Las cooperativas agrarias, contra la obligación de tener personal en sus gasolineras
En el año 2005, el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó un decreto de consumo que afectaba al suministro de carburantes y en el que se establecía como requisito obligatorio para todas las estaciones de servicio que vendían al público el que hubiera al menos una persona responsable durante todo el tiempo que el poste estuviera abierto. Esta medida, que sigue vigente, se contrapone a la normativa estatal, que regula la tipología de estaciones y permite que una categoría de estaciones sea las ‘desatendidas’. Este es el modelo que tienen actualmente alrededor del 90% de las cooperativas agrarias de la comunidad autónoma. En ellas, socios y particulares deben echarse ellos mismos la gasolina y luego pagar con tarjeta de crédito. El problema, por tanto, es la contradicción entre ambas normativas.
Así lo detalla el subdirector de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, quien explica que el modelo de negocio de las estaciones sin personal está muy extendido en todos los países europeos, con más del 60% de sus postes en este régimen, muchos de ellos con precios más bajos. Pero en esta comunidad autónoma, la normativa regional obliga a las cooperativas a tener una persona atendiendo la estación las 24 horas el día “cuando por definición estatal, nuestra regulación es otra”.
“Esto limita la posibilidad de que se puedan seguir manteniendo unos postes que son muy necesarios, porque ofrecen un carburante más económico, están abiertos siempre y nunca ha habido queja de consumidores por este tipo de suministro”, subraya Del Real. De hecho, en toda la región, hasta el 90% de las 150 cooperativas que tienen suministro propio de gasóleo están en régimen desatendido, puesto que ven “innecesario” que haya personal.
Desde estas agrupaciones defienden que el consumidor tiene que ser libre para decidir el tipo de suministro que quiere. “Siempre va a haber estaciones con personal, pero sin que se imponga por una normativa de consumo autonómica”, recalca. Y es el motivo por el que este colectivo ha pedido a la Junta que modifique ese decreto y que se elimine la obligación de tener trabajadores atendiendo estos postes, unas instalaciones que “cumplen con sus requisitos de seguridad y normas de calidad, al igual que un cajero automático”.
El punto de inflexión para esta demanda lo han encontrado en un informe que el año pasado emitió la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) y que respaldaba la tesis de las cooperativas agrarias, alegando que la normativa autonómica de consumidores “no puede invadir las competencias que tiene el Estado en materia de regulación de carburantes”. A ello se une además una primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que da la razón al mismo planteamiento, anulando un decreto similar al de Castilla-La Mancha.
En la región, este conflicto competencial no ha llegado nunca a los tribunales, principalmente porque ha pasado inadvertido, pero ahora las asociaciones de estaciones de servicio tradicionales están denunciando a las cooperativas por no tener esa persona responsable, y ha provocado que el tema se ponga sobre la mesa. De hecho, las cooperativas tienen intención de seguir el ejemplo de Baleares y llevar al Tribunal Superior de Justicia castellano-manchego todos los expedientes sancionadores que se han abierto sobre el tema. Hasta ahora, han recibido este tipo de demandas una veintena de cooperativas.
La Junta reconoce la “incoherencia” entre ambas normativas
El Gobierno regional está al tanto de toda la problemática. Recientemente, la agrupación de Cooperativas Agroalimentarias mantuvo una reunión con el director general de Salud Pública y Consumo, Manuel Tordera, quien, según apunta Juan Miguel del Real, compartía el diagnóstico, la “incoherencia” entre la normativa estatal y la autonómica, y reconocía que el papel que juegan las cooperativas en muchos de los municipios es muy importante: “en muchos pueblos, el único sitio donde se puede echar carburante es en estos postes y cumplen un papel importante de protección del consumidor”.
La solución que les ha detallado la Junta sería la modificación del decreto pero una vez que se lleve a cabo la futura reforma del Estatuto del Consumidor de Castilla-La Mancha. El objetivo sería buscar una nueva regulación que permita el libre ejercicio de los distintos modelos de negocio.
“Hay que tener en cuenta que los postes de las cooperativas tienen las correspondientes autorizaciones de Industria, no son postes ilegales, y cumplen con todas las normas técnicas y controles de seguridad que son muy estrictas. Creemos que es una carrera de fondo que vamos a ganar”, concluye el responsable de Cooperativas. De hecho, la semana que viene mantendrán un encuentro con los tres grupos parlamentarios de PP, PSOE y Podemos para trasladarles sus principales peticiones donde está incluida esta cuestión.
