El sindicato STAS denuncia más de 100 “puestazos a medida” que costarán unos 5 millones de euros al año
El sindicato STAS ha denunciado que la Junta de Comunidades ha admitido “117 puestazos a medida” en los niveles “más altos y más estratégicos” de la Administración. Esto, recalcaron desde el sindicato, costará unos cinco 5 millones de euros al año dentro del capítulo I de Personal de los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Así lo denunció en rueda de prensa, Gustavo Fabra, que recalcó que el coste total en la legislatura de estos puestos sería de unos 20 millones de euros.
“En una comunidad donde se dice que no hay dinero para la cobertura de vacantes de los servicios públicos. Vemos cómo para la estructura clientelar de García-Page siempre hay dinero y nunca falta nada”, criticó el sindicalista. En este sentido, desde STAS lamentan que a Page se le haya “subido a la cabeza” la mayoría absoluta y que, por eso, está creando una administración en “forma de pirámide invertida”. De este modo, se “cubren los puestos más altos y se suprimen los puestos de gestión directa a la ciudadanía a través de sus servicios públicos”. Como ejemplo, señaló que la última propuesta es crear 45 puestos y suprimir 70, dejando un saldo negativo de estos puestos de 25 plazas.
“La Administración regional aún no se ha recuperado de los recortes de Cospedal en los servicios a la ciudadanía, en sus derechos laborales a pesar de haber pasado una legislatura con Page al frente del gobierno”, recalcó Fabra. Además, lamentó que la gestión está amenazada con “incesantes privatizaciones” que se siguen produciendo por las “injerencias” de empresas públicas y fundaciones con “mayor discrecionalidad en lo económico y la contrataciónd e personal”. Mientras tanto, señaló, no se contrata personal “ni se suplen las carencias que traemos”.
“Lo peor es precisamente lo que hace García-Page desde la victoria en las eleciciones regionales, una estructura que aumenta el número de consejerías pero no las competencias, en las que se reparten alegremente viceocnsejerías, más de 20 y que no se priva de más de 40 direcciones generales para rematar con 40 puestos de delegados provinciales. Una estructura bajo el criterio del clientelismo público y que, además, cuesta una millonada de dinero público”, afirmó Fabra.
Por otra parte, el sindicato señaló que el Gobierno aprobó “sin pasar por mesa” el decreto de personal directivo de enero de 2018, que ellos han recurrido por vulneración de derechos fundamentales. “El decreto está aprobado y vigente para colocar a cualquier amiguete en la administración con contratos blindados y que están jugosamente pagados con sueldos de más de 70.000 euros. Esto fue impugnado por vulneración de derechos fundamentales, porque deberían haber pasado por mesa para definir los puestos que iban a ocupar y definir las condiciones laborales de funcionarios nombrados y cesados”, explican desde el sindicato. Dicho recurso ha sido admitido a trámite.
Finalmente, lamentan que el personal contratado de esta manera muestra una dirección “cada vez más política” en “detrimento de lo profesional, y que no se tiene en cuenta el principio de objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia, sino que ”la fidelidad y la lealtad“.
