Más de un año después, el convenio sanitario con Madrid es definitivo
A pesar de que el convenio parecía ser una realidad hace mucho tiempo, la decisión que cerró la última sesión del Senado es la que hace oficial realmente el convenio sanitario entre las comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid. Dentro del Partido Popular el acuerdo se daba por hecho ya desde septiembre del año pasado, y de hecho, el pasado 8 de abril el alcalde de Seseña y diputado regional, Carlos Velázquez aseguraba a la prensa que ya estaba todo en marcha, aprovechando de criticar también a los socialistas de su localidad por no ofrecer “todo el apoyo” necesario al proceso.
El consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, celebró la decisión que tomó la cámara del Senado en su último punto del día. La aprobación definitiva ha significado para el responsable regional de Sanidad un “hito histórico” que se llevaba reclamando “más de quince años y que, por fin, se ha hecho realidad”. Echániz ha asegurado que con esto se “rompen” las fronteras burocráticas y que, ahora, los pacientes podrán acceder a la asistencia sanitaria según la cercanía del centro. El “popular” ha criticado de manera abierta a los activistas por la salud señalando que la solución es el control del “gasto, reformas y saber de Sanidad” y no de “sacar pancartas a la calle”.
Sin embargo, la aplicación del acuerdo entre las dos comunidades no será automático, sino que se separa en tres fases y la última de las mismas se dará por finalizada dentro de un año. Los pacientes de la provincia de Guadalajara serán los primeros que se verán beneficiados por el trámite, mientra que la Consejería de Sanidad deberá enumerar definir el número de pacientes del norte de Toledo. Los toledanos deberán señalar también si quieren ser atendidos en el Hospital Universitario Infanta Cristina, de Parla, o en el Hospital Universitario del Tajo, de la localidad de Aranjuez.
La segunda fase empezará seis meses después, cuando se deberá expedir el documento de identidad que será necesario para acceder a la atención sanitaria. Un máximo de 65.000 pacientes podrán incorporarse de la provincia de Toledo a los dos centros hospitalarios determinados en la Comunidad de Madrid. Un año después, el resto de los pacientes que decidan atenderse en Madrid podrán incorporarse a los hospitales madrileños. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) abonará a su homólogo en Madrid las tarifas cada trimestre, según se establecen en el Sistema de Información del Fondo de Cohesión, para los pacientes de Guadalajara.
En el caso de los ciudadanos del norte de Toledo que decidan acceder a la sanidad de los hospitales de Parla y Aranjuez, se establece una cápita media asistencial que en 2014 superaba los 400 euros. Esto significa, que los costes se concretarán multiplicando este valor por el número de personas que han elegido ser atendidas en los hospitales de la comunidad vecina. Esto debe abonarse de forma mensual a la Comunidad madrileña, y con un límite de tres meses. La liquidación anual debe estar completa en el primer semestre del ejercicio siguiente. Se trata de condiciones estrictas para la Comunidad castellanomanchega.
Los servicios que se ofrecen a los habitantes de Castilla-La Mancha incluyen neurocirugía, cirugía cardíaca, pediátrica y torácica en el Hospital Ramón y Cajal. Por otro lado en el centro La Paz se incluye neurocirugía pediátrica, cirugía cardíaca pediátrica, cirugía pediátrica, neonatología y cirugía torácica. El Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda ofrecerá el servicio de medicina nuclear. Además, los pacientes alcarreños podrán ser derivados a otro centro madrileño, en caso necesario, pero el Sescam deberá correr con los gastos. En el caso de los pacientes toledanos, si la especialidad que se requiere no se ofrece en los centros madrileños podrán ser derivados dentro del Servicio de salud de Castilla-La Mancha, y dentro de Madrid en casos muy puntuales. Los medicamentos también podrán ser recetados en la comunidad vecina, pero dispensados en la comunidad castellanomanchega. Y, para el transporte, se deberá seguir la normativa “vigente de las dos comunidades”.
