Un pueblo de 18 habitantes ordena el desahucio de una familia por las “termitas” del edificio en el que residen

Tres años de angustia, ansiedad y acoso para conseguir que abandonen su casa. Así es como define su vida en los últimos años a eldiarioclm.es María del Carmen Romero, vecina de Selas, una pequeña población de la comarca de Molina de Aragón de 18 habitantes. El origen del conflicto se remonta a 2015, cuando el alcalde del municipio determinó desalojarles del edificio municipal en el que vive en régimen de alquiler junto a su pareja, Juan Julián Muñoz por el deterioro que sufre el edificio, afectado, según defiende el primer edil, por una plaga de termitas.

Hoy, después de 27 años residiendo en su pueblo y de regentar una ganadería bovina, se enfrentan a una orden de desahucio del Ayuntamiento, sobre la que tiene que debe decidir el juez en las próximas semanas. “Llevo soportando durante tres años una situación insostenible de acoso por parte del alcalde que me ha producido depresión y me ha colocado al límite”, afirma María del Carmen Romero, que asegura “ser feliz con su vida en el pueblo y no entender, ”porqué he de abandonar mi casa si la pago cada año“.

La historia de Juan Julián y María del Carmen con el piso, situado encima de las antiguas dependencias del Ayuntamiento de la localidad y centro del conflicto que hoy les enfrenta al Consistorio, comenzó en 1994. Ese año ambos entraron a vivir allí, después de firmar un contrato de arrendamiento con el Ayuntamiento, propietario del inmueble. La vida de la pareja transcurrió con normalidad, abonaban su renta anualmente y realizaron reformas en la vivienda hasta que en noviembre de 2015, el Ayuntamiento les notificó que debían abandonar la casa de forma inmediata.

Según el alcalde, un informe del arquitecto municipal advertía de que la estructura de la planta inferior del edificio se encontraba en mal estado y afectada por termitas. El primer edil les ofreció como alternativa habitacional otra vivienda municipal de 80 metros cuadrados, ubicada a la entrada de la localidad, que los inquilinos rechazaron.

Ante esta situación, los vecinos decidieron permanecer en su hogar y encargaron con posterioridad otro estudio para verificar cuál era el estado real del edificio, porque, según asegura a este digital Romero “el alcalde no nos ha permitido consultar nunca ese informe que aconsejaba el desalojo parcial de la primera planta, donde vivimos”. Así, este nuevo informe determinó, según explica la vecina y en contra del juicio del informe municipal, que “la casa estaba habitable y no sufría riesgos ni se encontraba en ruina inminente”.

Sin embargo, el conflicto no se detuvo ahí. Desde entonces, el Ayuntamiento les insistió por carta en varias ocasiones que habían de dejar la vivienda con el objetivo de que los arquitectos pudieran evaluarlo de forma integral y comprobar el alcance de los daños en el inmueble. Pero, Juan Julián y María del Carmen no acataron los avisos de desalojo y siguieron en la casa pagando con puntualidad su alquiler cada año, “porque tenemos la certeza de que la vivienda está en buenas condiciones y no hay motivo para marcharnos”.

Además, en febrero de 2017, las circunstancias económicas variaron para ellos. El Ayuntamiento  actualizó el contrato de alquiler de renta antigua de la vivienda de 1.800 euros anuales y aumentó el alquiler en unos 720 euros. Con las nuevas condiciones, los inquilinos tenían que abonar mensualmente 60 euros más de renta. Algo que, según recuerda la vecina “no representó un problema y por eso accedimos a la subida”. Pero, además, en la reunión que mantuvieron con el primer edil, éste les informó, de que “tenía intención de emplear una subvención de 40.000 euros que le había concedido la Diputación de Guadalajara para rehabilitar el edificio”, cuenta la vecina. Una decisión que implicaba nuevamente su desalojo para poder llevar a cabo las obras.

Los planes del Ayuntamiento quedaron paralizados y meses después, en noviembre, el alcalde les envió otra misiva en la que les anunciaba que “no renovaba el contrato y que contaban de plazo hasta el 31 de diciembre para dejar la vivienda”. Ante esto, los vecinos optaron por seguir habitando la casa, “porque hemos pagado el alquiler hasta noviembre de 2018”, asevera, María del Carmen.

Denuncia del alcalde

El problema se agudizó aún más, en febrero de 2018, cuando el alcalde les denunció y tramitó la orden de desahucio contra la familia, después que el Pleno lo apoyara por unanimidad en enero. El lanzamiento del desahucio se fijó para el 17 de mayo.

Félix Martínez, alcalde de Selas, asegura a eldiarioclm.es que “la orden de desahucio se produjo, porque los vecinos no se avinieron a alcanzar ningún acuerdo y se negaron a desalojar este edificio, afectado por termitas, en reiteradas ocasiones”. Asimismo puntualiza que “no soy un cacique como me llaman, porque todas las decisiones que he tomado han sido con el respaldo del Pleno y no pretendemos echarles del pueblo, pero es necesario vaciar ese edificio para realizar las reformas precisas”. Además, añade que la intención de la corporación es trasladar de nuevo las oficinas del Ayuntamiento a su sede originaria, en los bajos del inmueble.

El juicio se celebró finalmente en los Juzgados de Molina de Aragón el pasado 25 de abril. Durante la vista oral, la familia denunciada estuvo arropada por familiares y miembros de la Plataforma Anti desahucios de Guadalajara (PAH). En la sesión, a la que no asistió el alcalde y, en la que solo se abordaron las condiciones del contrato de alquiler, - no se trató el estado del edificio-, el juez constató que el contrato se renovaba de forma anual y “no mensualmente como defendía el alcalde para que el desahucio se pudiera ejecutar en mayo”, explica María del Carmen.

Julia Sánchez, portavoz de PAH Guadalajara, afirma a este medio que “les apoyaremos hasta el final y no vamos a permitir que desahucien a esta familia que vive y trabaja en su pueblo desde hace 25 años cuando no existe ningún motivo objetivo para sostener el desahucio”.

En la misma línea se manifiesta Angelines Moreno, cuñada de los afectados y propietaria de una casa rural en la población: “Vamos a luchar para que no se les desahucie,  porque es irracional y este señor esta obcecado en echarles de la vivienda sin poder demostrar nada en contra de ellos”.

Por su parte, el primer edil asevera que “respetaré la decisión judicial que espero autorice el desahucio, porque, en otro caso, podría haber daños y entonces quién sería el responsable”.

Ahora, a la espera de que el juez sentencie si se ejecuta o se anula el desahucio del próximo 17 de mayo, María del Carmen y Juan Julián aguardan esperanzados con un solo deseo, poder vivir en su casa de siempre del pueblo.