El PSOE denunciará al alcalde de Valladolid por vulneración del derecho a la participación política

El Grupo Municipal Socialista de Valladolid ha anunciado la presentación “inminente” de una denuncia por vulneración de derechos fundamentales contra el alcalde, Jesús Julio Carnero, por, a su juicio, impedir reiteradamente que el PSOE pueda ejercer su derecho a presentar mociones para su debate en el Pleno.

Según los socialistas este derecho de participación política está reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española y el “veto” del alcalde a iniciativas socialistas registradas y defendidas en la Junta de Portavoces constituye una “restricción ilegítima” del derecho de representación de los concejales y una limitación del control democrático que el PSOE ha decidido trasladar ante la jurisdicción competente.

Para el PSOE Carnero estaría restringiendo su labor para conocer en qué consiste el trabajo del Director de Coordinación de Políticas Públicas, conocido como 'Alcalde B'.

“Vetar las mociones que presenta el Grupo Municipal Socialista es un inadmisible recorte del control democrático y la transparencia; los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se gasta su dinero y a que el Pleno pueda debatir libremente las propuestas de los Grupos”, ha señalado el portavoz municipal, Pedro Herrero, quien subraya que estamos ante “un desprecio intolerable a las normas y un nulo respeto a los vallisoletanos” a los que representa el PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid.

“Los vallisoletanos no se merecen un alcalde que se dedique a vetar las mociones que no le gustan; necesitan un alcalde que asuma las consecuencias de sus actos, que no vulnere los derechos de los grupos políticos en el Ayuntamiento y que respete la Constitución”, ha afirmado el portavoz socialista.

El Grupo Municipal Socialista fundamenta su denuncia en la vulneración del artículo 23 de la Constitución Española y en la consolidada doctrina constitucional que protege el núcleo esencial del cargo representativo —ius in officium—, que comprende, entre otras facultades, la de presentar iniciativas y someterlas a debate y votación en el Pleno. El alcalde de Valladolid ha sustituido las reglas por la censura previa, impidiendo por dos veces el debate de mociones del PSOE referidas al 'Alcalde B', y, con ello, ha lesionado un derecho fundamental que no admite recortes por razones de conveniencia política.

“No vamos a consentir que se pisotee el artículo 23 de la Constitución ni que se silencie a la oposición; vamos a defender hasta el final el derecho de los concejales a trabajar por su ciudad”, ha indicado Herrero.

En un comunicado, el PSOE de Valladolid ha criticado que desde la creación del denominado “Alcalde B” —el puesto de Director de Coordinación de Políticas Públicas diseñado por Carnero en agosto de 2023 y asignado a dedo— se abrió una “etapa de opacidad y de desnaturalización del gobierno municipal”.

Con ese puesto se creó un “órgano inédito y más costoso” que un director de área, además de ser “ajeno” al Reglamento Orgánico, con un impacto presupuestario superior a 156.000 euros anuales y con funciones que culminan la organización del Área de Alcaldía, han apuntado los socialistas. “El proceso de selección fue una mascarada con un resultado conocido de antemano y la figura terminó ocupada por un dirigente de su máxima confianza, pese a no haber sido elegido por los ciudadanos”, han apostillado.

El cargo fue declarado ilegal por el TSJCyL

Como han recordado los socialistas en un comunicado, todo ese “andamiaje” para sustentar la presencia de Jesús Julio Carnero en el Senado, fue declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en su sentencia que estimó el recurso del Grupo Municipal Socialista y declaró la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno que modificó la Relación de Puestos de Trabajo para introducir este órgano directivo.

El TSJCyL razonó que el puesto de Director de Coordinación de Políticas Públicas es un órgano directivo inexistente en la organización municipal, que no puede crearse por la vía de la RPT sin la previa modificación del Reglamento Orgánico por el Pleno y concluyó declarando la nulidad de la resolución impugnada.

Pese a ese “varapalo” judicial, el gobierno de PP y Vox optó por mantener el esquema, modificando a posteriori el Reglamento de forma precipitada y sin consenso, y blindando de hecho una plaza polémica que ya ha supuesto “cientos de miles de euros” a las arcas municipales “sin resultados tangibles”, como acreditan los propios documentos remitidos “tarde y a regañadientes” por el equipo de gobierno, han valorado desde el PSOE.

El veto del alcalde a las mociones socialistas que fiscalizan esta figura —una para exigir explicaciones públicas sobre su utilidad y otra para que el propio alcalde o un concejal asumiera sus funciones— es la culminación de esa “deriva antidemocrática”, ha apuntado el portavoz del GMS. “Estamos ante una cacicada; Carnero ha decidido que cuando no le conviene, las normas se ignoran y la oposición se calla. Pues no: vamos a defender la ley y el derecho de la gente a ser representada”, ha remarcado Herrero.

Con la denuncia por vulneración del artículo 23 Constitución, el Grupo Municipal Socialista exige el restablecimiento inmediato de su derecho a presentar y debatir sus iniciativas en el Pleno, el cese de los vetos y el respeto escrupuloso a la Constitución, a la legalidad municipal y a los vallisoletanos a quienes representan sus concejales.