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La Fiscalía pide más tiempo para acusar a los colaboradores de Junqueras por la reforma de la malversación

Jové y Salvadó en las escaleras del TSJC

Oriol Solé Altimira

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Más tiempo. La Fiscalía ha pedido este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) aplazar la presentación de su escrito de acusación contra los colaboradores de Junqueras Josep Maria Jové y Lluís Salvadó hasta, como máximo, el 20 de febrero, para poder analizar cómo afecta a ambos parlamentarios de ERC la reforma de la malversación que entró en vigor este jueves.

Jové y Salvadó, mano derecha e izquierda de Junqueras en la conselleria de Economía y que pilotaron la logística del referéndum del 1-O, esperan desde hace meses su juicio ante el TSJC. Están procesados por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos, estos dos últimos delitos castigados con penas de cárcel. Son los dos cargos de mayor rango y por los que se explica en buena medida la reforma a la baja de la malversación que ERC acordó con el Gobierno.

Desde el pasado mes de noviembre la Fiscalía y de la Abogacía del Estado podían formalmente concretar sus acusaciones contra Jové y Salvadó, pero les faltaban varios documentos antes de poder presentar sus escritos, por lo que pidieron más tiempo al tribunal, que les dio de plazo hasta el 20 de enero. Un periodo que coincidió con las negociaciones de ERC para aligerar el castigo penal del delito más duro al que se enfrentan sus dirigentes encausados por el procés.

En un nuevo escrito, el teniente fiscal de Catalunya, Pedro Ariche, pide 30 días más de plazo para poder analizar con precisión cómo afecta la nueva redacción de la malversación a Jové y Salvadó. Argumenta el teniente fiscal que el nuevo Código Penal “puede tener incidencia relevante” en la acusación contra ambos parlamentarios de ERC, tanto en su relato fáctico como en la concreción del tipo delictivo.

El nuevo Código Penal crea tres tipos de malversación: la clásica, que implica un desvío de fondos para beneficio personal; y otros dos tipos de malversación sin “ánimo de lucro”, una de uso privado y una de desvío de dinero para otra finalidad pública distinta a la prevista inicialmente. Esta última malversación, con una pena aminorada hasta como máximo cuatro años de cárcel o incluso solo de multa en caso de no existir un “entorpecimiento grave” de las administraciones públicas, era la que ERC querría que se aplicara a sus dirigentes procesados por malversación frente a los ocho años de cárcel a los que se enfrentaban antes de la reforma.

Sin embargo, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dio al traste con las pretensiones republicanas al mantener este jueves que la malversación del procés sigue siendo la clásica, por lo que la reforma legal de la malversación resulta, a su juicio, irrelevante. Una interpretación que ha soliviantado a los republicanos, que ven como su gran apuesta de reducir la inhabilitación de Junqueras y las penas de cárcel a Jové y Salvadó tiene visos de fracasar. La Sala de lo Penal del Supremo emitirá su interpretación sobre la nueva malversación en los próximos días.

A criterio del teniente fiscal Ariche, el análisis de la nueva malversación por parte de la Fiscalía “no puede abordarse desde una perspectiva meramente individualista” en el caso de Jové y Salvadó, ni tampoco “ceñirse” exclusivamente a la interpretación de la Sala de lo Penal del Supremo en la causa del procés que afecta a los exconsellers.

Remarca Ariche que la acusación contra Jové y Salvadó debe estar guiada por el principio de unidad de actuación del Ministerio Público en todas las causas por malversación en España como garantía de seguridad jurídica. Como el análisis del nuevo delito del Ministerio Público finalizará en los próximos días pero será después del 20 de enero –fecha tope que tenía para calificar la causa de Jové y Salvadó–, el fiscal pide 30 días extra.

Además de Jové –uno de los negociadores de ERC con el PSOE– y Salvadó –ahora nombrado presidente del Puerto de Barcelona–, en el banquillo del TSJC se sentará la actual consellera de Cultura Natàlia Garriga, quien en 2017 colaboraba con Junqueras en Economía, si bien ella solo se enfrenta a un delito de desobediencia que no implica penas de cárcel.

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