Diputados reducidos y sin sueldo: medidas polémicas sin apenas ahorro
Cuando la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, hizo balance de sus cuatro años de legislatura a finales de marzo en Guadalajara, hizo especial hincapié en lo que desde la Junta se ha denominado Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos mediante la reestructuración de la administración regional. Era un objetivo de austeridad y ahorro en el que también se enmarcó la polémica reducción de diputados en las Cortes regionales y la eliminación de sus sueldos.
Aunque en un principio el Gobierno regional aprobó en 2012 la reforma de la Ley Electoral para aumentar el número de diputados hasta 52, posibilidad que permite el Estatuto de Autonomía, después decidió rectificar esta decisión dando un giro de 180 grados con una segunda reforma que los reducía hasta 33, medida que, según la oposición, se debió a meros cálculos electorales.
Fue un plan para “ahorrar en políticos” con un Parlamento reducido a la mínima expresión que se hará efectivo tras las elecciones del 24 de mayo. Es decir, se aplicará durante seis meses en el presente año. Esta medida no solo se aprobó en solitario con el rechazo del PSOE (único partido de la oposición parlamentaria), algo que contraviene el principio institucional de que las reformas estatutarias y electorales se realicen por consenso, sino que además supone un mínimo ahorro a la luz de los Presupuestos de las Cortes castellano-manchegas para 2015.
Concretamente, la partida para la cámara autonómica en el presente año se reduce en tan solo un 0,66% respecto a 2014, es decir, ni siquiera un punto porcentual de ahorro para un Parlamento regional que será el más pequeño del país junto con el de la comunidad uniprovincial de La Rioja, que tiene una población equivalente al 15% de la de Castilla-La Mancha.
Es más, también resulta significativo que el Gobierno de Cospedal haya hecho de esta reducción de diputados una bandera de austeridad cuando, también para este año, se ha presupuestado un gasto en sueldos para 164 altos cargos y asesores del Gobierno regional de 7.866.970 euros, con los que remunerar a 79 consejeros, viceconsejeros, secretarios generales y directores generales y 85 eventuales de las Consejerías e institutos, cargos políticos al fin y al cabo, y eso sin contar empresas públicas y fundaciones.
Por ello es inevitable pensar que el argumento del ahorro perseguía alagar los oídos de los electores cuando lo que se quería era acomodar el número de diputados y su distribución por circunscripciones provinciales, según la nueva ley electoral, a los intereses del actual partido en el poder.
Diputados sin sueldo
El resto de la polémica en torno a la esfera parlamentaria regional estuvo protagonizada por la decisión de Cospedal de dejar sin sueldo a los diputados de Castilla-La Mancha, también en ese caso para “ahorrar” un millón de euros anuales. Una medida que en 2013 topó con un dato de los presupuestos de su propio Gobierno: los 41 eventuales –asesores y asistentes elegidos a dedo- de una sola consejería, la de Presidencia, costaron ese año más que lo que la número dos del PP pretendía economizar dejando sin garantía de sustento a los parlamentarios que no desempeñan ningún otro cargo público ni ejercen actividades privadas. Esos 41 eventuales supusieron para el erario regional un desembolso de 1.644.140 euros.
Además, la eliminación de los sueldos de los diputados también produjo casos como el de los cinco diputados del PP que se asignaron sueldo en sus respectivos ayuntamientos, de forma que el grupo parlamentario del Gobierno fue el menos afectado, si sumamos otros cuatro de sus diputados que permanecen con sueldo, o los cinco que son consejeros del Gobierno. Es el motivo por el que el PSOE alertó también en su momento de que esta medida afectaba principalmente a la oposición parlamentaria, además de no suponer ningún ahorro.
