El aumento del transporte público es un abuso y claramente injusto con la mayoría de la gente. Cada vez más personas están siendo excluidas del derecho a la movilidad. Es injusto que el área metropolitana de Barcelona tenga el precio de los transporte más caro de Europa y al mismo tiempo el salario mínimo más bajo.
Es injusto que el director de una multinacional pague el mismo importe que un parado de larga duración y que ha agotado la prestación de desempleo con hijos a su cargo.
No es de extrañar que las movilizaciones contra el aumento del precio del transporte no se detengan y cuenten cada vez con más apoyo social para que se dé marcha atrás a este aumento, que es un abuso de poder. Y es que los números cantan: el aumento desde 2010 llega hasta el 32% en alguna de las tarjetas. Si añadimos los aumentos de los suministros básicos como agua, luz y gas, la vida de muchas familias son cada vez más insoportables.
Es imprescindible que la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) haga una tarifa social para colectivos especialmente vulnerables, como el de las personas paradas y en situación de precariedad laboral o social, o las familias numerosas y/o monoparentales, para que no queden excluidos del acceso al transporte.
Estamos en una situación de emergencia social, los precios suben, los imagen de las protestas contra el aumento del transporte salarios bajan, se agotan los subsidios y la pobreza aumenta. La Barcelona pobre (1.002.441) ya casi duplica la Barcelona acomodada (613.000), un 26% de la población ya es “oficialmente” pobre y el 52% de los jóvenes está en paro, en una Cataluña donde no paran de crecer las desigualdades.
El gobierno Mas y el Ayuntamiento de Barcelona no pueden seguir viviendo en la insensibilidad social y deben ampliar la bonificación que se aplica a las personas que cobran el subsidio no contributivo de 400 euros y ampliarlo –como mínimo a las personas que sus ingresos son inferiores a 1,5 veces el SMI. Esta bonificación representa un descuento de cerca de un 80%, pero se aplica a tan poca gente a pesar de la crisis que, según la propia ATM, el año pasado sólo representó el 0,15% del total recaudado, 692.363,48 euros.
Es cierto que el gobierno del Estado ha reducido considerablemente sus aportaciones a la ATM, pero eso no es excusa para que la ATM se niegue a reinvertir los 25M € que prevé con el aumento del precio del transporte en unas tarifas sociales y que empresas públicas o que actúan por concesión pública los directivos cobren sueldos desorbitados mientras cada vez más y más gente se queda excluida del acceso al transporte público.
De la misma manera que existe la T-12 para niños menores de 12 años, hay que extenderlo y hacerlo de acuerdo con su nivel de renta con una tarificación social y por abonos con tarifa plana a precio reducido, que además tendría el efecto de fomentar y hacer crecer el número de usuarios. La política de precios de la ATM, hecha sin tener en cuenta las necesidades de la mayoría, parece diseñada para hacer más económico el transporte privado, en coche o moto, que el transporte público. El actual sistema es un cóctel insostenible social y ambientalmente.
No puede ser que el gobierno Mas (con el apoyo de ERC), el Ayuntamiento de Barcelona y la ATM (dirigida por CiU y PSC) se laven las manos y la única iniciativa social, basada en el bien común, que se ha puesto en práctica sea la T-11 para que entre los usuarios del transporte público se abarate el billete.
Sea como sea, la FAVB, la CONFAVB, la PTP, Stop Pujades Transport... junto con miles de ciudadanos seguiremos haciendo protestas y denunciando las consecuencias de las políticas neoliberales, hasta que la ATM modifique el incremento de tarifas de 2014 y se ponga el derecho al uso del transporte público en el centro de las políticas sociales.
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