En menos de 10 años el porcentaje de los ciudadanos que se consideraban partidarios de la independencia en Cataluña ha pasado de alrededor del 20% -bastante menos al inicio de la democracia- a más del 50%. Es posible que a la hora de la verdad no todos votarían por esta opción, pero también hay un porcentaje difícil de evaluar entre los que se proclaman 'no independentistas' -muchos de izquierdas-: los que no admiten la actual situación y declaran que, si el dilema es entre el statu quo actual y la independencia, votarán por ésta última. Por otra parte, nunca se había dado una movilización social como la de este 2011. Más de un 20% de los ciudadanos de un país en la calle -más de un millón y medio sobre 7 millones- y un clamor generalizado de independencia no se disolverán simplemente porque el Gobierno del Estado los ningunee. Todo lo contrario. Se trata de entender lo qué hay en el fondo de la explosión de una sociedad.
Las ciencias sociales y especialmente la historia nos enseñan que este tipo de reacciones colectivas resultan de una combinación de factores estructurales y coyunturales que estallan cuando algunos acontecimientos precipitan la explosión. El principal factor estructural es histórico, lingüístico y cultural, pero también derivado de una estructura económica específica generada por la modernización a la que nos condujo la revolución industrial, además de una fuerte tradición de lucha social, todo lo cual ha construido un relato propio y contradictorio, algo así como lo que dijo Renan: “Una nación hecha de glorias y remordimientos”. Esta base estructural se ha visto reforzada por una relación conflictiva con el Estado español desde el siglo XVII, que alcanzó su cima en el franquismo. La consecución de la autonomía parecía iniciar un proceso de desarrollo del autogobierno, pero pronto se comprobó que los gobiernos centrales sucesivos a partir de 1981 lo iban a acotar al máximo por la vía legislativa y presupuestaria.
En los últimos años el país ha vivido una coyuntura de crisis económica en la que aún estamos inmersos, y que ha afectado fuertemente a Cataluña: desocupación, desinversiones públicas y privadas, recortes brutales en educación y sanidad -las dos joyas de la autonomía-, retraso de las infraestructuras dependientes del Estado -incluso las más necesarias-... El gobierno catalán, en parte con razón y en parte por oportunismo, ha convencido a amplios sectores de la ciudadanía de que se produce un expolio fiscal -que tiene una base real pero que se exagera- que ha supuesto que el gasto público por habitante sea en muchas regiones españolas superior al de Cataluña, a pesar de que los ingresos públicos por habitante que recauda el Estado son muy superiores. La coyuntura económica ha radicalizado tanto a sectores medios como populares, incluidos trabajadores originarios del resto de España y a sus descendientes. A ello se ha añadadido el descrédito del régimen político, de la monarquía, del gobierno y de los partidos políticos, principalmente los que se han alternado en el gobierno del Estado (PP y PSOE), a su vez los más marcados por la corrupción.
Y en este contexto de crisis económica y política han surgido unos acontecimientos que han generado una impresionante movilización popular. Los hitos fueron dos. Por un lado, la provocadora e ilegítima -aunque formalmente legal- sentencia del Tribunal Constitucional (2010), que dio lugar a una de las mayores manifestaciones populares y, por primera vez, a un clamor independentista masivo, aunque no tanto entonces como se ha visto más tarde. Y, al año siguiente, la emergencia deL 15-M. En este caso la reivindicación independentista estaba casi ausente pero en cambio la movilización contra el sistema político y la crisis económica fue un proceso acelerado de socialización política de miles de jóvenes que se distribuyeron por ciudades y barrios en este caso de Cataluña y en gran parte reforzaron la movilización social y nacional. La movilización de los 11 de septiembre de 2012 y 2013 son suficientemente conocidas. Han sido las mayores manifestaciones de la historia de Cataluña. Entre un millón y un millón y medio de personas. No se trata de una minoría activa, más bien de una mayoría que clama contra el Estado español y reivindica, con más fuerza en la reciente Diada (2013), el derecho a la independencia.
Estos hitos han sido momentos fuertes que han sido alimentados por las provocaciones -por acción y por omisión- de los gobernantes y políticos españoles: amenazas de todo tipo si se pretendiera ejercer el derecho de los ciudadanos catalanes a ser consultados, difusión de las informaciones sobre los “agravios económicos”, iniciativas legislativas y declaraciones del ministro Wert contra la lengua y la cultura catalanas, comentarios despectivos y medidas económicas negativas del ministro Montoro, incapacidad absoluta del gobierno español para hacer ofertas y establecer diálogo con los gobernantes catalanes...
Por otra parte, la huelga general promovida por los sindicatos en noviembre 2012 ha demostrado una capacidad de movilización muy superior a la de los años anteriores y una mayor proximidad a las iniciativas del catalanismo. En las grandes manifestaciones de los 11 de septiembre la participación de trabajadores o descendientes de no nacidos en Cataluña se ha hecho notar.
Estos acontecimientos son a la vez síntoma de una fuerte voluntad colectiva de cambio global, que ha encontrado un concepto mítico en la independencia. A la vez, cada uno de los acontecimientos citados ha marcado una progresión que ha reforzado un movimiento que probablemente no ha llegado aún a su culminación. Lo cual puede conducir a una progresiva acción continuada de desobediencia civil, es decir, al no reconocimiento de la legitimidad del Gobierno español, a forzar una declaración de independencia o… a una gran frustración.
En todo caso nos encontramos ante un movimiento ciudadano que, por si hubiera alguna duda, confirma la existencia de un pueblo que se confronta con los poderes establecidos. Es un movimiento interclasista, de sectores populares y clases medias. Obviamente la ciudadanía de origen no catalán participa en menor intensidad pero no hay indicios de que una mayoría de ella esté en contra. Los objetivos son democráticos: autogobierno, reforma política radical que reconozca a la ciudadanía como sujeto activo y no simplemente clientela electoral, cambio del modelo económico vigente, defensa de la identidad cultural y obviamente exigencia de ser reconocido como pueblo.
Los actuales dirigentes de la Generalitat y los líderes políticos de los partidos institucionales siguen el movimiento, no lo representan ni están al frente. Aunque las elecciones catalanas fueron recientes (noviembre de 2012), si queremos analizar la realidad política catalana hay que mirar más hacia la calle y menos a las instituciones. El movimiento social y político es el protagonista de la agenda política y solo puede haber una salida pacífica y pactada mediante la consulta. Lo cual cuestiona la mala 'idea de España', un todo monolítico en vez de lo que es hoy evidente: una realidad plurinacional.
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