¿Por qué el Tribunal de Cuentas “saca los colores” al Gobierno PSOE-Podemos 2017 en Castilla-La Mancha?

En el arranque de la presente semana, el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha optado por abrir una nueva 'veta' en su particular línea de oposición al Ejecutivo de Emiliano García-Page.

El Tribunal de Cuentas, dice el PP, “saca los colores” al Gobierno regional con respecto al presupuesto del año 2017, el primero que suscribieron de forma conjunta PSOE-Podemos en España dentro del Gobierno de coalición de la pasada legislatura.  

Les acusan de “deficiencias” e “irregularidades” tomando como base el informe que con fecha 19 de diciembre ha publicado el Tribunal de Cuentas. Si las hubiera, dice el PSOE, el tribunal hubiera acudido a la Fiscalía directamente.

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas sale al quite asegurando que “con carácter general”, las cuentas de todo el sector público regional en el ejercicio 2017 “se rindieron cumpliendo con la normativa de aplicación”.

Solo reconoce que el Tribunal de Cuentas “realiza observaciones a la comunidad autónoma, sin que en ningún caso detecte alguna ilegalidad” y se escuda en que desde el punto de vista contable los presupuestos 2017 no entraron en vigor hasta el 6 de septiembre de ese año.

Hay que recordar que el primer intento de aprobarlos resultó infructuoso por sorpresa. Podemos, que todavía no estaba en el Gobierno tumbó las cuentas por sorpresa alegando que no eran unas “cuentas del cambio” sino más bien una prórroga del régimen político anterior, el de Dolores de Cospedal. 

Defectos en la rendición de cuentas

Pese a las vicisitudes políticas de aquel año y a que hasta la fecha solo el PP amaga (y nada más) con acudir a los tribunales, lo cierto es que las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas apuntan unos cuantos defectos en aquellas cuentas de 2017. 

Por ejemplo, en cuanto a la rendición de cuentas que hace el Ejecutivo castellanomanchego, el tribunal afea a la Junta que no haya presentado las cuentas del Grupo Ente Público RTVCLM ( la radio y televisión de Castilla-La Mancha) ni de la entidad Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha de acuerdo con los principios y normas de contabilidad pública.

O que las cuentas cuentas anuales del ejercicio 2017 de la Fundación Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca (PSMRC) inicialmente incluidas en la Cuenta General “fueron reformuladas” para ser aprobadas por el Patronato con fecha 21 de mayo de 2019 y rendidas al Tribunal de Cuentas el 18 de junio de 2019, “fuera del plazo previsto”.

Tampoco se han rendido en plazo las cuentas de la Fundación Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes.

El Gobierno regional tampoco incluyó en la cuenta general lo relativo a los Consorcios de los Parques Arqueológicos de Carranque (Toledo) y Alarcos (Ciudad Real). Se trata, matiza el Tribunal, de “entidades en liquidación de escasa relevancia económica”.

En general, el Tribunal de Cuentas advierte a la Junta de la “pérdida de información” en la forma de aplicar los correspondientes planes de contabilidad pública regional y estatal.

Más de 17 millones sin fiscalizar o sin crédito claro

De otro lado, se afea al Gobierno castellanomanchego algunas cuestiones en cuanto al funcionamiento de los mecanismos de control interno y sistemas de planificación de gastos e ingresos.

Por ejemplo, el hecho de que el Consejo de Gobierno convalidase ocho millones de euros omitiendo el trámite previo de fiscalización. En particular destaca gastos por 2,2 millones derivados de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones realizadas con anterioridad al año 2017 que no estaban contabilizados en la cuenta de acreedores pendientes de aplicar a presupuesto al cierre de 2016.

Otra de las cuestiones es que en 2017 se reconocieran 22 millones de euros por gastos derivados de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones que se realizaron en años anteriores y que de ellos, 690.000 euros no contasen con crédito disponible mientras que nueve millones se imputaron al presupuesto de 2017 “sin que se conozca el procedimiento utilizado para ello y su debido amparo en las excepciones”. 

El 24% de la plantilla del SESCAM, interinos

Hay además una observación en cuanto al organismo autónomo del Servicio de Salud regional (SESCAM). En 2017 se habían dejado de imputar al presupuesto obligaciones por  importe de 102,8 millones de euros, de los que 101,5 millones se generaron en 2017.

Mientras, otros gastos, correspondientes a ejercicios anteriores, por importe de 62,5 millones fueron imputados al presupuesto de 2017, incumpliendo la norma.

El presupuesto definitivo del SESCAM además “no estaba equilibrado” debido a modificaciones por 1,6 millones de euros que no contaban con financiación.

Por cierto que en cuanto a gasto sanitario y farmacéutico dice el informe que Castilla La-Mancha “creció por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española para 2017”.

También señala que el 24,1% de las plazas cubiertas de la plantilla del SESCAM al cierre de 2017 lo estaba de forma interina. 39 de ellos estaban contratados como eventuales y que a la vista del periodo acumulado y de acuerdo al Estatuto de Personal Estatutario sanitario “se hacía necesario valorar la creación de plazas estructurales en la plantilla”

“A lo anterior ha de añadirse la existencia de 636 plazas no ocupadas de la plantilla”, dice el Tribunal. Por otro lado, la tasa de pacientes en espera quirúrgica por 1.000 habitantes y los tiempos medios de espera quirúrgica en la Comunidad “superaban las medias del conjunto de servicios de salud de las comunidades autónomas”.

Exceso en los gastos de personal de varios organismos

Tampoco se hizo bien en el caso de otros organismos: “La suma de las obligaciones reconocidas y las pendientes de imputar al presupuesto en 2017 excedieron en 78,5 millones los créditos disponibles” en el caso de GEACAM, las Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, SODICAMAN, el Instituto de Finanzas, el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A.U.(ISFOC), el Ente Público RTVCLM y Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha que superaron la cuantía prevista para los gastos de personal.

En concreto, el incremento de los gastos de personal en Infraestructuras del Agua “se debe fundamentalmente a las remuneraciones de dos puestos directivos” -director del área de comunicación y director del área jurídico-administrativa- que, dice el Tribunal de Cuentas, “no fueron presupuestadas por ser las contrataciones posteriores a la fecha de remisión del proyecto de presupuestos de la entidad a la consejería de adscripción”, en aquel momento la Consejería de Fomento.

En cuanto al Ente Público RTVCLM las plantillas aprobadas, en julio de 2010, recogen un total de 359 efectivos, pero la plantilla real, dice el Tribunal, “viene superando a la aprobada”. En concreto había 493 trabajadores en 2017.

Sin Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades

Otro de los aspectos que destaca el informe es que la  Comunidad Autónoma no contaba con un Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en 2017. Y es que, recuerda “su vigencia finalizó en 2016, aprobándose el siguiente plan en octubre de 2018”.

En relación a la gestión de subvenciones, el informe concluye que “se detectaron deficiencias” en las llevadas a cabo por la Fundación Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca y el Instituto de la Mujer de Castilla‑La Mancha. También habla de “deficiencias” en las “subvenciones directas de carácter excepcional” con cargo al presupuesto de la Dirección y Servicios Generales de Presidencia.

Sin el registro obligatorio de infractores ambientales

En materia de medio ambiente, el informe señala que Castilla-La Mancha “no había constituido el registro público de infractores dependiente del órgano ambiental, previsto en la Ley  de Evaluación Ambiental autonómica” y que los ingresos derivados de la imposición de sanciones establecidas “no quedaban afectados a la protección del medio ambiente, en contra de lo que prescribe la citada Ley”.

Finalmente, el II Plan de Depuración de Aguas Residuales Urbanas no concretaba las actuaciones a realizar dentro de su ámbito, a pesar de lo dispuesto en la Ley Reguladora del Ciclo Integral del Agua.

Esta ausencia de información, dice el Tribunal, “supone una deficiencia también en la delimitación del canon de aducción y depuración previsto en la citada ley”. 

Por otro lado, y durante 2017, de las 125 estaciones depuradores de aguas residuales (EDARES) en las aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes-equivalentes gestionadas por Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, 39 se encontraban en situación de no conformidad con la normativa comunitaria. De hecho, 30 de ellas estaban incursas en un procedimiento sancionador comunitario) Además, 27 municipios de la región de más de 2.000 habitantes equivalentes no contaban con EDAR, pese a ser ello obligatorio por imposición de la normativa de la Unión Europea. 

El informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, recoge los resultados del control económico-presupuestario de la actividad desarrollada por la Administración General de Castilla-La Mancha y las entidades que integraban su sector público durante 2017. Su análisis va desde la ejecución anual de los Presupuestos Generales de la Comunidad, los sistemas de control interno, la estabilidad presupuestaria, la gestión de los gastos de personal, la actividad subvencionadora, el gasto sanitario, el gasto educativo no universitario, el endeudamiento financiero, el área medioambiental, la verificación del cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como de las prescripciones en materia de transparencia.

Incluye también recomendaciones, incorporando las de informes de fiscalización de años anteriores que siguen siendo incumplidas al no ser vinculante el informe del Tribunal de Cuentas.