puesto en contacto con el ICASS desde donde han defendido que realizaron PCR a todas las trabajadoras cuando se suspendió el estado de alarma y que cuando un usuario da positivo, su auxiliar es apartada del servicio. Igualmente, según detalla Beatriz Velarde, coordinadora de la Fundación cántabra de Salud y Bienestar Social de la que dependen las empresas prestadoras del SAD, “se realizan pruebas a las personas trabajadores de nueva incorporación y en estos momentos se está realizando un barrido de test rápidos a las auxiliares de algunas zonas”. No obstante, desde el ICASS subrayan que no son la autoridad competente para la realización de pruebas, sino que es la autoridad sanitaria o el servicio de prevención de riesgos laborales de las empresas prestadoras del servicio quien debe evaluar si procede dicha prueba.

En lo que respecta al material, el ICASS defiende que tanto en las zonas 1 y 3, como en las 4 y 5 de prestación del servicio en la región las auxiliares acuden a los servicios ordinarios con mascarilla quirúrgica, pero en el momento en que se detecta un caso o se sospecha que puede serlo se aparta a la trabajadora habitual asignándole el servicio a un auxiliar COVID que va reforzada con los EPI integrados por mascarilla FPP2 y bata desechable. Incluso, según apunta este organismo público, las empleadas de las áreas 4 y 5 “tienen una mascarilla FPP2 en su poder para el caso de que la necesitaran de manera sobrevenida, es decir, si al llegar a un domicilio se encontraran algún síntoma sospechoso”. En lo que respecta a la zona 2, desde el ICASS subrayan que todas las empleadas cuentan con mascarilla FPP2, independientemente del servicio que realicen, y que hasta el momento no se han encontrado con ningún dependiente contagiado.

Finalmente, respecto al uso de mascarilla y distancia de los familiares, Velarde sostiene que “esta incidencia se está dando en los domicilios dado que los que familiares convivientes estarán entendiendo que en su propia casa no tienen que usarla”. No obstante, afirma que desde la Fundación “se está trasladando en todos los domicilios a los que acudimos que mientras se preste el servicio SAD tienen que usar mascarilla”. “Si las auxiliares se encuentran con algún domicilio concreto en el que se esté incumpliendo no tienen más que trasladárselo a su empresa para que nos lo comunique a la Fundación y nosotros llamaríamos al domicilio para instar a que se cumpla, pero, en cualquier caso, pueden ser casos puntuales”, concluye.