La crisis educativa en Catalunya: un pacto minoritario, un conflicto mayoritario

Este curso no es uno más. El 2025-2026 quedará grabado en la memoria colectiva como el año en que el profesorado catalán dijo basta. Después de décadas de parches y promesas incumplidas, el malestar ha estallado con fuerza, convirtiendo las aulas y las calles en el epicentro de un debate de país. Lo que algunos han querido presentar como un conflicto laboral no es sino un seísmo social que interpela el modelo de educación, de justicia y de democracia que queremos.

Ante la desconexión creciente del Departamento de Educación, las profesionales hemos visto cómo la precariedad material y el desprecio institucional convertían nuestro trabajo en una carrera de obstáculos. La burocracia nos ahoga, las ratios imposibles y la falta de recursos nos desgastan, y la supuesta digitalización ha sido más una carga que un apoyo. A todo ello se suma un abandono simbólico: el Govern no está, no escucha, no responde. Y allí donde la Administración se diluye, estamos nosotras, los sindicatos de base, intentando sostener lo que es de todas y todos.

Cuando el Govern vendió como un gran acuerdo lo que muchas hemos bautizado como el pacto de la vergüenza, la fractura se hizo evidente. Porque no se puede hablar de “acuerdo histórico” cuando se negocia a espaldas de la mayoría sindical y del conjunto del profesorado. El 94,9% de los más de 42.900 docentes consultados por USTEC·STEs (IAC), CGT y la Intersindical lo rechazaron. El aumento salarial irrisorio, la falta de garantías en la reducción de ratios y la ausencia de recursos reales para la inclusión dibujan un escenario que perpetúa el mismo modelo de desposesión: promesas vacías y precariedad por todas partes.

Pero este conflicto no es solo salarial. Es el resultado de años de un sistema que ha convertido la red pública en el último refugio de quienes no tienen alternativa, mientras la enseñanza concertada –que ya supera el 30% del alumnado– absorbe recursos públicos sin asumir su deber social. El 6% del PIB destinado a gasto educativo, establecido por la Ley de Educación de Catalunya en 2009, sigue siendo una meta incumplida. Cada décima que falta es un recurso que no llega a las aulas, a las plantillas o al alumnado que más lo necesita.

Aun así, de esta impotencia ha brotado la fuerza. Desde USTEC·STEs hemos apostado por una nueva forma de entender el sindicalismo: abierta, participativa y arraigada en los centros. Miles de encuestas, asambleas y conversaciones han tejido una voz común que ya nadie puede silenciar. De ahí surge la campaña Dignifiquem la nostra professió, que no es solo un lema, sino una manera de recuperar la conciencia colectiva de un sector que sostiene el tejido social, en cada aula y con cada niño y niña.

El Govern, en lugar de escuchar, ha preferido criminalizar el malestar y tildarnos de corporativistas y disruptivas. Pero quien defiende la escuela pública, defiende el bien común. No hay nada más progresista que garantizar una educación digna, equitativa y de calidad para todas y todos. Familias, alumnado e incluso sectores políticos lo han comprendido, y se han sumado a una lucha que ya no pertenece solo a las trabajadoras de la educación, sino al conjunto de la sociedad.

Hoy reclamamos algo tan básico como democracia educativa: una mesa de negociación real, una inversión que cumpla la ley y un sistema que confíe en las profesionales que cada día sostienen el derecho a la educación. No pedimos privilegios; exigimos respeto.

En las pancartas puede leerse una verdad que todo el mundo entiende: la vocación no lo aguanta todo. Y tampoco la dignidad. O el Govern escucha y construye junto a la mayoría, o seguirá encontrando la respuesta en la calle. Porque el profesorado de Catalunya ha aprendido su lección más importante: lo colectivo solo se defiende colectivamente.