Un patriarca de La Mina señala a un concejal del PSC por darle dinero negro a cambio de vigilar pisos sociales

Los acusados, durante el juicio

¿Extorsión o corrupción? Esto es lo que dirimirá la Audiencia de Barcelona, que desde este lunes juzga al concejal del PSC de Sant Adrià del Besòs (Barcelona) Juan Carlos Ramos, al patriarca de La Mina Ángel Amaya, el Tío Cristina, y a dos empresarios, José F.F. y Joaquín R.F., por una supuesta trama de pagos en negro y empresas pantalla para vigilar que no se ocuparan los pisos sociales del barrio. La Fiscalía pide hasta doce años de inhabilitación por prevaricación para los acusados, pero evita pedir penas de cárcel pese al presunto mal uso de fondos públicos.

La primera sesión del juicio ha sido rocambolesca. La Fiscalía ha llegado a un pacto parcial con Amaya, exjefe de un grupo de nacotraficantes de la Mina, y uno de los empresarios acusados, y se ha comprometido de que a cambio de su confesión al final del juicio les rebajará la petición de pena de siete a dos años y medio de inhabilitación para cargo público –al que por otro lado tampoco aspiran al estar ambos jubilados.

Amaya ha cumplido a la perfección su papel de delator y ha corroborado punto por punto el relato del Ministerio Público. El jefe del grupo Los Manolos ha reconocido que hombres de su confianza "vigilaban todos los pisos" sociales pese a que el Consorcio de La Mina había adjudicado el contrato a otra empresa de seguridad. "Yo era el que vigilaba todos los pisos y al irme yo se metieron todos los ocupas", ha abundado.

A cambio de esta vigilancia irregular, que la Fiscalía atribuye a un pacto entre el líder gitano y el concejal debido a la influencia del primero, Amaya ha relatado que Ramos le pagaba "mil euros al mes en mano". Si bien en un principio solo ha recordado que los pagos se los daba "un tío llamado Juan Carlos", al final ha señalado al concejal sin dudas: "Fue ese señor sentado aquí detrás", ha dicho, apuntando con el dedo a Ramos. La Fiscalía cifra los pagos en negro a Amaya en 27.400 euros.

Amaya es un viejo conocido de las salas de justicia. A principios de año aceptó un año y ocho años de cárcel a cambio de delatar a un inspector de Policía jubilado al que sobornó a cambio de que le avisara de las operaciones antidroga que realizaban los Mossos d'Esquadra. Este martes ha comparecido ante el tribunal, que le ha eximido de acudir al resto de sesiones por su deteriorado estado de salud.

La sesión se ha complicado cuando el segundo acusado que teóricamente había llegado a un pacto con el Ministerio Público ha contradicho la acusación para estupor del tribunal de la sección sexta de la Audiencia de Barcelona y la fiscal. Se trata del administrador de la empresa de seguridad que sí había suscrito un contrato con el Consorcio de la Mina para vigilar los pisos, que según la acusación no era sino un documento pantalla para enmascarar los pagos irregulares a Amaya.

Según la fiscal, el administrador de la empresa, José F.F., retiraba parte del dinero en efectivo, se lo hacía llegar a Ramos y éste se lo pagaba a Amaya. Pero en vez de una trama corrupta entre el político del PSC –que sigue ocupando su cargo de concejal– y Amaya, José F.F. ha dibujado una operación de extorsión de Amaya para cobrar en negro a cambio de garantizar que los pisos sociales no serían ocupados por miembros de su banda, lo que ha roto los esquemas de la Fiscalía.

"Amaya me decía que para trabajar allí en seguridad le tenía que pagar a él", ha dicho, situando así al concejal del PSC como un mero intermediario en vez de cerebro de la trama, tal y como sostiene la Fiscalía. Además ha negado la tesis de la Fiscalía de que la vigilancia de los pisos corría a cargo de los hombres de Amaya. "No, las vigilancias las hacía mi empresa", ha insistido.

El embrollo ha sido tal que el tribunal ha invitado al acusado a hablar en privado con su abogada, que ha excusado las contradicciones de su defendido porque, en sus palabras, "muy difícilmente las cosas que pasan en la vida real coinciden con los párrafos de los escritos del fiscal o de la defensa". Finalmente la fiscal ha leído los párrafos completo de su escrito y el empresario se ha limitado a confirmarlos.

Ni el concejal ni el otro empresario, los dos acusados que han rechazado pactar con la Fiscalía, han declarado este martes sino que lo harán al final del juicio. El alegato principal de Ramos se centra en que su objetivo era preservar la paz social del barrio, uno de los más vulnerables y estigmatizados de la periferia Barcelona.

Distinta opinión han mostrado los agentes de los Mossos d'Esquadra que tenían en el punto de mira a Amaya por cuestiones de narcotráfico y que interceptaron las llamadas del patriarca con Ramos en el que le reclamaba el dinero. Según los agentes, el poder de Amaya era tal que tras su detención las ocupaciones proliferaron en los bloques que antes vigilaban sus hombres. "La gente del barrio tenía miedo a Amaya, solo tras su detención empezaron a hablar con nosotros", ha valorado un agente.

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Publicado el
15 de septiembre de 2020 - 16:12 h

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