El Tercer Sector, paraguas para una crisis

Lo que empezó como una crisis económica, provocada en parte por la especulación y el fraude, ha desembocado en una crisis social, de valores, de vulneración de derechos fundamentales .... La crisis está haciendo desaparecer a las clases medias. Cada vez son mayores las diferencias entre ricos y pobres. El estado del bienestar que tanto nos ha costado levantar se está erosionando. Y la cobertura sanitaria universal, una garantía constitucional, lleva camino de pasar pronto a la historia.

En un reciente encuentro de locales de toda España para analizar el papel de las defensorías en tiempos de crisis, el profesor de ética del Instituto Químico de Sarrià, Albert Florensa, explicó que las crecientes desigualdades tienen mucho que ver con el nivel de renta y la esperanza de vida. Sea cual sea el sistema político, el 20% de la población acapara el 80% de la riqueza, lo que se acaba concretando, en los que más sufren la crisis, en frustración, angustia, inseguridad y baja autoestima, entre otros síntomas.

Con un panorama como éste, en la ‘Sindicatura de Greuges’ de Barcelona notamos como nunca los efectos de la crisis. Las quejas por la falta de atención social básica, las dificultades para pagar las escuelas, para hacer frente a los pagos de las facturas y, sobre todo, por la pérdida de la vivienda de familias con menores se han convertido en la tónica habitual. Algunos de los casos son dramáticos. Una mujer con dos hijos menores ha estado viviendo durante tiempo en una trastienda sin las condiciones mínimas de salubridad. Lo peor del caso es que esta mujer era una víctima de la violencia de género, sufre más de un 70% de discapacidad y cobra una prestación básica. Desesperada, ocupó un piso de protección oficial. Este hecho, ilegal pero comprensible, hizo que, automáticamente, fuera expulsada de las listas de espera para acceder a una vivienda. No ha sido hasta ahora, y después de muchas gestiones, cuando esta familia ha podido disponer de un alojamiento de urgencia social.

Vivienda, pilar del estado del bienestar

La vivienda digna es uno de los pilares del estado del bienestar. El hecho de no disponer de un techo, como en el caso descrito, y la pérdida de la vivienda expulsa cada día a decenas de personas a la calle o a la infravivienda si no tienen un apoyo familiar detrás. La gran mayoría nunca superarán esa situación. La deuda que les queda del crédito hipotecario es tan grande que hace casi imposible que puedan tener una segunda oportunidad.

En nuestra oficina, situada en la Ronda de Sant Pau, 45, hemos recibido decenas de quejas de ciudadanos que han sido desahuciados o lo serán pronto. Hablo de personas que, en general de buena fe o por ignorancia, depositaron su confianza en ofertas crediticias aparentemente generosas de entidades bancarias. Se podrá decir que se sometían voluntariamente a un negocio jurídico privado, pero en este negocio la vigilancia pública preventiva no fue eficaz, y las entidades bancarias fueron poco rigurosas en la valoración del riesgo de la solvencia de estas personas. Nos encontramos ante situaciones de injusticia notoria, amparadas por la legislación vigente, pero no por los principios del derecho, que debe enmendarse.

Mi principal misión en estos tiempos convulsos es velar por que el Ayuntamiento de Barcelona, la administración que puedo supervisar, garantice que los servicios básicos lleguen a todos los barceloneses y barcelonesas, y el derecho a una vivienda digna. Hay que reconocer que el consistorio barcelonés está haciendo esfuerzos importantes para combatir la crisis. El alcalde, Xavier Trias, es bastante sensible a los temas sociales y no ha dudado en ningún momento a aportar dinero a partidas que no son de su competencia, como las becas comedor.

En materia de vivienda, sin embargo, creo que todavía hay carencias importantes, especialmente la falta de una oferta pública de vivienda adecuada a las rentas más bajas. El alquiler asequible debería ser una prioridad. Hacen falta también medidas paliativas y legislativas urgentes para hacer frente al grave problema de los desahucios. Los poderes locales no pueden permanecer ajenos al deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos, la pérdida de un derecho básico y la alteración de la paz social.

Se deben buscar soluciones concretas a la dación en pago (ahora sólo se puede aplicar a una pequeña parte de los desahuciados, los que se encuentran en situación de exclusión social, y siempre que haya voluntad por parte de los acreedores) y acuerdos para intentar que los afectados no pierdan la casa. Aún estamos a tiempo de evitar una fractura social de costes humanos y económicos insoportables.

Garantizar la cohesión social

En tiempos de crisis tan severa, la misión de las administraciones debe ser garantizar la cohesión social y frenar la caída en la exclusión de cualquier persona o colectivo. Los poderes públicos no pueden dar la espalda a los que más sufren. Y esto pasa también por fortalecer ahora más que nunca el Tercer Sector Social, es decir a todas aquellas organizaciones y entidades sin ánimo de lucro que prestan de servicios en ámbitos tan dispares como la educación, la salud y, por supuesto, la vivienda.

De hecho, considero que no se pueden entender las políticas sociales públicas sin la colaboración y la participación de las entidades sociales. En Cataluña, el Tercer Sector Social es imprescindible para aguantar las embestidas de la crisis. Cáritas, por ejemplo, ha evitado en los últimos meses más de 350 desahucios. Pero los objetivos sólo se podrán alcanzar si se cree que el trabajo por desarrollar es útil y necesario. Es necesario, pues, que las entidades avancen conjuntamente con las administraciones, participando también en la elaboración de las políticas sociales, aunque no siempre es fácil de conseguir.

Las entidades sociales aportan el capital humano, los valores y la dedicación continuada de profesionales, con el apoyo de un voluntariado organizado, y son una herramienta indispensable para avanzar hacia una sociedad más justa y más sostenible. El compromiso, la solidaridad, la responsabilidad, el civismo, la cohesión social son valores muy presentes en las más de 4.000 entidades catalanas del tercer sector, valores, por otra parte, que nos han de ayudar a construir un futuro mejor.

Pero nada es gratuito. Se debe dotar a las entidades de los recursos y las estructuras necesarias, de profesionales competentes y bien retribuidos, y de un voluntariado motivado y eficiente para desarrollar su tarea. Equipos de personas que, bajo la filosofía y las directrices de una organización, sean capaces de aportar los servicios adecuados a cada caso, dando respuesta a las carencias existentes y aportando un plus de calidad en el desarrollo de estas políticas sociales.

Últimamente, algunos medios se han hecho eco de diferentes iniciativas ciudadanas espontáneas que ayudan a los vecinos que lo están pasando mal a cubrir sus necesidades más básicas. A llenar la nevera, a pagar las facturas de la luz, el gas o el agua o con artículos necesarios para el día a día como lentes de contacto, juguetes para los más pequeños o ropa de segunda mano. Todas estas iniciativas son muy loables y necesarias, pero si no se desarrollan bajo el paraguas de una organización, muy posiblemente, se apagarán igual que han comenzado.

Durante los 30 años que he tenido el privilegio de pertenecer al mundo social, tanto desde la vertiente profesional como desde el voluntariado, he vivido momentos muy difíciles para conseguir dos objetivos básicos: primero, dotar a las entidades de una organización interna y la creación de las redes de apoyo para poder desarrollar la tarea con garantías, y, segundo, demostrar a las administraciones la necesidad de reconocer nuestro trabajo y tenernos confianza.

Ahora, las entidades deben seguir trabajando para no perder los valores que defienden y para recibir el apoyo económico necesario que requiere el momento presente. Aún queda mucho trabajo por hacer para llegar a conseguir los objetivos básicos de situar a todas y cada una de las personas que tienen derecho a estar y donde se merecen ser tratadas con dignidad.