Esta estafa económica que las grandes élites financieras han acordado esconder bajo el eufemismo de crisis nos está desnudando de todos nuestros derechos más básicos. Hemos hablado extensamente sobre el expolio al que la clase trabajadora estamos siendo sometidos: robo a mano armada de nuestro derechos laborales a través de una reforma laboral abusiva, el desmantelamiento de los servicios públicos como sanidad o educación para servírselos como plato principal a los grandes lobbies de las empresas privadas, el ataque a nuestro derecho básico a la información con el recorte sobre los medios de comunicación públicos a beneficio de los privados, etc.
Hay otro atraco social del que estamos siendo víctimas del cual no se habla tanto pero es igual de indigno que los anteriores. Se trata de la merma de nuestros derechos básicos del agua o la energía. La explotación capitalista a la que los suministros básicos se están exponiendo ha generado una nueva cara de la pobreza: la pobreza energética. Una pobreza oculta, socialmente estigmatizada e institucionalmente no resuelta por parte de los gobiernos de las derechas. Ni en Europa, ni en España, ni tampoco en Catalunya.
Hay elementos que provocan indignación porque se pone de manifiesto cómo los gobiernos de derechas (el PP en España y CiU en Catalunya) están haciendo un negocio con nuestros derechos. Una vez más, los beneficios de unos pocos priman sobre los derechos de unos muchos que los estamos perdiendo a pasos agigantados. Entre todos estos derechos, el del agua, por lo que es y por lo que representa, nos debe escandalizar sobremanera. En dos años, el recibo del agua se ha incrementado en más de 80€, casi una cuarta parte del sueldo que entra en millares de domicilios que están en situación de exclusión social. En Catalunya, por ejemplo, se pone de manifiesto cómo la privatización de un servicio público como es el agua se ha convertido en un negocio para los carroñeros: la privatización del ATLL (Aigües Ter Llobregat)nos ha costado a los catalanes casi mil millones de euros en dinero público y el resultado que ha tenido dicha privatización ha sido el del incremento del precio del agua en un 80%. Esta operación responde a aquel refrán tan popular de “cornudos y apaleados”. ¿Cuál ha sido la consecuencia más inmoral de todas? Pues que más de 50.000 personas del Área Metropolitana de Barcelona sufren cortes del suministro básico del agua por no poder hacer frente, debido a la situación socio-económica de las familias, al recibo del agua. Así pues, mientras en muchas ciudades de Europa se están planteando remunicipalizar la gestión del agua, como ya ha ocurrido en París con notables resultados, aquí seguimos utilizando un recurso natural y básico como herramienta de negocio para unos pocos. Y es que en un bien básico como es el agua no deberían entrarse a valorar criterios económicos o mercantilistas, sino que deberían imperar los criterios sociales y medioambientales. Todo lo que no sea así se convierte en una pieza más de esta estafa.
Igual ocurre con la energía. El estado español es el tercer país de la Unión Europea con la energía más cara y uno de los estados con el salario mínimo interprofesional más bajo. Es decir, una manera disfrazada de excluir a una parte importante de la población (casi una cuarta parte según diversos estudios) del derecho básico a la energía. Mientras el 15% de los hogares catalanes no pueden pagar el recibo de la luz, las grandes empresas energéticas no solo hacen negocio con nuestros recursos, sino que se permiten pagar a los expresidentes del gobierno español los ‘servicios prestados’ a través de sueldos importantes derivados de los Consejos de Administración. Las puertas giratorias son el reverso de una democracia inmadura que no es capaz de poner barreras a una corrupción institucional legislativamente aceptada.
Ante esta situación, necesitamos medidas sociales y medioambientales urgentes y no lavados de cara mediáticos como el decreto contra la pobreza energética que aprobó recientemente el gobierno de Artur Mas con el apoyo de ERC. Socialmente es inaplazable garantizar el suministro de agua y energía a las familias más vulnerables y, por lo tanto, prohibir por ley a las compañías de agua y de energía los cortes de suministros por motivos económicos. Esta sería una medida puntual y de resistencia ante la situación actual, pero hace falta un cambio estructural: urge un modelo moderno y transparente de gestión de los suministros básicos, frente al actual modelo privatizador y abusador que imponen los gobiernos de la derecha. Este modelo moderno no puede ser otro que el que se ejerce desde el control público, que debería ser síntoma de la transparencia. Así pues, no nos valen parches de declaraciones, propuestas o decretos contra la pobreza energética, lo que necesitamos es un cambio de modelo y que los suministros básicos regresen al control de quien nunca lo debió perder: lo público. Este cambio, visto está, no vendrá nunca de la mano de la derecha (PP o CiU) ni tampoco de quien llamándose de izquierdas ha gobernado bajo los dictámenes de las grandes empresas que controlan estos servicios.
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