Vivir en el limbo de esperar el Ingreso Mínimo Vital: “Ni los trabajadores sociales pueden ayudarme”

“No puedo andar bien, tengo que pagar una medicación y no tengo dinero para ella. Sólo para el dolor y la tensión”, se lamenta Lila. Esta vecina de un pequeño pueblo de Albacete lleva meses sin ningún tipo de ingresos. Nada. Sobrevive gracias a la ayuda de amigos, vecinos, y de las donaciones que le da Cruz Roja. Tiene una lesión en la espalda que todavía no ha sido diagnosticada y por la que no ha podido tampoco seguir trabajando. Hacía todo lo que fuera posible: trabajo en el campo, cuidado de ancianos, limpieza.

Fue durante 2022 cuando se le aprobó la pensión, pero luego le fue retirada por una baja laboral retribuida por la Seguridad Social. Y desde entonces no entra nada en su casa en la que vive de alquiler social municipal. “Pero obviamente no puedo pagarlo”, advierte. En realidad, señala, no puede pagar nada. “Un mes después de aprobarme la pensión, me la quitaron. Me pidieron un documento con la renta, y cuando fui a pedirlo [a la Tesorería], me dijeron que no puedo tenerlo hasta mayo”, señala.

Por lo menos tres meses más sin poder ingresar nada. El caso de Lila es un ejemplo de las personas en la misma situación: están en el limbo sin tener ningún ingreso. Tampoco el Ingreso Mínimo Vital. Lo ha pedido pero le han dicho que puede tardar otros siete meses más. Tampoco puede pedir ninguna prestación. “No puedo pagar la medicación de mis piernas, que supone una inyección cada seis meses y pastillas mensuales. Tuve que renunciar a ellas porque no puedo comprarlas. Nadie puede ayudarme, ni los trabajadores sociales”, se lamenta.

Ha pedido también la ayuda de emergencia, pero sólo puede solicitarse una vez al año. Durante los últimos meses de 2022 pudo comer gracias a la ayuda de Cruz Roja Casas Ibáñez, que le dio “para algo, pero no mucho”. Todavía puede vivir en la casa en la que está porque es del Ayuntamiento y conocen su situación, pero “la realidad es que no sé hasta cuándo voy a poder vivir así, sin pagar”.

Vivir sin el Ingreso Mínimo de Solidaridad

Pocos meses después de acabar los momentos más duros de confinamiento derivado la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, la Consejería de Bienestar Social, entonces liderada por Aurelia Sánchez, dejaba parcialmente sin efecto la convocatoria de 2020 del Ingreso Mínimo de Solidaridad, una renta compensatoria regional. Entonces se explicaba que era porque el Ingreso Mínimo Vital, que depende del Gobierno de España y no de la Junta de Comunidades, proporcionaba mayor cobertura. “Pero ha sido una trampa”, explica Juan Carlos Muñoz, trabajador social.

Ejerce su labor en la zona de Fuentealbilla, un municipio albaceteño, y señala que casos como el de Lila resultan más sangrantes porque se trata de personas que viven en lugares en los que no hay los mismos recursos que en las ciudades, como las ayudas que ofrecen por ejemplo Cáritas o incluso Cruz Roja. “Sólo se ofrece lo más básico y el resto de lo que tienen lo consiguen a base de favores porque siempre hay quien les ayuda”, explica Muñoz. “El Ingreso Mínimo de Solidaridad era algo que servía para cubrir lo más urgente. Y en el caso del Ingreso Mínimo Vital, una cosa es solicitarlo y otra que te lo concedan. Además, da para comer pero para nada más”, resalta el profesional.

La única alternativa para alguien como Lila, explica, es gestionarle las ayudas de emergencia, que pueden ser de hasta 1.200 euros y sólo se pueden pedir una vez al año. “Como mucho pagas un par de meses de alquiler y llenas unas cuantas veces la nevera. Más no se puede”. En estos casos era, recuerda, en los que entraba el Ingreso Mínimo de Solidaridad. Ahora, la esperanza que tiene Lila es que le concedan la pensión no contributiva “y se quede con eso”. “El futuro que le queda es ser una pensionista pobre”.

“Exiguo gasto” en rentas mínimas de inserción

No es que el Ingreso Mínimo de Solidaridad de la comunidad autónoma haya desaparecido del todo. “Claro que queda algo, pero es totalmente residual e insuficiente”, explica el trabajador social. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales advertía en diciembre del año pasado que la región registraba el “mayor descenso porcentual de su ya exiguo gasto” en las Rentas Mínimas de Inserción. La caída era de más del 66% en 2021 en relación al año 2020, aunque no era la única: también había caído en más de un 50% en territorios como Madrid, Extremadura o Castilla y León.

Mientras en estas regiones las rentas mínimas - en Castilla-La Mancha sería el Ingreso de Solidaridad- han sido “sustituidas” por el Ingreso Mínimo Vital, en otras comunidades autónomas ha supuesto “reforzar” las ayudas que ya existen a nivel autonómico. En Castilla-La Mancha no.

En cuanto a las personas beneficiarias, ya habían caído en un 73% entre 2020 y 2021. “Como es habitual, dos comunidades, Navarra y País Vasco, destacan con elevados porcentajes de beneficiarios respecto a su población bajo el umbral de la pobreza, 75,8% en Navarra y 55,8% en el País Vasco. Por el contrario, con un 0,6%, en Castilla-La Mancha se confirma la extinción de las rentas mínimas de inserción”, lamentaban desde la organización. 

Entre junio de 2020 y diciembre de 2022, en Castilla-La Mancha se han aprobado un total de 20.536 expedientes del Ingreso Mínimo Vital. Ciudad Real es donde más se han aprobado, con casi 6.800, seguida por Toledo con 6.217 y Albacete, con 4.606. en Cuenca y en Guadalajara, son 1.520 y 1.402, respectivamente. De hecho, Guadalajara, tras Barcelona, es la que tiene la tasa más baja de esta ayuda, en relación al porcentaje de población. 

Del total de beneficiarios, que llegan a los 61.983, casi la mitad son menores de edad: 27.984, mientras que adultos son 33.954. Además, hay más mujeres beneficiarias (33.540) que hombres (28.394).

2023, sin Ingreso Mínimo de Solidaridad

“Llegamos a 2023 sin que la Consejería de Bienestar Social haya reactivado el Ingreso Mínimo de Solidaridad ni haya dado explicaciones sobre el mejor destino de esos recursos tan necesarios para luchar contra la pobreza severa, que recordemos, alcanza hoy a 240.000 castellanomanchegos”, lamenta José Fernández Fernández, técnico de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

La Red Europea presentaba recientemente sus propuestas de cara a las elecciones autonómicas y municipales, en las que pedían nuevamente que se reactivasen estas rentas mínimas en la región. El presidente autonómico, Adolfo Patón, recordaba que en la región se había roto la tendencia descendente de la pobreza en 2021, cuando se sumaron unas 36.000 personas a la situación de pobreza y/o exclusión social.

La situación límite de muchas personas de la región quedaba también patente al abrirse el plazo para pedir el cheque de 200 euros para personas con rentas inferiores a 27.000 euros. En Castilla-La Mancha en sólo 48 horas se registraron 37.370 solicitudes, del total de 885.645 que hubo en España en esos dos primeros días.