La ministra Ribera reprocha por carta a Mañueco que implante “la antítesis de medidas demográficas” en Castilla y León

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha reprochado por carta al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que implante “la antítesis de medidas demográficas” en Castilla y León, sin una normativa específica sobre dinamización demográfica y con un menor número de profesionales sanitarios y educativos en el medio rural.

“No puedo ocultar la preocupación que produce el análisis de las tendencias demográficas en Castilla y León, que registra la mayor pérdida de población a lo largo del siglo XXI, por encima de los 100.000 habitantes”, comenta la ministra Ribera en la misiva del 5 de mayo —a la que ha tenido acceso este diario—.

Este miércoles en el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta tercera ha aludido a una reversión “muy importante” en las tendencias de despoblación en todo el país salvo en Castilla y León, donde “las cosas van fatal”. Hace dos semanas, Ribera acusó al gobierno autonómico de “incentivar el abandono de los pueblos” al “cerrar ambulatorios y servicios educativos”.

Esta tarde, Mañueco ha reclamado en Soria la dimisión de Ribera tras unos “ataques” a la comunidad “injustos e indignos”. “El Gobierno de Sánchez frente a la despoblación, el resumen de lo que ha hecho es nada de nada”, ha censurado el presidente de la Junta de Castilla y León.

200 sanitarios menos en un año

Según ha calculado la ministra, las zonas básicas de salud rurales han perdido 50 médicos, 108 pediatras y 47 enfermeros entre 2021 y 2022. Las 160 zonas básicas de salud rurales cuentan con 1.275 médicos, 1.183 enfermeros y 78 pediatras, un personal “claramente insuficiente” para los 3.600 consultorios rurales.

En la carta, la ministra insta al presidente autonómico y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, a aplicar medidas con un horizonte “a medio y largo plazo” ante un “problema complejo” como es la despoblación. También subraya cómo Castilla y León es la autonomía con mayor caída de población en esta última década.

La vicepresidenta tercera exige un compromiso “firme” y un trabajo “continuo, de lluvia fina”, con colaboración entre las administraciones y ha recordado que el Gobierno de España ha destinado 26 millones de euros desde 2021 a Castilla y León para intentar frenar la sangría poblacional.

“La comunidad ha recibido significativamente un mayor volumen de fondos, deben ser un instrumento eficaz para impulsar actuaciones innovadoras que mejoren la prestación de servicios básicos en el medio rural, revirtiendo recortes y cierres”, reprocha en la carta.

Informes negativos del Procurador del Común

Ribera también recurre a los informes del Procurador del Común —el Defensor del Pueblo de Castilla y León—, en los que se advierte de las “deficiencias” de la asistencia sanitaria en los pueblos, la lista de espera —especialmente después de la pandemia— y el transporte sanitario —que continuará en manos del mismo conglomerado HTGroup, pero con otro nombre comercial diferente de Ambuibérica—.

Ante las propuestas del Procurador del Común de incorporar comedor y transporte escolar generalizado en el medio rural, la ministra recuerda cómo la Consejería no tomó en consideración esta propuesta. En los últimos diez cursos los colegios públicos ubicados en pueblos de menos de 5.000 habitantes se han reducido de 192 a 179, con 965 maestros menos que en el curso 2011/2012.