IU Castilla-La Mancha pide “asegurar una renta básica mínima” en la Estrategia contra la Despoblación

IU Castilla-La Mancha ha presentado un total de 16 alegaciones al borrador de la Estrategia regional contra la Despoblación (ERD) que prepara el Ejecutivo regional y entre ellas, pide “intercalar” junto al concepto “zona despoblada” el de “zona abandonada”. El objetivo, dice la formación, es “significar que es consecuencia de décadas de abandono y de políticas erróneas”.

Y es que, según explica el coordinador regional, Juan Ramón Crespo, en el documento de alegaciones, “se habla de la despoblación, como si se tratara de un mal endémico e inevitable, sustrayendo la realidad que es que la despoblación es consecuencia de años de abandono y de políticas erróneas que han favorecido unos determinados territorios o zonas en detrimento de otras”.

En su opinión, “se debe utilizar un calificativo menos aséptico para calificar las zonas que ahora se las denomina despobladas”.

Además, IU plantea la necesidad de incluir en el objetivo estratégico, ‘Avanzar en la cohesión social’ “la obligación de asegurar a todas las personas un trabajo garantizado o una renta básica mínima”.

Incluir un Plan de Industrialización de Castilla-La Mancha y moratoria para las “actividades sucias”

Entre las aportaciones también se apunta que el documento debe recoger “de forma expresa” un plan de industrialización para la región y sugieren “inversión pública para crear industria”, potenciando las empresas públicas que trabajen en este sentido.

De otro lado, creen que debe haber también de forma expresa “una mención a que en las zonas rurales despobladas/abandonadas se hará una moratoria para la instalación de macrogranjas, macroplantas fotovoltaicas, plantas de tratamiento de residuos tóxicos, minerías, u otro tipo de industrias o actividades sucias que se aprovechan del despoblamiento del territorio”.

IU critica también la “vaguedad” en la definición de los mecanismos de financiación, dentro de un apartado del que dicen que “está huérfano de contenido, sin que exista ninguna concreción ni compromiso de financiación por parte del Gobierno Regional”. No se define un marco de financiación “adecuado y permanente, que debería pasar inexorablemente por un compromiso del Gobierno regional de dotar presupuestariamente, de forma adecuada, esta estrategia para poder acometer con garantía las actuaciones en ella recogidas”, señala.

Por otro lado, la formación valora la Gobernanza Participativa que refleja el documento, pero echa en falta que no detalle ni quienes serán los agentes que representen a la sociedad, los mecanismos para elegirlos y cómo se articulará la participación ciudadana. En la misma línea también reclama hacer constar la participación de los partidos políticos, con o sin representación parlamentaria, como es el caso de IU.

La formación también cree necesario establecer más detalles sobre uno de los principios rectores de la estrategia: la rendición de cuentas. En su opinión debe recogerse “de forma clara y concreta” el método que se usará para conocer el grado de cumplimiento y cómo se van a rendir cuentas.

En otro de los aspectos del borrador del documento, IU dice echar en falta la intervención pública en el ámbito económico, ya sea de forma directa o a través de empresas públicas para desarrollar la economía en las zonas despobladas.

La cuestión del transporte público en las áreas rurales

También creen que la cuestión del transporte anda ‘coja’ en cuando a su definición al centrarse la acción exclusivamente en el transporte por carretera sin hacer referencia, dice la formación, “a las carencias y desaparición de las líneas de autobuses, ni se hace ningún tipo de referencia al transporte ferroviario”. Una de sus alegaciones tiene que ver con la “necesidad” de fomentar el transporte público por carretera y en tren (en este caso tanto de viajeros como de mercancías).

Otra de las cuestiones que apunta IU es que el borrador del texto “obvia” la referencia a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, recientemente aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 8 de junio y pide su inclusión en la redacción del documento.