El impacto de la violencia machista que no tiene en cuenta la economía española
El impacto de la violencia de género en España se cifra, como mínimo, en 1.281 millones de euros anuales. Es decir, el 0,11% del PIB anual o, lo que es lo mismo, 27,6 euros por habitante y año’ sin que, de momento, estos datos puedan extrapolarse al ámbito de las comunidades autónomas.
Esta es una de las conclusiones del estudio ‘El impacto de la violencia de género en España: una valoración de sus costes en 2016’ -basado fundamentalmente en datos de la violencia física o sexual que arroja la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015, realizada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género- y que supone el primero de este tipo que se realiza en nuestro país.
El estudio ha sido dirigido por la profesora Elena Mañas, investigadora del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá (UAH) junto a un equipo multidisciplinar, a instancias de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género.
Lo que viene a poner de manifiesto es que, esta lacra social, no acaba en la pérdida de vidas humanas -las mujeres o sus criaturas, en ocasiones-, la violencia psicológica de control o emocional, sino que provocan costes económicos que afectan al conjunto de la sociedad pero que todavía no se tienen demasiado en cuenta por parte de quienes han de poner medidas para frenarlo.
Como ejemplo de la elevada prevalencia de la violencia de género en España está el dato de que más de 2,5 millones de mujeres mayores de 16 años han sufrido algún tipo de violencia. “El dato es lo suficientemente grave como para entender que es necesario estudiar con más profundidad las consecuencias derivadas del problema, al margen de las causas en las que nosotros no ponemos el foco porque otros estudios ya las han analizado”, comenta la profesora.
Hasta 23 tipos de impactos económicos a los que “apenas se ha prestado atención”
La también directora de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa e investigadora de la UAH califica el estudio de “pionero” porque en España, al contrario de lo que han hecho países de nuestro entorno, “apenas se ha prestado atención al hecho de cuantificar los impactos económicos de las cifras de violencia de género”. Solo comunidades autónomas como Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, explica, “han puesto orden en el tipo de impactos que habría que tener en cuenta, sin llegar a cuantificarlos”.
El estudio distingue hasta 23 tipos de impactos económicos de la violencia de género. Tienen que ver no solo con las víctimas y su entorno sino con los costes sanitarios, laborales, policiales, judiciales y penitenciarios, sobre las asociaciones del Tercer Sector o sobre la sociedad en general. Y se analizan los costes tangibles y los intangibles. “Los costes trascienden lo individual y el entorno familiar. Lo son para el conjunto de la sociedad”, dice Elena Mañas.
Mediante una metodología que estima datos globales se ha podido desagregar costes más concretos y conocer cuáles son los agentes que los sufren. “No solo las mujeres que son víctimas sino el sector público, los empleadores y el propio entorno de la víctima” porque, en definitiva, dice Mañas, “la violencia de género es un problema general de la sociedad, arraigado en las estructuras de la desigualdad entre hombres y mujeres”.
Pero cuando hablamos de costes no hablamos solo de gastos. “Las víctimas soportan sobre todo costes de oportunidad, es decir, ingresos o recursos que dejan de percibir por lo que supone la violencia de género en su vida y en particular me refiero a la parte laboral, productiva o formativa de la mujer”.
¿A cuánto ascienden los costes sanitarios, legales y laborales?
El conjunto de costes considerados en el estudio es muy amplio, puesto que la violencia de género provoca efectos en múltiples frentes. Pero los más destacados son los costes laborales o productivos (por las dificultades que encuentran las víctimas para trabajar o hacerlo en condiciones de normalidad), los sanitarios (por la necesidad de ser atendidas en centros de salud o ingresadas en hospitales o derivadas a servicios de atención psicológica por la violencia de la que son objeto) y también los legales (por el uso de servicios policiales, judiciales y penitenciarios).
El estudio evidencia que el sector público es el que soporta el mayor coste, seguido del que asume la propia víctima y, en tercer lugar, el que corre a cuenta de los empleadores. Las mujeres víctimas asumen el 16,5% del coste económico total de la violencia de género. Pero si ponemos el foco en el sector público hay otros datos relevantes.
Desde el punto de vista del itinerario laboral y productivo se han cuantificado los costes en 354,7 millones de euros, pero para la profesora “sin duda el mayor coste es el derivado de la dificultad que se añade a las víctimas para tener actividad remunerada y por lo tanto se ven abocadas a la inactividad y al desempleo”.
En cuanto a los costes en el ámbito legal (servicios policiales y penitenciarios o la aplicación de la Justicia) alcanzar los 502 millones de euros y la parte más elevada, más de la mitad, se refiere a los costes policiales (255,96 millones). “Es como una especie de embudo. Cuando las víctimas entran en el ámbito legal solo una parte terminan ante la Justicia o en cárceles”, detalla.
Después están los costes sanitarios y es la atención especializada la que soporta el mayor impacto económico. En total, el coste del itinerario de atención sanitaria supera los 254 millones de euros (140,3 millones se van en especialistas, urgencias, hospitalización y ambulancias y 36,4 millones en psicoterapias).
Pese a lo abultado de las cifras, las estimaciones son conservadoras porque los investigadores se han quedado en un suelo que tiene en cuenta solo casos de violencia física o sexual, sin entrar en los derivados de la violencia psicológica o la económica “que siempre pueden suscitar alguna controversia y nos parecía importante que hubiera una cifra indiscutible”.
En el camino a recorrer está el de la mejora de la propia estadística para que “de forma sistemática y homogénea se pueda abordar el estudio de cualquiera de las perspectivas de la violencia de género” aunque, matiza la profesora, “tampoco llevamos tanto tiempo recogiendo estadísticas. La Ley 2004 marca un hito, pero es una historia corta”, dice.
Aboga por organismos que de forma centralizada “sinteticen de manera amplia toda la información” y pone el foco en el ámbito sanitario donde los datos todavía “se escapan” ya que “las propias mujeres aún lo ocultan y además hay dificultades en los servicios sanitarios para reconocer que está sucediendo”.
“Deshacer mitos que cuestionan las ayudas públicas”
La importancia de disponer de datos es saber cuántos recursos económicos está drenando la violencia de género a nuestra sociedad. No solo a las víctimas sino a empresas o administraciones públicas y poder así incorporar nuevas medidas.
Por ejemplo, en el sector privado, conocer el coste económico que supone la pérdida de productividad ocasionada por la violencia de género (absentismo, retrasos y distracción, costes de contratación por sustitución...), puede contribuir a activar políticas para ayudar a enfrentar problema.
La que fuera delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, considera en el estudio que conocer el coste económico de la violencia de género en la sociedad “puede contribuir a reducir el nivel de aceptación social de esta realidad, además de deshacer mitos y cuestionamientos sobre las ayudas públicas destinadas a su erradicación”.
“La económica no es la perspectiva más importante, pero permite mayor conocimiento sobre esta lacra social, para sensibilizar a la sociedad y para enfocar las políticas necesarias que pongan soluciones”, comenta Elena Mañas, siempre teniendo en cuenta que “estos costes no los generan las víctimas sino los agresores”.
Después sostiene que “la violencia de género no está necesariamente concentrada solo en aquellos grupos de población que pudiéramos pensar a priori: las que tienen menos estudios, las migrantes…”. De hecho, explica la investigadora son un fiel reflejo de la propia sociedad española. Por ejemplo, que el 82,4% de quienes la sufren son de nacionalidad española. “No es verdad que la mayoría sean de otros países” y, en definitiva, “el hecho de ser española, de trabajar, de ser relativamente joven no te va eximir del riesgo”.
