Los informes del comité sobre problemas éticos en servicios sociales no serán vinculantes

Los aspectos éticos de la atención a las personas en el ámbito de los servicios sociales ha sido una “preocupación constante” de los profesionales en la medida que las decisiones técnicas pueden entrar en colisión con los derechos y necesidades de las personas. Esto ha propiciado la existencia de códigos deontológicos y comisiones en el seno de los colegios profesionales que tienen el deber legal de velar por la ética profesional de sus colegiados. Es el punto de partida del Gobierno de Castilla-La Mancha para la creación de un Comité de Ética de los Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, cuyo decreto de constitución ya ha sido a información público.

En este texto, el Ejecutivo regional argumenta que los conflictos éticos que surjan en este ámbito se deben afrontar no solo desde la perspectiva de la persona usuaria sino también se deben integrar las perspectivas de los diferentes profesionales que intervienen en la atención de la persona.

Por eso el futuro comité se configura como un órgano de deliberación, de carácter interdisciplinar y funcionalmente independiente que integrará diferentes perspectivas, creencias e ideologías. Analizará, asesorará y ayudará en la toma de decisiones ante los conflictos éticos que se plantean en el ámbito de los servicios sociales y de la atención a las personas en situación de dependencia. El fin último es “garantizar especialmente la igualdad, la dignidad de las personas y el respeto a su autonomía e identidad”.

“Espacios de reflexión ética”

El Gobierno quiere que con ello también se fomenten “espacios de reflexión ética” sobre la intervención social en los centros, servicios y entidades del sistema público de servicios sociales y de atención a la dependencia de Castilla-La Mancha.

El ámbito de actuación de este nuevo comité quedará suscrito a la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, y excepcionalmente, se podrán crear comités con carácter sectorial, cuando las cuestiones suscitadas se circunscriban a un área de actuación concreta y constituyan un número representativo de peticiones de asesoramiento.

Asimismo, los espacios de reflexión ética, creados de forma voluntaria y por acuerdo de los órganos competentes de los mismos, deberán tener un carácter interdisciplinar y estar al servicio de las personas usuarias de los servicios sociales, o de sus representantes legales y de los profesionales que participan en la intervención social, ya sea a través de instituciones, asociaciones u otras entidades.

¿Quiénes podrán formar parte de este comité? Una de las obligaciones que establece el decreto es que las personas que formen parte de los grupos de reflexión ética deberán tener formación específica en ética o adoptar el compromiso de tenerla en el plazo máximo de un año a contar desde su nombramiento como miembro.

Estructura e informes

En cuanto a su estructura, este nuevo órgano estará integrado por la presidencia, la vicepresidencia, las vocalías y la secretaría. En total, doce profesionales: siete personas entre profesionales de la Administración autonómica, dos personas de las entidades del tercer sector cuya actividad esté relacionada directamente con los servicios sociales y con la atención a la dependencia, y tres personas con acreditada formación en ética de intervención social o en bioética de entre las propuestas por las universidades o colegios profesionales.

El decreto también deja claro que los informes y recomendaciones emitidos por el Comité no tendrán carácter vinculante y se realizarán siempre por escrito. Y estipula además que no será su función “peritar u opinar sobre las denuncias o reclamaciones que afectan a los aspectos técnicos o de procedimiento de la intervención de los profesionales”. En ningún caso “podrá emitir juicios sobre las posibles responsabilidades de las personas titulares de las vocalías implicadas en los asuntos de los que se conozcan”.