El Gobierno regional legislará para “facilitar” inversiones empresariales estratégicas

El objetivo de buscar una fuerte “dinamización económica” es uno de los más mencionados por el Gobierno de Castilla-La Mancha para hacer frente a los problemas estructurales de su desarrollo. Y en esta línea está preparando un anteproyecto de ley regulador de los procedimientos que permitan el “acompañamiento” a las inversiones empresariales que sean consideradas “estratégicas” en la comunidad autónoma. Precisamente, el presidente regional, Emiliano García-Page, firma este el Plan Adelante de Acompañamiento Empresarial 2020-2023, junto a sindicatos y patronal.

En su documento de consulta pública previa, el Ejecutivo castellanomanchego hace referencia a cómo el Banco Mundial ha concluido que la eliminación o reducción de trámites burocráticos a la hora de iniciar un negocio conduce a numerosos beneficios tanto para la economía como para las empresas.

Concretamente, alega que la excesiva burocracia generada por la propia Administración y la “falta de coordinación en los trámites y actuaciones de intervención administrativa” en la puesta en marcha de actividades empresariales, son “dos de los mayores obstáculos a los que se enfrentan las empresas ya constituidas al iniciar un proyecto de inversión o reinversión, con el consiguiente efecto desincentivador”.

“La reducción de los costes improductivos para las empresas, entre los que se encuentran los de carácter burocrático, redundaría en un incremento de la actividad económica y una importante mejora en la creación de empleo”, subraya el Gobierno regional.

Simplificación administrativa y procesos más ágiles

El objetivo de la ley, por tanto será articular y coordinar todos los recursos disponibles para impulsar la atracción de nuevos proyectos empresariales que ayuden a vertebrar el territorio, incidiendo en “medidas de simplificación administrativa” y “agilizando los trámites para facilitar la implantación de nuevas actividades económicas que supongan la generación de empleo y crecimiento”.

La nueva normativa también estará encaminada a generar nuevas oportunidades en la economía regional, mediante la implantación de proyectos empresariales estratégicos que ayuden a la vertebración económica del territorio; crear los instrumentos adecuados que “minimicen las barreras que afectan a los procesos de inversión de las empresas”; y diseñar mecanismos de acompañamiento para la centralización, la coordinación y la simplificación administrativa, a la hora de implantar nuevas actividades productivas.

Al mismo tiempo, en la ley se reducirían los períodos de espera hasta iniciar la actividad empresarial y, de esta manera, “optimizar el coste económico asociado a la tramitación administrativa de la nueva actividad”; y se favorecería la colaboración interadministrativa con la finalidad de ofrecer “soluciones ágiles y respuestas globales y centralizadas, en relación con la puesta en marcha de una actividad empresarial”.

Para todo ello, la Junta apuesta por identificar aquellos proyectos de inversión que estén en línea con los requisitos de sostenibilidad económica, social y medioambiental, innovación y desarrollo tecnológico, “que se definan para su consideración como prioritarios”.