El sindicato CSIF ha denunciado este lunes que la Junta de Castilla y León, a través del Centro Autonómico de Mando (CAM), ha decidido rebajar el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, el nivel más alto de peligrosidad de los incendios, en cuatro fuegos activos de la provincia de León sin atender los criterios de los técnicos medioambientales. En la tarde de este domingo eran nueve los fuegos en nivel 2; sin embargo, a primera hora del lunes eran solo cinco tras pasar a nivel 1 Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina, Anllares del Sil y Gestoso.

Agustín Argulo, presidente del sector de administración general de la Junta en CSIF y técnico de incendios, ha explicado que la orden se ha dado desde la Dirección General de Patrimonio Natural. “Desde el CAM se ha decidido rebajar el nivel, cuando la propuesta de bajada la hacemos los técnicos y no se ha hecho”, ha argumentado. Puntualiza, además, que tuvieron conocimiento del descenso de nivel a través del portal INFOCAL.

Argulo ha señalado que para rebajar el nivel 2 hace falta “tener el perímetro controlado para evitar reproducciones por el terreno caliente, que no tenga llama y que pasen unos días para confirmar la situación”. “Tenemos que estar seguros de que el terreno está frío, volamos con drones y cámaras térmicas para controlar el calor y es entonces cuando se hace la propuesta”, ha relatado. Para CSIF es “una temeridad” tomar “decisiones sin criterio” y señalan que la bajada de niveles es “una falsa sensación de seguridad”.

La situación, según Argulo, mejoró el pasado sábado, pero “ha vuelto a empeorar” con los fuegos de Molinaseca y Garaño que han obligado a la Junta a redistribuir efectivos en las últimas horas. A pesar de ello, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León Eduardo Diego, ha calificado la jornada del domingo como “muy positiva”, ya que “ha permitido bajar a nivel uno el incendio de Barniedo de la Reina y a índice cero el incendio de Canalejas”.

“Estas decisiones son contrarias a los técnicos, no nos respetan”, ha insistido el portavoz de CSIF que ha justificado la mejoría de las últimas jornadas - hasta el domingo - a la llegada de efectivos de otras comunidades autónomas que han permitido “controlar perímetros y reforzar el operativo”.

Cambio de dirección

Desde CSIF exigen la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, por diseñar “un modelo fallido y fracasado”. Señalan que se ha producido un “desmantelamiento” del operativo público de prevención y extinción de incendios forestales. “Más de la mitad del operativo se ha privatizado, repartido en brigadas de más de 35 empresas y con trabajadores en condiciones precarias”, insiste Argulo.

Una denuncia que ha ampliado Sara Mateos, agente medioambiental y delegada de Medio Ambiente, que ha fechado en el sábado 9 de agosto, jornada en la que empezaron los grandes incendios de León, cuando “el operativo colapsó, desde el primer momento, por no estar dimensionado”. Relata que muchas localidades se quedaron sin atención, que tuvieron que atender de forma urgente los municipios y que el fuego se propagó por el monte sin control.

CSIF propone un operativo público, todo el año, con medios, formado, con inversión en prevención y con un desarrollo de la norma que regule la categoría de bombero forestal. Piden que las jornadas estén definidas, sin excesos acordes al trabajo y riesgo que conlleva y exigen la aprobación de la ley de agentes medioambientales que se encuentra en las Cortes de Castilla y León.

La Junta defiende unificar criterios para rebajar los niveles de gravedad de incendios

El director general de Medio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, ha defendido este lunes la decisión tomada anoche en el Cecopi Autonómico para unificar criterios de los Cecopi provinciales a la hora de rebajar el nivel de gravedad de los incendios forestales, tras las críticas vertidas por el sindicado CSIF.

En declaraciones a EFE, Arranz ha asegurado que lo que hizo el Cecopi Autonómico fue determinar que, cuando un incendio ya no obliga a tener vecinos desalojados o a cortar carreteras cercanas, debe ser rebajado en su nivel de gravedad, de 2 a 1, que es algo que “en algunos casos” no se estaba produciendo a nivel provincial, ha reconocido.

Sobre la crítica de CSIF, que ha denunciado que estas medidas se han tomado sin consultar con los técnicos, Arranz ha insistido en que se trata de una cuestión administrativa a la hora de desescalar medios cuando el riesgo para la población y para las infraestructuras ha disminuido, independientemente de que una posterior reactivación del fuego pueda conllevar que se vuelva a elevar el nivel de peligrosidad.

El representante de la Junta ha explicado que la decisión tomada por el Cecopi Autonómico fue la seguida para los fuegos interprovinciales en los que contaba con el mando -Porto, Molezuelas y Barniedo- y que, lo que acordaron anoche los integrantes del Cecopi fue trasladar estos criterios para que se sigan a nivel provincial.

UGT pide que las empresas que reciban ayudas por los incendios no puedan despedir

UGT exige que las ayudas a empresas afectadas por los incendios forestales anunciadas por la Junta de Castilla y León estén condicionadas al mantenimiento de los puestos de trabajo, de modo que si se producen despidos sean declarados nulos y se exija la devolución de las ayudas.

El sindicato ha recordado en nota de prensa que su prioridad está en la defensa del empleo y el salario de los trabajadores, de ahí que reclame que las empresas o corporaciones locales que reciban las ayudas de la Junta lo hagan con la condición de no despedir a trabajadores.

Además, ha exigido que la Junta se comprometa a garantizar con fondos propios la totalidad de los salarios de los trabajadores afectados por un ERTE hasta llegar al 100 % del salario, “igual que ha anunciado que va a sumir el 100 % de las cotizaciones de las empresas afectadas”.

“De esta manera, ni los trabajadores ni la actividad empresarial quedarán desprotegidos”, ha insistido UGT, recuerdan que deben tener los mismos derechos en la prestación por desempleo los trabajadores afectados por ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción que los de fuerza mayor.

El sindicato también urge a la puesta en marcha de manera inmediata de las correspondientes mesas del Diálogo Social, petición que ya realizó la semana pasada, para incentivar en todas las líneas de ayuda a las zonas afectadas, tanto en materia de empleo como de reconstrucción.