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CATALUNYA

Heridos del 1-O piden al juez que reclame las comunicaciones "por todos los medios" entre mandos policiales

Las acusaciones requieren al juez investigar cuál es el "otro medio" por el que agentes del 1-O se emplazan a hablar en las comunicaciones aportadas al juzgado

El Ayuntamiento de Barcelona recurre el "prematuro" archivo de seis de las piezas correspondientes a 50 denuncias de heridos

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Spanish National Police prevents people from entering a voting site at a school assigned to be a polling station by the Catalan government in Barcelona, Spain, Sunday, 1 Oct. 2017. Catalan pro-referendum supporters vowed Saturday to ignore a police ultimatum to leave the schools they are occupying to use in a vote seeking independence from Spain.

Intervención policial en el colegio Ramon Llull AP Photo/Emilio Morenatti

Las acusaciones que representan a varios heridos del 1-O han reclamado al juez que requiera las comunicaciones "por todos los medios" entre los mandos del dispositivo policial contra el referéndum. La petición se produce después de que la Policía Nacional informara al magistrado que investiga las cargas que "no existen registros" de comunicaciones entre los mandos del 1-O: ni entre el coronel Diego Pérez de los Cobos, encargado de coordinar el dispositivo, y los mandos ni entre los mandos actuantes en los distintos colegios.

Se basan las acusaciones en que el propio Pérez De los Cobos, en el organigrama del dispositivo policial que aportó al juzgado, indicó que había una "coordinación" entre él y la Jefatura Superior de Policía de Catalunya, la Jefatura de zona de la Guardia Civil de Catalunya así como con el major de los Mossos d'Esquadra, por entonces Josep Lluís Trapero.

Fuentes conocedoras del dispositivo policial del 1-O explican que dicha coordinación era de carácter estratégico y no operativo. Es decir, que la ejecución sobre el terreno para impedir el referéndum recaía en responsables del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Cabe recordar que Pérez de los Cobos informó al juez el pasado mes de noviembre que las instrucciones dadas a los agentes eran un documento del exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, del 29 de septiembre, en el que se indicaba que el "objetivo prioritario" era cumplir con la orden del TSJC para impedir el 1-O.

Las explicaciones aportadas al juzgado por la Policía y el coronel de la Guardia Civil no convencen a las acusaciones. "Con todos los respetos, no resulta creíble que en un operativo de estas dimensiones, con varias intervenciones simultáneas en todo el territorio, no haya comunicaciones entre los distintos mandos y que a su vez, estas no hayan quedado registradas", expone en un escrito la letrada Anaïs Franquesa del centro Irídia, que representa a una veintena de lesionados.

Entienden las acusaciones que si hubo una coordinación debe de haber un rastro de comunicaciones. "Tienen que existir comunicaciones registradas entre el gabinete de coordinación y estudios [que ocupaba Pérez de los Cobos] y la Jefatura de Policía de Catalunya, y asimismo entre esta y los mandos actuantes en cada intervención", continúa Franquesa, que tilda de "esencial" poder conocer dichas comunicaciones "para saber quién tomó las decisiones sobre los centros que tenían que ser intervenidos, de qué manera y con qué directrices concretas respecto al uso de la fuerza".

El "otro medio"

Por otro lado, tanto Irídia como otras acusaciones particulares y la popular del Ayuntamiento de Barcelona se quejan de que los audios que la Policía Nacional ha aportado al juzgado entre mandos y agentes actuantes están incompletos, presentan cortes y "escasa información", por lo que ven "evidente" que muchas comunicaciones no han sido aportadas, al contrario de lo que sostiene el cuerpo policial en sus escritos.

En este sentido, ha llamado la atención a las acusaciones que en dos grabaciones entregadas al juzgado los agentes se emplazan a hablar "por otro medio". Esto indica, en palabras de Franquesa, que existió "otra vía de comunicación entre agentes distinta de la aportada hasta ahora". También lo cree el Ayuntamiento, que ve necesario "averiguar cuál era este medio de comunicación".

Por ello Irídia pide al juez que requiera a la Policía, advirtiendo incluso de la posibilidad de incurrir en un delito de desobediencia, para que se entreguen "todas las comunicaciones completas por todos los medios, ya sea por radio o por otros, en especial el 'otro medio' del que se habla en los audios" entre Pérez de los Cobos y la Jefatura de Policía, la Jefatura y los mandos en varias escuelas así como entre mandos y agentes que intervinieron sobre el terreno. En el mismo sentido han reclamado los heridos representados por el colectivo Alerta Solidària.

Además, Irídia reclama al juez que pida las comunicaciones entre toda la cadena de mando y entre los agentes actuantes en el colegio Ramon Llull, donde Roger Español perdió la visión de un ojo por una bala de goma, ya que aseguran que en ninguno de los oficios entregados hasta ahora la Policía ha aportado las grabaciones de radio respecto a este punto de votación.

La cadena de mando

Desde que se abrió la causa, las acusaciones particulares y el Ayuntamiento de Barcelona han mantenido que es necesario depurar responsabilidades en toda la cadena de mando policial del 1-O. El instructor, por contra, se decanta por investigar actuaciones concretas y desproporcionadas de agentes: un subinspector y el inspector jefe al frente del operativo en el colegio Mediterrània, han sido citados como imputados –investigados, según la nueva denominación– en septiembre.

De hecho,  el titular del juzgado de instrucción 7 ha archivado 51 denuncias al no poder identificar a los agentes presuntamente causantes de las lesiones a los votantes o al no considerar desproporcionada la actuación policial. El Ayuntamiento de Barcelona, acusación popular en todas las piezas que conforman la causa, ha presentado los respectivos recursos contra la decisión del juez.

En los recursos, los abogados y abogadas que representan al consistorio aseguran que el archivo de la investigación es "prematuro", ya que, a su juicio, existen suficientes elementos para continuar con la causa, como por ejemplo vídeos en que los agentes "arrastran a los votantes con motivaciones de castigo y escarnio que sobrepasan los objetivos de una operación policial". Y, al contrario de lo observado por el juez, el Ayuntamiento alega que la actuación policial "nada tiene que ver con el criterio de proporcionalidad", sino que estuvo basada en el "exceso de la fuerza, intensidad y falta de justificación en el uso de la porra, las patadas, golpes o tirones de pelo contra los manifestantes".

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