La Junta cumplirá el plan de ahorro energético a expensas de que los Servicios Jurídicos decidan acudir al Constitucional

La Junta de Castilla y León cumplirá con las medidas para el ahorro energético pero no da su visto bueno al plan del Gobierno. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha tildado al decreto de como “perjudicial” para los usuarios y sectores económicos implicados, motivo que ha propiciado que los Servicios Jurídicos se encuentren estudiando la posibilidad de que la normativa sea inconstitucional, como anunció el vicepresidente Juan García-Gallardo.

Asimismo, Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha indicado que ya se cumplen las medidas de ahorro en algunos centros administrativos de la Comunidad, con las excepciones que refleja la ley y que ya se venían dando como hospitales, centros socioeducativos y colegios, algo que la Junta apoya para mantener la calidad del servicio.

La crítica, como ya hiciera semana atrás, del portavoz de la Junta se centra en que el plan de ahorro energético “ha sido impuesto, no negociado” y en él no se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar el decreto ni a las comunidades autónomas, ni entidades locales, ni los sectores productivos.

Pese a las críticas, Carriego ha apuntado: “No solo cumpliremos el decreto, sino que también estamos siendo solidarios con el conjunto nacional y producimos más energía de la que consumimos en Castilla y León”. A lo que ha añadido que es “buena ocasión” para que el Gobierno de España reconsidere su postura energética y vaya hacia la autonomía energética con una menor dependencia del exterior. Para el también consejero de Economía y Haciendo parte de la solución pasa por revertir el “error” del cierre de las minas y delas centrales térmicas, además de la postura ante las nucleares.