No deja de ser curioso que la crítica españolista de los modernos demócratas liberales o progresistas hacia el movimiento popular catalán acusarlo de estar dominado por la derecha conservadora, de populismo demagógico, de atentar contra el Estado de derecho, de totalitarismo político-mediático y de pretender generar el caos y el disturbio en la política española.
Una parte de la derecha política y social catalana está por convicción o por oportunismo a favor del derecho a decidir, mucho menos asume el independentismo. Pero no posee precisamente el liderazgo del movimiento popular. El presidente Mas, un político centrista moderado que reclama 'estructuras de Estado', no la independencia, no impulsa este movimiento que posee una dinámica propia. Él y su partido, Convergència, coquetean con el independentismo. Intentan orientarlo hacia la negociación con el Estado, y de vez en cuando se apuntan a iniciativas movilizadoras -de facto independentistas- como instrumento de presión sobre el Gobierno español, además de para no perder pie dentro del movimiento.
Su aliado Unió (en la coalición CiU) se sitúa en la tercera vía: un pacto basado en un estatuto específico. La crítica, bastante frecuente en los medios progresistas españoles, de que una parte importante de la izquierda catalana va a remolque de la derecha es porque ignora el carácter, las dinámicas políticas y los sectores sociales del movimiento por el derecho a decidir, de base muy amplia y heterogénea. Ni todos son independentistas -aunque cada día aumentan- ni mucho menos son o apoyan a los partidos conservadores catalanes. Una parte vota a CiU, pero muchos más ERC o a los partidos de izquierdas. Como ya hemos dicho, en el movimiento por el derecho a decidir están muy presentes las reivindicaciones socioeconómicas y de reforma radical de las instituciones políticas.
El centrismo catalán, que aplica las políticas socioeconómicas propias del neoliberalismo -como el PP-, va a encontrarse muy pronto ante un dilema difícil que puede debilitarle considerablemente. O bien consigue un acuerdo con el gobierno del PP para hacer la consulta en el 2014 -o antes de las elecciones del 2016- o bien se planteará unas elecciones plebiscitarias.
En el primer caso es muy improbable que consiga hacer la consulta legalizada por el Estado. No hay ningún indicio que ésto sea viable. El Gobierno español apuesta por debilitar a Mas y a CiU. Si opta por las elecciones plebiscitarias, sospecho que es la opción que más o menos ya han asumido, la ruptura con ERC es muy probable. Si no fuera así la ruptura sería dentro de ERC y en todo caso el Govern de la Generalitat se distanciaría mucho de gran parte de la Asamblea Nacional Catalana, convocante de las manifestaciones de la Diada y expresión pública del movimiento aunque solo representa a una parte del mismo. En este caso las izquierdas adquirirán un mayor protagonismo en el movimiento. Solamente si las fuerzas políticas en su conjunto, las que están en el movimiento por el derecho a decidir, optan por una elecciones plebiscitarias, resucitarían a Mas y a CiU. Sería un suicidio.
El populismo que se atribuye al discurso independentista puede resultar a veces demagógico, con frecuencia ingenuo. Lo convierte en mito movilizador y genera ilusiones exageradas, pero su lógica es más de progreso que de reacción. El populismo intelectual de los opinadores mediáticos o de los lideres políticos españoles, teñido de españolismo anacrónico, tiene distintas versiones: el más educado, como el que practican muchos opinadores de El País, o el más agresivo, propio de la FAES, la COPE o Intereconomía, que es un populismo primario propio de la caverna madrileña o de la brutalidad de los líderes extremeños.
Comparados con estos populismos, el catalán es muy civilizado y progresista. Por cierto, toda la vida política está más o menos teñida de populismo y lo hay en la derecha y en la izquierda. A veces ha sido conservador o reaccionario y otras ha sido democrático y progresista.
El atentado al Estado de derecho es una acusación generalizada de la derecha, de los intelectuales liberales y progresistas, del PSOE y sus entornos. ¿Atentar al Estado de derecho es promover una consulta no vinculante a los ciudadanos sobre su futuro? Si la base de la acusación es la Constitución, el atentado está en el texto constitucional, que por cierto se hizo bajo la presión de los militares franquistas y de la monarquía. ¿O acaso el absurdo artículo sobre la “indisolubilidad de la unidad de España” o atribuir a las Fuerzas Armadas la función de garantizarla al margen del Gobierno y de las Cortes es propio del un Estado democrático? Por lo demás, legalizar la consulta se puede hacer de muchas formas: reformar la Constitución, aprobar una ley de consultas a nivel español o no recurrir a una ley catalana, delegar la competencia del Gobierno a la Generalitat o al Parlamento catalanes.
Simplemente la voluntad política del gobierno español, apoyado por el PSOE, es no querer la consulta, pues no puede tolerar que un sujeto político colectivo como es el pueblo catalán se exprese libremente, por afán de monopolizar el poder y por su ideología heredada de la unidad de destino de España. Los intelectuales mediáticos que se escandalizan, como el señor Vargas Llosa en 'El País' del 22 de septiembre, del intento de vulnerar el Estado de derecho deberían mirar a la capital del Estado y no a Catalunya. ¿Han denunciado los múltiples atentados a la Constitución como la reforma laboral o el apoyo a los bancos en contra del derecho a la vivienda? El marco jurídico actual ofrece distintas posibilidades para que se pueda realizar la consulta legalmente. Nos encontramos ante un problema político, no jurídico. Y la posición política del gobierno, del PP y del PSOE es profundamente antidemocrática con resabios franquistas y tendencias próximas al totalitarismo político-jurídico.
En cúanto al totalitarismo político-mediático que según los medios de la capital domina hoy el escenario político catalán, es una acusación que debe compararse con lo que ocurre en el conjunto de los medios de comunicación españoles y su relación con el poder político y económico. Es cierto que el gobierno catalán y los medios públicos que de él dependen priorizan las iniciativas y opiniones favorables al derecho a decidir, que por cierto corresponde al sentir de una gran mayoría de la ciudadanía (1), pero TV3 y el conjunto de canales catalanes públicos están por debajo del 20% de telespectadores, mientras que el 80% corresponde a Telecinco, TV1, Antena 3, TV2, La Sexta... Es decir, televisiones de ámbito estatal y nada proclives al independentismo.
En la radio hay más equilibrio, pues Catalunya Radio (pública) y RAC1 (privada) están en cabeza, seguidas de la SER y la COPE. Los diarios 'locales' en castellano, o bien tienen posiciones intermedias (La Vanguardia, El Periódico), o bien son periódicos estatales (El País, El Mundo) en los que predominan las posiciones cercanas a los partidos de ámbito estatal (PP y PSOE). Por otra parte, hay que tener en cuenta que las noticias las generan las manifestaciones y debates de la mayoría política y social. Sí que se podría criticar a los medios, sea cual sea su orientación, el haberse concentrado en la temática España-Catalunya y dejar de lado las informaciones sobre los conflictos sociales, la multiplicación de plataformas y otras formas de movilización, de protestas y de proposición de alternativas.
La teoría del caos es del gusto de los profetas malditos. Parten de una suposición sin base empírica ni lógica o de un deseo perverso. Nos advierten que la movilización por el derecho a ser consultado -el mero hecho de la consulta- provocaría una catástrofe en Cataluña, que lógicamente se agravaría si ello derivara más tarde en independencia. Es probablemente la teoría más absurda y gratuita de todas, o la más perversa.
¿Hay guerra entre castellanos y catalanes? ¿Los políticos y opinadores mediáticos saben que entre los manifestantes de los 11 de septiembre hay muchos catalanes que hablan castellano, que nacieron en otras partes de España o son hijos o nietos de inmigrantes? ¿Los críticos de izquierda a este movimiento, al que con frecuencia tachan de conservador o reaccionario, saben que CCOO y UGT lo apoyan y que se movilizan tanto en los barrios populares como los de sectores medios, así como los herederos del PSUC, es decir Iniciativa y Izquierda Unida? ¿Acaso las grandes movilizaciones con más de un millón de personas en la calle han generado violencias, enfrentamientos, miedos? ¿Sobre qué bases las personalidades que pretenden situarse por encima del bien y del mal se atreven a anunciar que si el proceso de autodeterminación continúa se creará una fractura que tardará 30 o 40 años en superarse? Si es una predicción, es gratuita. Si es una amenaza, es repugnante. Y si se pretende provocar acciones que intenten generar fracturas en la sociedad, es una maldad.
(1) La líder catalana del PP repite constantemente que representa a la mayoría, eso sí, silenciosa. Pero los votos que reciben ella y las fuerzas políticas contrarias a la consulta y a la independencia no representan más del 20% y no todos sus votantes están contra la consulta. Y recientemente esta supuesta mayoría se ha concentrado en la Plaza Catalunya el 12 de octubre “por la unidad de España”. Ha reunido como máximo dos o tres decenas de miles de personas. Aunque fueran 100.000 como dice la agresiva delegada del gobierno español no llegarían al 6 o 7% de los manifestantes de la Via Catalana del pasado 11 de setiembre. Y este día la señora Sánchez Camacho volvió a repetir que eran “mayoría”.
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