La próxima semana, nueva convocatoria de ayudas de formación profesional para el empleo

El Consejo de Gobierno ha aprobado una convocatoria de 23,8 millones de euros en ayudas de formación profesional para el empleo, destinadas a desempleados, que se traducirán en 483 cursos o programas de los que se podrán beneficiar más de 7.500 personas.

Lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha detallado que los interesados tendrán un plazo de 15 días hábiles desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, prevista para la próxima semana.

La novedad en esta nueva convocatoria es que aúna dos modalidades formativas: la convocatoria general y la denominada en el argot de sector como ‘convocatoria parrilla’. Los beneficiarios son las entidades formativoas que cuenten con centro de formación incluido en el Registro Estatal de Centros y entidades de Formación.

Deberán realizar aquellas acciones formativas que tengan “la mayor demanda en el mercado” y, en este sentido, Patricia Franco ha detallado que el objetivo pasa por “competencias transversales, como las lingüísticas y nuevas tecnologías” de cara a conseguir, añadía, que “en el Currículum, además de las competencias habituales se integren otras nuevas que tienen que ver con la innovación o que favorezcan el espíritu empresarial o la puesta en marcha de microempresas”. Y todo ello de acuerdo al análisis, prospección y detección de necesidades formativas del sistema productivo recogido en el informe anual del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, así como en los datos del Observatorio Regional y de los datos de inserción del alumnado de programaciones anteriores.

Esta modalidad formativa “está teniendo grandes resultados en lo que se refiere a la inserción laboral, por lo que se refiere a la convocatoria de 2016, y tras un año desde la finalización del curso, casi un 70% del alumnado ha obtenido un contrato de trabajo”, ha dicho Patricia Franco.

A la consejera le han preguntado, además, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno por el precio de estos cursos de formación, que cuestan lo mismo que un Grado universitario o un máster “de tramo bajo”. Patricia Franco ha recordado que se trata de “certificados de profesionalidad, reconocidos y conforme a legislación estatal” y que el coste por alumno (que supera los 3.000 euros) incluye profesorado, materiales y también becas de desplazamiento y manutención “porque los participantes no tienen capacidad para pagarlo al ser desempleados”. También ha apuntado a los niveles de inserción laboral que está permitiendo este tipo de formación. “Es un dinero bien invertido, pero si es mucho o poco es una condición estatal, no autonómica”.

Con la puesta en marcha de esta convocatoria, en 2018 más de 12.000 personas se beneficiarán de la formación destinada a personas desempleadas, lo que supondrá una inversión del Gobierno regional de 52,64 millones de euros.

En el conjunto de la legislatura “a finales de 2018, un total de 45.269 personas se habrán beneficiado de acciones de formación dirigidas a personas desempleadas, lo que habrá supuesto más de 188,7 millones de euros en ayudas”.

Convenios con las diputaciones provinciales

El Consejo de Gobierno también ha aprobado la autorización de la firma de los convenios con las diputaciones provinciales de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo, por los que se regula la aportación financiera de las mencionadas corporaciones al Plan de Empleo y Garantía de Rentas, en la línea dirigida a entidades locales, que gracias a la cooperación institucional de las administraciones municipales, provinciales y el Gobierno regional, proporcionará una oportunidad de empleo a 10.764 trabajadores.

Las diputaciones se comprometen a aportar más de 21,8 millones de euros, mientras que la Junta aportará 31,5 millones. De nuevo la Diputación Provincial de Cuenca ha rechazado participar en este programa. “Como Gobierno nos hubiera gustado contar con todas las diputaciones”, ha lamentado Franco.

Incorporación de seis interinos para “agilizar” expedientes de renovables

Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un Programa Temporal de Empleo para la contratación de seis interinos, que se suman a los cuatro ya existentes (en Guadalajara), para “agilizar y responder con rapidez” a las empresas de energías renovables que deseen instalarse en la Comunidad Autónoma.

Patricia Franco que es también responsable autonómica del área energética ha explicado que Castilla-La Mancha está muy bien posicionada a nivel nacional en materia de energía fotovoltaica y que son cada vez más las empresas de renovables que desean instalarse en la región. Según ha explicado, con 10.400 megawatios avalados y 2.085 en tramitación, la región se sitúa “a la cabeza” en avales presentados en energía fotovoltaica.

El acuerdo adoptado hoy de ampliación de personal se suma a otras medidas adoptadas en Consejos de Gobierno previos, como la destinada a reducir a la mitad los tiempos en la tramitación de proyectos procedentes de las diferentes subastas impulsadas por el Ministerio de Transición Ecológica o la simplificación del decreto en materia eólica.