Las organizaciones agrarias avisan antes del 14F: no descartan intensificar las protestas hasta que consigan soluciones

Las tres Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS), es decir, COAG, ASAJA y UPA, y las Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha celebrarán movilizaciones, en unidad de acción, mañana miércoles 14 de febrero tal y como habían anunciado, por las principales autovías y carreteras de la región demandando medidas que vienen reivindicando desde hace meses

Concretamente, los agricultores y ganaderos castellanomanchegos se concentrarán en cuatro puntos. En Cuenca partirán a las 9 :00 h. desde Villar de Cantos, para concentrarse en la autovía A-43, en el punto kilométrico 162. En Guadalajara saldrán a las 10:30 h. desde Torija, en la autovía A-2, desde el kilómetro 73 hasta Guadalajara. Y, en Toledo, tendrán lugar dos concentraciones desde las 10:00 h. El primero, en la autovía A-5, punto kilométrico 86, desde el municipio de Otero y, el segundo, en la A-4, kilómetro 121, dirección Madrid (Puente de la Autovía de los Viñedos, kilómetro 63 dirección Toledo).

Además, las organizaciones convocantes ya han advertido que no descartan seguir e intensificar los actos de protesta en defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos hasta que consigan soluciones a los problemas planteados en la tabla reivindicativa.

Según han explicado los representantes del sector, los agricultores y ganaderos de toda España, y también de Castilla-La Mancha, están alzando la voz de manera contundente para denunciar la precaria situación en la que se encuentra el sector agroalimentario y los perjuicios que les está generando la política agraria actual.

Reivindicaciones

Los convocantes exponen una extensa lista de reinvidicaciones que van desde demadas en relación con la Política Agraria Comunitaria hasta un plan extratégico para la ganadería y mejars en la gestión del agua en la región.

En esta línea, han señalado que “la Política Agraria Común (PAC) impone, cada vez más, limitaciones a la capacidad productiva de las explotaciones, más restricciones en el manejo de las mismas con incomprensibles limitaciones al uso de fertilizantes, fitosanitarios y medicamentos ganaderos, más intromisión en la libre planificación de cultivos por parte de los agricultores, más ampliación a niveles desorbitados de las exigencias administrativas y burocráticas y un largo cúmulo de despropósitos añadidos” que, aunque ya se venían denunciando de manera reiterada por el sector de Castilla-La Mancha, no han tenido respuesta por parte de las Administraciones, “llevando al sector a una situación de colapso total”.

Por ello, piden una revisión profunda de la actual PAC y un aumento de su presupuesto, la modificación y flexibilización del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), un cambio total de los ecorregímenes para adaptarlos a la realidad agraria de la región, la suspensión de la obligación del cuaderno digital y la reducción de la carga administrativa, entre otros.

Además, han criticado las exigencias medioambientales, por lo que demandan la paralización de nuevas normativas comunitarias como la Ley de la Restauración de la Naturaleza y otras que supongan limitaciones la actividad agraria, además de reconocer el papel clave del agricultor y las cooperativas en la lucha contra el cambio climático.

Otra de las reivindicaciones que llevan años demandando es la reciprocidad en las relaciones comerciales con Terceros Países, exigiendo las mismas normas de producción y comercialización que Europa, estableciendo cláusulas espejo y aumentando el control sanitario de producciones primarias en las fronteras.

En cuanto a la actual Ley de la Cadena Agroalimentaria, piden mayor eficiencia para prohibir prácticas desleales y que los precios que perciben los agricultores y ganaderos cubran los costes de producción. En esta línea, demandan que se transforme el denominado Observatorio de Precios de Castilla-La Mancha en un Observatorio de la Cadena Alimentaria que trabaje para elaborar índices de costes de producción y que refuerce la labor inspectora de la Agencia de Control e Inspección Alimentario (AICA), además de un plan de ayudas que permita paliar los negativos efectos del incremento de los costes de producción.

En materia de agua, los convocantes reivindican un plan ambicioso que garantice agua para regar y poder seguir produciendo alimentos a precios razonables, así como inversiones en infraestructuras hidráulicas y en planes de regadío agrícola en zonas amenazadas por despoblamiento. Igualmente, demandan una mejora de la gestión y soluciones inmediatas para la regularización de los pozos de las explotaciones prioritarias del Plan Especial del Alto Guadiana, la puesta en marcha del Consorcio del Alto Guadiana o estudios rigurosos para conocer la potencialidad de las aguas subterráneas, entre otras cuestiones.

Para la ganadería, piden un Plan estratégico que contemple medidas encaminadas a garantizar su rentabilidad y, por ende, el mantenimiento de las explotaciones; un Plan de sanidad animal que afronte los retos de las enfermedades con medidas compensatorias por la totalidad de las pérdidas y que contemple protocolos de actuación; la revisión de la normativa en materia de transporte y bienestar animal, la tramitación urgente de las distintas ayudas puestas en marcha como las de lucro cesante, las compensatorias por la viruela o las ayudas a la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), así como el control de la fauna silvestre que transmite enfermedades al ganado.

Por último, entre otras medidas, la tabla reivindicativa recoge aspectos relativos al Plan Gestión de la Zona ZEPA; la modificación del Programa de Desarrollo Rural con el fin de beneficiar a los jóvenes ya incorporados; incentivos fiscales y laborales para fomentar el relevo generacional en el campo; la bonificación del gasóleo agrícola de forma indefinida; reforzar los seguros agrarios; instrumentos financieros que aporten liquidez a los sectores más afectados por la falta de rentabilidad; reformar la legislación laboral; potenciar la investigación agraria; ayudas a las cooperativas agroalimentarias por los efectos de la sequía y apoyo al cooperativismo, garantizar las subvenciones a los productores ecológicos y un Plan de Gestión Cinegética.