Castilla-La Mancha renunciará a la vía judicial si el Gobierno de Sánchez soluciona la devolución del IVA

Una vez cumplida la fecha que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, puso como ultimátum para demandar al Gobierno central la devolución del IVA de 2017 liquidado en 2019 por la financiación autonómica, el Consejo del Ejecutivo autonómico ya ha pedido a su gabinete jurídico estudiar las acciones judiciales para reclamar los 135 millones en los que cifra la deuda. Pero desde el Ejecutivo castellanomanchego también dejan claro que si el Gobierno de Pedro Sánchez ofrece una solución, “por supuesto” que renunciarían a llevar la cuestión a los tribunales.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha afirmado que esta reclamación se enmarca en la “normalidad institucional” pero que la Junta tiene “sólidos argumentos jurídicos” para reclamar ese importe.

En primer lugar, afirma que la no devolución de IVA atenta contra la autonomía financiera de Castilla-La Mancha, que establece que la región “no puede estar al albur de decisiones unilaterales del Estado”. Según ha destacado, esa liquidación, antes de ser aplicada por el Gobierno anterior de Mariano Rajoy debería haberse discutido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El PP impuso la medida “sin mecanismos de compensación”

Por otra parte, el consejero argumenta que también afecta al principio de lealtad institucional establecido en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que recoge que si el Estado adopta decisiones que afecten a los ingresos de las autonomías, debe compensarlo. Ha recordado que el ex ministro de Hacienda con el Ejecutivo del PP, Cristóbal Montoro, modificó esa regulación del IVA sin contar con las comunidades autónomas por lo que “no se pudo valorar el efecto sobre las finanzas y no se establecieron los mecanismos de compensación”

“Entendemos que no podemos renunciar a los 135 millones de euros que le corresponden a la región en función de las normas establecidas y por lo tanto utilizamos el gabinete jurídico para adoptar las actuaciones necesarias”, ha remarcado. No obstante, ha añadido que es en el Consejo de Política Fiscal donde debe discutirse el asunto y se ha mostrado confiado en que se resuelva “con diálogo”.

De hecho, ha puesto en valor el interés de la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por resolver el asunto para y corregir así “un problema del gobierno anterior”. Preguntado por si la puesta en marcha de un proceso judicial podría paralizarse en el caso de que el Gobierno de Pedro Sánchez ofreciera soluciones, ha dicho que “por supuesto que sí”. “Puede hacerse en el CPFF o también a través de reuniones bilaterales. Si nos dan una solución, sería absurdo continuar con cualquier otro procedimiento judicial”, ha concluido.