El vicepresidente de la Junta de Castilla y León considera que el aumento de los altos cargos es “normal en un gobierno de coalición”
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha justificado este jueves el aumento de los altos cargos por la existencia de “una consejería más” y porque se trata de “un gobierno de coalición, no monocolor” con lo que “su estructura tiene otras peculiaridades” por lo que es “lógico”.
“Creemos que es la estructura adecuada para asumir las tareas y el cambio de este nuevo gobierno y de este acuerdo”, ha afirmado. Igea desconoce la cifra exacta del incremento del gasto por los nombramientos aunque ha comentado que “probablemente es un porcentaje ínfimo”.
La Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León denunció la semana pasada el “aumento muy importante del personal directivo, de motivación únicamente política” producido con la formación del nuevo Ejecutivo regional que preside Alfonso Fernández Mañueco, al pasar de 69 a 80 el número de altos cargos. El aumento es de casi un 16%, con un incremento proporcional de los costes en personal de alta remuneración. El sindicato comentó que tanto como PP como Ciudadanos siguen empeñados “en tener más capitanes generales y menos remeros”.
Uno de los incrementos más llamativos en el número de altos cargos se ha producido en la Consejería de Agricultura y Ganadería, que teniendo exactamente las mismas competencias necesita dos directores generales más para poder realizarlas. Lo mismo ocurre en Empleo e Industria.
Además, UGT denunció que se había generalizado la figura de la viceconsejería en casi todas las consejerías, que pasan de cinco a ocho. “Tras analizar lo publicado, desconocemos la necesidad real de la creación de estas figuras en la mayoría de las consejerías y nos parece que la única justificación posible es la política, como reparto de sillones entre los dos partidos”, censuraron. Su creación no supone una disminución en los órganos inferiores (direcciones generales), a lo que añade que con la criticada organización se llega al máximo de consejerías que permite la Ley 3/2001, de 3 de julio, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y León. “Nos queda la duda de si habríamos teniendo un mayor número si la Ley lo hubiese permitido”, concluyó la FSP-UGT CyL.
