Luz verde a la Ley de Medidas Administrativas con la inclusión de la “polémica” enmienda que consolida altos cargos
La mayoría del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, que ha generado alguno de los momentos más tensos del debate parlamentario tras la discusión entre la 'popular' Ana Guarinos y el socialista Fernando Mora a propósito de la enmienda del PSOE sobre la consolidación de altos cargos incluida en esta norma.
Esta semana, los sindicatos UGT, CCOO, CISF, STAS y FSES se han concentrado en las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha para que el Grupo Parlamentario Socialista retirara dicha enmienda e instaban además al Gobierno regional a convocar la Mesa General de Negociación de la Función Pública. Además anunciaron más movilizaciones si finalmente, y como así ha sido, la enmienda sale adelante.
En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha pedido este jueves al presidente regional, Emiliano García-Page, que retire “por dignidad” la enmienda del PSOE sobre la consolidación de altos cargos a la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, mientras que los socialistas han criticado que los 'populares' hagan “un escándalo” de ella.
La diputada regional de Grupo Parlamentario Popular y vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha lamentado que el PSOE de Emiliano García-Page haya aprobado este jueves la enmienda “de la vergüenza” que recupera los privilegios vitalicios para los altos cargos de la Junta de Comunidades. Así lo ha señalado Guarinos, durante su intervención en el pleno de las Cortes regionales, donde ha asegurado que la Comunidad Autónoma diferenciará entre funcionarios de primera y de segunda categoría, unos con privilegios y otros que no lo son “porque no son afines a la causa socialista”.
La diputada del PP ha añadido que Emiliano García-Page, así como el PSOE “han tratado de ocultar el mayor tiempo posible” esta medida para que los sindicatos, la opinión pública y el resto de grupos parlamentarios “tuvieran el menor tiempo posible de respuesta posible”.
Guarinos ha criticado “el oscurantismo, la falta de transparencia y la falta de respeto” a todos los empleados públicos de la región con este “premio” a los funcionarios “afines a la causa socialista”, sin dictamen del Consejo Consultivo sobre la legalidad o ilegalidad de esta medida y sin sentarse a negociar con los representantes de los empleados públicos en la Mesa de la Función Pública.
PSOE: PP quiere hacer un “escándalo” de una cuestión normal
Mientras, por su parte, el responsable de defender el dictamen de la ley, el socialista Fernando Mora, ha asegurado, con respecto a la enmienda sobre altos cargos, que el PP quiere “hacer de una cuestión que es absolutamente normal un escándalo”, recordando que con dicha enmienda se está aplicando “una ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy”.
“Cuando no hay escándalos se los inventa”, ha dicho Mora a la diputada 'popular' Ana Guarinos, insistiendo en que “aquí no hay ningún privilegio para nadie, aquí no se cobra el complemento de alto cargo”, algo que, ha añadido sí cobran la expresidenta María Dolores de Cospedal y “otros consejeros que estuvieron en Castilla-La Mancha y que hoy desempeñan otros cargos en la Administración del Estado”.
“¿Es hipocresía, es fariseísmo, es un juego de regate corto?”, se ha preguntado el socialista, asegurando que en el PP hay “especialistas en enmarañarlo todo, confundir la realidad con la ficción y parecer que hay escándalo donde no lo hay”.
En este punto, Fernando Mora ha defendido que esta es una ley que “puede ser considerada administrativa pero también tiene un contenido social importante”, destacando algunos de sus contenidos como que “facilita el acceso de los discapacitados a la función pública” o “reconoce el grado de enfermería para desempeñar algunas importantes tareas en el Sescam”.
Además, ha rechazado las enmiendas que los 'populares' han realizado al texto, argumentando que “suponían que la Comunidad Autónoma no las pudiese asumir” y criticando que “no dan solución” y exponen “una visión muy corta de lo que es una comunidad autónoma, sus necesidades y sus ingresos”.
El diputado de Ciudadanos David Muñoz también ha intervenido en este punto para indicar que su formación no está de acuerdo con esta consolidación de grado que ha calificado como “complemento para toda la vida”.
“Si lo hubieran traído como proyecto de ley, con valentía, lo hubiéramos debatido de otra manera”, ha dicho, para pedir al Grupo Parlamentario Socialista que retire esta enmienda ya que si lo hacen, Ciudadanos apoyará la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias.
Promueve la profesionalización de los directivos
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha abierto el debate, ha rechazado las críticas a la enmienda, al tiempo que ha defendido que promueve las profesionalización de los directivos de la Administración regional.
El consejero ha explicado de esta forma que esta medida de consolidación de altos cargos en la administración --introducida por los socialistas vía enmienda-- está prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público.
En este sentido, ha apuntado que el Estatuto del Empleado Público afirma que las administraciones velarán para que no haya menoscabo en la carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan sido altos cargos, resumiendo que los que pretende es que a los empleados públicos que quieran dedicarse a la acción política “no se les castigue”.
El consejero también ha destacado otras enmiendas del PSOE que “enriquecen” esta Ley como la modificación puntual de la Ley regional de Empleo público para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a la función pública, que aquellos empleados en servicios especiales puedan consolidar su grado o que se haga “justicia” con los agentes de movilidad de los ayuntamientos.
Con todo, Ruiz Molina ha resumido que tiene un carácter puramente administrativo y otro tributario, y ha señalado que si se aprueba va a mejorar la capacidad de la Administración de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos, “que es el fin principal de cualquier gobierno que se precie”.
