Alpera comienza su proceso de blindaje contra las macrogranjas
Después de que el pasado mes de julio la alcaldesa de Alpera, la ‘popular’ Cesárea Arnedo, suspendiera todas las licencias para comenzar con la modificación de las competencias propias de su Consistorio para impedir la instalación de la macrogranja proyectada en este término municipal, ahora se ha abierto a consulta pública en la web del Ayuntamiento las dos modificaciones que se harán en este sentido.
De un lado está la ordenanza reguladora del vertido de purines, estiércoles y otros resíduos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, hasta ahora inexistente. Tal y como se puede leer en la web municipal esta ordenanza nace por la petición de los vecinos del pueblo “para asegurar la preservación del medio ambiente para impedir la contaminación ambiental, del suelo y de los recursos hídricos”.
Así, esta nueva ordenanza pretende establecer las medidas para prevenir y corregir la contaminación medioambiental eliminando, en la medida de lo posible, “la negativa repercusión que en la calidad de vida de los vecinos producen las molestias, incomodidades e insalubridades generadas por el vertido de purines estiércoles y otros residuos ganaderos y agrícolas, salvaguardando la ganadería y la agricultura tradicional”.
En esa intención de evitar, desde sus competencias, la instalación de la macrogranja, el Ayuntamiento de esta localidad albaceteña también ha dado el primer paso para modificar las normas de planeamiento para adecuar los la regulación de los usos del suelo no urbanizable.Esto es, que dentro de sus competencias urbanísticas, el Consistorio trata de impedir la contaminación ambiental, del suelo y de los recursos hídricos que produciría la implantación de actividades de ganadería intensiva industrializada.
Y es que en la actualidad los ayuntamientos tienen margen de maniobra esencialmente en materia urbanística por lo que es, modificando sus ordenanzas, el medio que utilizan para impedir que estas granjas intensivas puedan caer en su término municipal. Se trata de una fórmula por la que ya han optado otros municipios de la región, como Brihuega, en Guadalajara, y que se está extendiendo en aquellos lugares donde hay oposición a las macrogranjas.
Más distancia y menos cabezas por granja, entre las propuestas de ADDA
Ahora los vecinos de Alpera, así como la Asociación en Defensa del Patrimonio de Alpera, (ADDA) tienen hasta el 9 de septiembre para presentar sus propuestas u opiniones al respecto. Tal y como asegura Manuel Iniesta, de ADDA, “no estamos en contra de ninguna ganadería tradicional extensiva de toda la vida. Granjas ha habido siempre en los pueblos y las tiene que haber, pero no a estos niveles”, dice refiriéndose a las denominadas macrogranjas. “Necesitamos que el Ayuntamiento regule unas distancias de protección para que, una vez que las granjas intensivas se intalen, no puedan llegar a afectar a la población”.
A la espera de que la Junta finalmente modifique la distancia que amplía de 1 a 2 kilómetros de distancia la que deberán tener las macrogranjas de los núcleos de población, la de Alpera se asentaría a unos 3,7 kilómetros de la población. Aún así desde ADDA quieren ampliar aún más esa distancia ya no sólo por la población sino también para evitar que afecte a la agricultura ecológica. “También puede afectar al viñedo ecológico”, dice Iniesta. Por tanto, las propuestas de ADDA irán encaminadas a evitar que, la posible ubicación de la macrogranja pueda perjudicar también a las actividades económicas.
“Propondremos también que se ponga límite al número de cabezas de cerdo por granja”, aunque todavía no tienen la cifra exacta. Hay que recordar que el proyecto es para una macrogranja que albergaría 7.200 cerdos que llegarían a las instalaciones con 20 kilos y saldrían de ellas, directos al matadero, ya pesando 100. Es lo que se conoce como granja de cebo y, de obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva, las seis naves proyectadas se levantarán en el Paraje del Lomazo.
