La reunión del pasado lunes 13 de octubre, entre CDC, UDC, ERC, ICV, EUiA y CUP, supuso la ruptura del acuerdo que, desde la transversalidad ideológica y la pluralidad de las opciones, pactamos el pasado 12 de diciembre en torno a una pregunta, una fecha y unas garantías democráticas que deberían clarificar el futuro político de Catalunya. La ruptura de este acuerdo y, por lo tanto, de la unidad de las fuerzas democráticas que defendemos el derecho a decidir, tiene nombre y apellidos: Artur Mas y Gabarró. El presidente de la Generalitat fue quien modificó, de forma unilateral y sin el consenso ni de ERC, ni de la CUP, ni de ICV-EUiA, elementos fundamentales de este acuerdo.
Mas nos quiso hacer pasar gato por liebre y se sacó de la manga un proceso de participación ciudadana que, disfrazado de consulta del 9-N y aprovechándose del clamor social mayoritario que defiende esta fecha, sirviera para iniciar una movilización que terminara, según sus mismas palabras, en la “consulta definitiva” que serían unas elecciones plebiscitarias. En resumen: en su cabeza ya no hay consulta, sino adelanto electoral. En mi opinión, ICV-EUiA habíamos llegado a un acuerdo de país con fuerzas transversales, pero no participaremos de la estrategia electoral del presidente Mas: sólo la ha tejido pensando en sus intereses de partido. Una nueva estrategia de Mas que tiene el peligro de quemar la consulta de verdad generando desafección hacia una parte de la ciudadanía que quiere votar bien, y quemar también la unidad transversal que la defensa.
Por otra parte, hay que explicar con toda la rotundidad de la que seamos capaces por qué motivos el proceso de participación ideado por CiU para el 9-N no nos sirve. Son tres motivos importantes y uno fundamental. Primero: este proceso de participación no tendrá garantías democráticas, dado que no cuenta con la necesaria campaña de deliberación plural de todas las opciones y se hará todo con voluntarios que no avalarán la neutralidad de estos procesos. Segundo: no nos será útil, dado que el propio presidente ha destacado que no es definitiva y habrá que hacer unas elecciones para refrendar su proceso. Y tercero: no tendrá credibilidad internacional, que es la gran arma con la que los y las catalanas hemos contado hasta ahora. Perder la credibilidad internacional con un proceso descafeinado, partidista y nada transversal es lo que quiere el PP y es lo que le está ofreciendo Artur Mas y CiU en bandeja de plata. Pero además de estos tres argumentos importantes, hay uno fundamental para mí: la dignidad. Yo quiero que los y las catalanas votemos como nos merecemos: con urnas, con papeletas, con colegios electorales, con censo democrático, con periodo de deliberación, con observadores internacionales, con recuento oficial, con funcionarios públicos y con un reflejo sociológico del sí-sí, del sí-no y del no. No hacerlo así es reconocer que los poderes del estado, el PP y las élites financieras nos han ganado la partida.
Llegados a este punto, ¿cuál es la alternativa? Modestamente, creo que hay dos.
La primera alternativa es la propuesta que defendimos fundamentada en que el Govern, que es quien tiene las competencias para hacerlo, asegurara las garantías democráticas necesarias para votar con dignidad y, por tanto, buscar la unidad requerida por la sociedad para acordar cómo y de qué manera desobedecer a quienes nos niegan no la independencia, sino el derecho a voto. La segunda alternativa: que el presidente retire su proceso de participación, dado que tiene el riesgo de cargarse la consulta como proceso democrático y la seguridad de resquebrajar la unidad de las fuerzas pro-consulta, y pactar un escenario unitario de fuertes movilizaciones para evidenciar, ante los ojos del mundo que nos mira, que el responsable de negar el derecho a voto de los y las catalanas es un gobierno del estado con tics antidemocráticos y una profunda democraciafobia.
Artur Mas tiene la responsabilidad, porque es el presidente de la Generalitat de Catalunya, de decidir qué escoje: sus intereses electorales o la fuerza transversal de la unidad en torno al derecho a decidir.
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