La minería de tierras raras como símbolo de la “baja calidad de la democracia”
El concepto ‘extractivismo’ es el que se utiliza en América Latina para referirse a las formas en que se organiza la economía frente a los intereses de los ciudadanos. Es un término que el catedrático Federico Aguilera utiliza también en el caso de España, y más en concreto en proyectos como la minería de tierras raras en el Campo de Montiel, actualmente pendiente del informe de impacto ambiental de la empresa. Este experto, natural de Ciudad Real, pero residente en Tenerife, ha participado en el encuentro ‘Minería, Corrupción y Destrucción’ organizado en Torrenueva por la Plataforma Sí a la Tierra Viva, junto a Javier Martínez de la Universidad de Zaragoza, Roberto Bermejo de la Universidad del País Vasco y Gregorio Pérez de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Aguilera, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de La Laguna y Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente, lleva décadas investigando sobre Economía Ecológica, Economía Institucional y Economía del Agua. Como experto en conflictos ambientales, afirma que proyectos como el de las tierras raras en Ciudad Real son el símbolo de una “bajísima calidad de la democracia” debido a que las administraciones (en referencia a la castellano-manchega y a los ayuntamientos) se saltan “todos los procedimientos”. “Hay siempre una apariencia de preocupación pero no significa nada”, añade.
“Hay un protocolo que se repite constantemente en todas estas cuestiones: se aceptan permisos de investigación sin evaluación de impacto ambiental y sin informar a los vecinos”, argumenta, resaltando que también se ha dado en el caso de las localidades afectadas del Campo de Montiel. Resalta por ello la necesidad de señalar los tres principales problemas ambientales, y que van más allá de la contaminación o el cambio climático.
Como primera causa, el catedrático señala la “racionalidad económica que pone por delante el beneficio económico” y que está basada en la “violencia, entendida como la imposición de una manera de hacer las cosas, saltándose la legislación y excluyendo cuestiones ambientales y a los propios ciudadanos”. Esta tesis aparece ya recogida en el Informe Brundtland del año 1987 ‘Nuestro Futuro Común’ y que, paradójicamente, “todos los políticos utilizan”.
El segundo problema está definido por el 5º Programa Marco de Medio Ambiente de la Unión Europea y tiene que ver con los hábitos de consumo. “No son genéticos, no nacemos con ellos, nos van educando para hacernos consumidores”. “Los minerales de tierras raras se utilizan para nuevas tecnologías una vez que nos han hecho consumidores irresponsables de todo ello y pagamos unos precios ridículos por sus componentes, obtenidos a unos precios que ignoran los costes reales de su obtención”, argumenta.
Y el tercer problema que señala Aguilera es “el engaño de los políticos”, una definición que realizó la que fuera ministra socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en el prólogo de un informe. “Si juntas las tres premisas la conclusión es cómo los políticos, junto con los empresarios, nos engañan continuamente ocultando la existencia de alternativas reales”, alega.
En este contexto de las tres causas, señala parte de los problemas “inevitables e irreversibles” de este tipo de minería, criticando la carencia de evaluaciones ambientales independientes: “todo lo demás son informes a la carta pagados por las propias empresas que tienen interés en la explotación”. “Al final lo que dejas es un territorio arrasado, no has creado empleo y has generado problemas ambientales irresolubles”. De hecho, detalla que los costes monetarios de la restauración ambiental en cuanto a material removido son de unos 70 dólares por tonelada. En caso del Campo de Montiel, de llevarse a cabo el proyecto, “se moverían millones de toneladas que luego no se van a limpiar porque no va a haber dinero para ello”.
¿Responsabilidades penales o negociación con la empresa?
Señala asimismo el hecho de que puedan haberse generado derechos de explotación según la Ley de Minas, para lo que habrá que determinar “responsabilidades penales” o que el Gobierno de Castilla-La Mancha negocie con la empresa para cancelar las autorizaciones sin ningún tipo de compensaciones. De hecho, sobre el “documento de alcance” elaborado por la Junta donde recoge la inviabilidad ambiental del proyecto de tierras raras, el experto quiere entender que esta Administración cumplirá con el procedimiento para luego archivarlo.
“Ojala sea así”, recalca, pero dice no comprender que se dé a la empresa la oportunidad de realizar su propio informe cuando ya el Ministerio de Medio Ambiente se pronunció en contra y “los técnicos del Ministerio cada vez están más preocupados por sus posibles responsabilidades jurídicas debido a las exigencias de la ciudadanía”. Con ese informe, afirma, hubiera sido suficiente para que la empresa lo aceptara y se cancelara el proyecto, “pero estará esperando (la compañía minera) poder sacar al Gobierno de Castilla-La Mancha o al central algunas compensaciones por lucro cesante”.
Considera que los gobiernos “están pactando con grandes empresas unas condiciones en las que se negocian compensaciones”, lo que ni siquiera puede denominarse como el “capitalismo competitivo de la narrativa convencional de mercado” sino que significa “poner a los ciudadanos al servicio de los grandes empresas”. “Hay un lenguaje tramposo en torno al neoliberalismo, cuando esta gente es más intervencionista que la izquierda: lo que hacen es tener cuidado de que sus intervenciones vayan a favor de los más ricos y las llaman ‘el resultado del mercado’. Aquí nadie compite con nadie, es un saqueo de lo público”, concluye.
