La Fundación Conama ha publicado el informe “Gestión de residuos. La opinión de los técnicos” que recoge la percepción de los municipios sobre los objetivos del proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados para la economía circular, que se encuentra en estos momentos en tramitación en el Senado.
Este estudio analiza los resultados de un sondeo realizado por el comité técnico “Experiencias sobre la recogida selectiva de residuos” de Conama en el que han participado 220 municipios españoles. En el documento, que refleja por primera vez la opinión de los técnicos, se hace un recorrido por las diferentes etapas de la gestión de los residuos municipales y pone en evidencia la brecha entre los objetivos planteados por la normativa y los medios de las localidades.
En el ámbito de la planificación, el informe revela que solo el 19% de los municipios encuestados tiene un plan de prevención, el 25% un plan de gestión integral y el 5% un plan municipal de economía circular. También destaca el apoyo de los municipios a establecer una tasa municipal específica de residuos que cubra el coste real de las operaciones, con un 93% de los encuestados a favor. A nivel práctico, el 48% manifiesta tener una tasa, aunque esta no cubre todos los costes.
En cuanto a la recogida y tratamiento, un 60% de los municipios encuestados consideran los residuos orgánicos o biorresiduos como los más difíciles de tratar. La nueva ley establece que se deberá poner en marcha una recogida separada de estos residuos antes de junio de 2022 para las localidades con más de 5.000 habitantes y antes de diciembre de 2023 para el resto. Sin embargo, un 45% de las localidades participantes opina que no lo conseguirá antes de junio de 2022 y el 34%, antes de finales de 2023.
Además, la normativa obligará a implantar nuevas recogidas separadas y tratamiento de los residuos textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos (muebles, enseres, colchones, ...) antes de 2025. Según apunta el estudio, tan solo un 30 y 40% de los municipios, en función del tipo de residuo, ven alcanzable esta meta.
En la etapa de la prevención, el estudio destaca la reducción del peso de los residuos como otro de los objetivos de la nueva ley. Un 60% de los municipios creen que no se alcanzará en 2020 y solo se reduce a un 31% en 2030. Por el contrario, la creencia de que se cumplirán solo sube del 16 al 33% en 2030.
Para superar estos objetivos, la mayor parte de los municipios encuestados considera que se requiere más medios humanos (80%) para planificar, implantar y gestionar; medios materiales como contenedores, vehículos etc. (79%); formación y capacitación (66%) y la mejora de sus puntos limpios (52%).
En las conclusiones del estudio, también se recogen propuestas como crear nuevos sistemas de responsabilidad ampliada del productor, es decir, un mecanismo en financiado por los propios productores de este tipo de residuos que se encargue de su recogida y tratamiento; incrementar la financiación a través de ayudas y apostar por una colaboración más estrecha entre administraciones.
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