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CATALUNYA

El acuerdo entre Mas y Junqueras prevé estructuras de Estado y nuevas tasas para los ricos y los contaminantes

El texto entra en el detalle sobre la hoja de ruta hacia la consulta independentista y prevé la creación de una seguridad social catalana

El acuerdo no cifra todavía el incremento de la presión fiscal 

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Artur Mas y Oriol Junqueras firman el acuerdo de gobernabilidad (EFE)

Artur Mas y Oriol Junqueras firman el acuerdo de gobernabilidad (EFE)

Artur Mas y Oriol Junqueras han escenificado esta mañana el pacto que permitirá la investidura del líder nacionalista y que dará estabilidad al nuevo Gobierno. En su presentación, el futuro presidente Artur Mas ha dicho que para sellar el acuerdo han tenido muy en cuenta que Catalunya se enfrenta a “la peor recesión económica de las últimas décadas” a la que hay que sumar “la crisis de la finanzas públicas que no depende de nosotros pero que nos condiciona” y finalmente la intención de llevar a cabo “la operación política y ciudadana de mayor envergadura de estos últimos tres siglos”.

Los documentos que han firmado los dirigentes de CiU y ERC se dividen en tres grandes bloques: la consulta de autodeterminación -anexo que ya se hizo público ayer-, la creación de estructuras de Estado y la parte económica, que engloba medidas sociales y cambios en materia fiscal. Los dos primeros puntos han quedado cerrados y detallados mientras que el último, el referente a los nuevos impuestos, sólo presenta algunas líneas de actuación, pero sin entrar en detalle. Sobre este punto, las dos formaciones todavía tienen que seguir negociando, aunque se da por hecho de que se llegará a un acuerdo.  

Impuestos progresivos

Las previsiones iniciales del Govern en funciones eran que para el 2013 había que recortar 4.000 millones de euros, lo que suponía reducir todavía más los mermados servicios sociales. Con los nuevos impuestos que confía aplicar el nuevo gobierno catalán –y que todavía no se han detallado- las arcas públicas aumentarán ligeramente y se podrá reducir la cantidad de ahorro que había previsto CiU antes de pactar con ERC. El documento firmado en materia económica no habla de cifras pero ya adelanta que se modificará el polémico impuesto sobre el patrimonio, rebajando el mínimo de las personas que quedan exentas y aplicando un recargo a los grandes patrimonios. También se recuperará el impuesto de sucesiones y donaciones que suprimió CiU nada más entrar en el gobierno. El acuerdo contempla incrementar la progresividad y su “potencial recaudatorio”. Además, se “adaptarán” los impuestos que afectan a las grandes superficies comerciales y a los que más contaminan, aplicando “nuevas vías de imposición ambiental”. Se verán especialmente afectados los que emitan gases contaminantes (el texto pone el ejemplo de los aviones) o los que produzcan residuos nucleares. También se introducirá un impuesto sobre las bebidas de refresco que contengan demasiado azúcar (aludiendo razones de salud).

Finalmente, además del impuesto sobre los depósitos bancarios que el Govern en funciones ya anunció el martes, se prevé estudiar la aplicación de nuevos impuestos para animar la entrada en el mercado de alquiler de las viviendas desocupadas. El tripartito ya aprobó una ley en esta línea y obligaba a los propietarios de pisos vacíos a que los ofrecieran en el mercado y que fue duramente criticada por CiU. Si el apartado de ingresos (impuestos) del documento firmado entre las dos formaciones plantea todavía algunas incógnitas, el de gastos es aún más genérico. En este punto sólo se advierte que antes de aplicar medidas de ajuste (es decir, recortes) hay que determinar que hay servicios públicos preferentes para preservar el principio de igualdad de oportunidades (en referencia indirecta a la educación y la sanidad), su capacidad multiplicadora de la renta y su efecto incentivador en la generación de actividad económica.

Administración tributaria y dación en pago.

Para garantizar la denominada “transición nacional”, en su segundo anexo el acuerdo prevé la creación de toda una serie “órganos” e “instrumentos”. El más llamativo es la Administración Tributaria catalana, que los partidos firmantes se comprometen a desarrollar durante el 2013. En este sentido, el texto también contempla la “elaboración de un plan y diseño de la Administración y la Tesorería de la Seguridad Catalana”, para garantizar, según está escrito, las futuras pensiones y prestaciones del paro de los catalanes. Además, como figuraba en el programa electoral de ERC, el acuerdo también fija la transformación del Institut Català de Finances (ICF) en el "banco público de Cataluña".

Todas estas medidas concretan lo que, ya desde hace meses, Artur Mas anunció con el nombre de “estructuras de Estado”. Por ejemplo, el texto contempla la redacción de una Ley de la Policía de Cataluña, y también un plan para conseguir la gestión, el transporte y la distribución de la energía y del agua, además de “las principales infraestructuras logísticas” que a día de hoy son competencia del Estado: “aeropuertos, puertos y ferrocarriles”.

Para “garantizar la cohesión social” durante el proceso, CiU y ERC se comprometen también a impulsar –dentro del marco legislativo catalán- la “regulación de la dación en pago” y se emplazan a construir un Pacto Nacional contra la Pobreza y la Exclusión Social. 

Consulta en 2014

El punto del referéndum, que ya se hizo público ayer, es el primero del texto, y establece que los dos partidos firmantes se comprometen a “trabajar para consolidar una mayoría social amplia que permita garantizar el éxito de la consulta” que se celebrará en dos años. Para modificar esta fecha, tendrán que estar de acuerdo las dos formaciones. Durante los dos próximos años, CiU y ERC han acordado una hoja de ruta que empieza con una declaración de soberanía del pueblo de Catalunya en el primer pleno de la nueva legislatura y termina con la celebración de la consulta. Entre medio hay otro punto que reclama “abrir un proceso de negociación y diálogo con el Estado español para el ejercicio del derecho a decidir que incluya la opción de convocar un referéndum”, con la intención de agotar todas las posibilidades legales. Los dos mandatarios han insistido durante su comparecencia tras la firma en que será necesario contar el apoyo de la sociedad catalana y de las entidades que ya han mostrado su apoyo al derecho a decidir, como ICV, CUP, UGT o las patronales CECOT y PIMES, entre otros.  

 

Pacto de gobernabilidad firmado por CiU y ERC

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