La educación social, un derecho de la ciudadanía: profesionales piden su regulación y proyectos a largo plazo

Tener una discapacidad, una adicción, ser víctima de violencia machista, haber perdido el trabajo, no tener recursos económicos ni vivienda o estar en riesgo de exclusión social son solo algunas de las circunstancias que hacen que una persona se encuentre en una situación vulnerable. La educación social es una disciplina pedagógica que busca ayudar a la integración de estos colectivos mediante intervenciones que fomentan la la promoción sociocultural, el ocio y la participación.

Garantizar que las personas accedan a estos recursos es ni más ni menos que hacer cumplir un derecho constitucional, un derecho de la ciudadanía. Por eso los educadores y educadoras sociales llevan años pidiendo su regulación profesional, su reconocimiento “a nivel Ministerio, a nivel estatal” para poder desarrollar su trabajo en mejores condiciones. Y por eso también demandan a las administraciones que los proyectos sufragados con ayudas públicas sean plurianuales, a largo plazo, ya que su profesión requiere de vínculos con la comunidad que no pueden romperse de un día para otro.

Este es parte del contexto con el que trabaja el Colegio Oficial de la Educación Social de Castilla-La Mancha (CESCLM), que este sábado, día 6 de abril, celebra en el Castillo de San Servando de Toledo los 20 años desde su constitución mediante ley autonómica. Desde entonces, son 400 los educadores y educadoras sociales que forman parte de esta corporación. En esta región, hay actualmente alrededor de 2.500 personas egresadas pero su colegiación no es obligatoria.

Francisco J. Peces es el presidente del CESCLM y cuenta a elDiarioclm.es que el balance de estos 20 años es positivo debido a la gran cantidad de logros conseguidos, pero recalca que uno de los frentes que esta profesión tiene abierto es su propia regulación, porque “como dice la propia definición recogida en nuestros documentos profesionalizadores, la educación social se concibe como un derecho de la ciudadanía”.

Considera a este respecto que su reconocimiento “a nivel estatal, de Ministerio” puede contribuir a “desarrollar mejor nuestra labor socioeducativa de atención a los colectivos más vulnerables”.

Durante la pandemia de COVID-19 y su posterior crisis económica, esta profesión estuvo “al pie del cañón” porque “no se podían dejar desatendidas a las personas que lo estaban pasando peor”. “Hemos sido quizás los menos reconocidos en esta fase, pero tampoco lo hacemos por eso, por el reconocimiento. Lo hacemos porque es un derecho social”.

Lo que este colectivo profesional ha observado a lo largo del tiempo y especialmente en los últimos años es que hay gente de las clases medias que pierde su trabajo y necesita de esa atención socioeducativa para intentar volver al mercado laboral. “Lo que quieren es eso, no buscan beneficencia ni ayudas”.

“Además, otro factor añadido es que, como estas personas no están acostumbradas a este tipo de situaciones, les cuesta pedir ayuda y también tenemos que hacer una labor pedagógica y de acompañamiento”, destalla Francisco Peces. Y, ante todo, lo que está más claro es que “todas las crisis se ceban con las personas vulnerables”.

Un ejemplo sobre el terreno es el proyecto que el Colegio de la Educación Social de Castilla-La Mancha desarrolla desde 2019 con la Asociación Atena en el barrio toledano del Polígono: 'Habitando casas. Construyendo hogares', una intervención socioeducativa en viviendas de promoción pública, con la financiación de la Consejería de Bienestar Social. “Nos estamos encontrando con gravísimos problemas de salud mental, de adicción, de violencia de género, que se agravan por las situaciones en las que viven estas personas”.

Acabamos funcionando como prestamistas de la Administración

“Es un tema preocupante, que también se da en la zona de la Sagra y en la comarca de Talavera”, lamenta. De hecho, esta situación le lleva a criticar el hecho de que que el Colegio Profesional no pueda dar respuesta en más zonas, como les ha ofrecido el Gobierno regional, porque al aceptar el proyecto debe adelantar el dinero y “acabamos funcionando como prestamistas de la Administración”.

En realidad, se trata, argumenta Francisco Peces, de un problema generalizado debido a que los proyectos de inclusión solo duran un año. “Terminan en diciembre, los tienes que volver a solicitar y luego se conceden en abril. Eso significa que tienes que prescindir de personal al menos durante tres meses”.

“A veces la misma educadora social no está disponible para volver a contratarla, por lo que contratas a una nueva que no conoce el proyecto ni el barrio ni a las persona usuarias. Tienes que volver a crear el vínculo y al final la intervención, con el verano de por medio, puede ser solo de tres meses. Eso es un problema porque no se está rentabilizando el dinero invertido. Por eso estamos pidiendo proyectos a más largo plazo, por lo menos plurianuales de dos o tres años”, destaca el presidente del CESCLM.

También critica que la concesión de los proyectos se haga con criterios de reparto entre muchos de ellos, lo que provoca que la mayoría luego no dispongan de financiación suficiente. “Si un proyecto vale lo que vale, hay que sufragarlo. El colegio termina poniendo dinero todos los años. Evidentemente no buscamos beneficio económico, el beneficio social es el más importante, pero siempre y cuando no pongamos en peligro la viabilidad del colegio”, concluye.

El CESCLM tiene su germen en Toledo. En esta ciudad se creó la Asociación Profesional de Educadores Especializados de Toledo tan solo con una decena de personas. Después amplió su proyección a nivel regional mediante la constitución de la Asociación Profesional de Educadores Sociales de Castilla-La Mancha (APESCAM). Y desde ahí, en colaboración con algunas asociaciones de estudiantes, se dieron los pasos para la creación del Colegio Profesional hace 20 años.

Los actos de este sábado para la conmemoración de estas dos décadas están centrados en el reconocimiento de la labor y las aportaciones de todas las personas que han pasado por el colegio y sus órganos de gobierno. Arrancarán a las 10 horas con la apertura a cargo del propio Francisco Peces, junto a la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, y la presidenta del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), Lourdes Menacho.

Durante la jornada se entregarán reconocimientos a los y las profesionales que han pasado por los colectivos que dieron lugar a la creación del colegio castellanomanchego. Habrá pausas musicales a cargo de Eva Medina y Wafir Sheikheldin, así como la representación del espectáculo artístico 'El Percusionista' a cargo de Gorsy Edú.