La Diputación de Toledo y el empleo, la relación que acaba en los tribunales
Comisiones Obreras ha tenido una legislatura ocupada con la Diputación de Toledo. Y todavía, a pocos días de que los nuevos gobiernos se constituyan, el sindicato ha anunciado que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la contratación de casi cuarenta personas que se llevaron a cabo durante el mes de abril, que fueron luego “legalizadas” por la institución en un decreto firmado en mayo. Según ha denunciado el sindicato, los contratos se correspondían con candidatos del Partido Popular a las últimas elecciones municipales.
En el escrito presentado a la Fiscalía, Comisiones Obreras señala que se puede incurrir en tipos delictivos del Código Penal, que prevén incluso penas de inhabilitación para empleo o cargo público, además de multas. “Una vez más el señor Tizon demuestra lo que es demuestra su forma de gobernar y para lo que ha usado esta Diputación estos cuatro años, como si fuera su cortijo particular, pensando que podía hacer lo que le daba la gana, pensando que podía disponer del dinero a su antojo”, afirmaba Álvaro Gutiérrez, presidente del Grupo socialista en la institución provincial.
No es la primera vez que la Diputación de Toledo cae en este tipo de irregularidades. Nada más empezar su mandato, Comisiones Obreras interpuso un recurso en contra de cuatro convocatorias de empleo del organismo por “vulnerar el principio de igualdad” al excluir a quienes eran extranjeros residentes en España. El Juzgado Contencioso Administrativo de Toledo resolvió en 2014 que dichos procesos eran no conformes.
Lo mismo hizo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con el programa de empleo “De la mano contigo II”, cuando desestimó el recurso de apelación de la Diputación en contra del auto del Contencioso Administrativo de Toledo que suspendía dicho programa. También fue Comisiones Obreras la encargada de denunciar dicho programa, señalando que la selección de personal se “basaba exclusivamente en una entrevista personal”. 134 fueron las plazas de trabajo que se abrieron para el desarrollo de un proyecto de carácter social en la Diputación y que quedaron suspendidas porque el procedimiento carecía “por completo” de objetividad al decidir a quien se contrataba.
Por otra parte, el Grupo socialista de la Diputación de Toledo ha acusado al Gobierno de García-Tizón de haber gastado, al menos, unos 700.000 euros en indemnizaciones por la política de despidos que se siguió, despidos que han calificado como “ilegales” al ser declarados improcedentes por los jueces. Tal como anunció Álvaro Gutiérrez, cuando García-Tizón sólo llevaba un año presidiendo la Diputación, con ese dinero se podría haber mantenido los puestos de trabajo y “haber evitado enviar al paro a más de 300 personas”.
