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CATALUNYA

20-S, el día en que el independentismo se prometió que votaría

Primer aniversario de la operación para impedir el 1-O, que culminó varios meses de investigación del referéndum y espoleó a los independentistas para celebrarlo

El cerco a la conselleria de Economía mantiene en prisión a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, e imputado por sedición y a la espera de juicio al exmajor Trapero

Las entidades soberanistas llaman a volver a la Rambla Catalunya: "Estuvimos y volveremos a estar"

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Concentració davant la Concelleria d'Economia  Gran Via / Rambla Catalunya

Concentración frente a la conselleria de Economía ©SANDRA LÁZARO

El 19 de septiembre de hace un año el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, firmaba los autos que un día después se materializaron en la mayor operación para intentar impedir el referéndum: una decena de detenciones y más de cuarenta entradas y registros en despachos, consellerias y empresas. El 20-S supuso un antes y un después. Pese a los arrestos, la operación espoleó al independentismo para votar sí o sí el 1 de octubre. Al mismo tiempo, supone una pata esencial de las acusaciones de rebelión y uno de los motivos que mantiene en prisión provisional al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y al expresidente de la ANC y actual diputado de JxCat, Jordi Sànchez.

Por si algo se recuerda el 20 de septiembre es por la concentración –o acoso, según a qué parte del estrado se pregunte– que mantuvo dentro de la conselleria de Economía hasta altas horas de la madrugada a varios agentes de la Guardia Civil y a la secretaria del juzgado. La protesta, a la que llamaron la ANC y Òmnium en una "incendiaria convocatoria", en palabras del magistrado del Supremo Pablo Llarena, arrancó pocos minutos después de las nueve de la mañana y se desconvocó pasada la medianoche.

La operación había empezado a las 8.00 horas. El primero en caer era el número dos de Junqueras y cerebro logístico del 1-O, Josep Maria Jové, detenido en su coche en plena ronda litoral de Barcelona. El nerviosismo se apoderó los partidos y los dirigentes independentistas. El exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, llamó a una secretaria para que tirara los papeles de su mesa por un patio de la conselleria. Tenía el teléfono intervenido desde hacía meses. Puigdemont, acompañado de todo el Govern, compareció en la Generalitat para anunciar que el 1-O seguía, pero de puertas para adentro no todo el mundo lo tenía tan claro. Los agentes de la Guardia Civil almorzaban en el comedor de la conselleria.

Además de registrar despachos en Economía y las sedes de las conselleries de Trabajo, Vicepresidencia, Gobernación y el centro de telecomunicaciones, los agentes acudieron a domicilios particulares y a una nave industrial cerca de Barcelona donde se incautaron de miles de papeletas. Las urnas seguían sin aparecer, pero los agentes se hicieron con un pendrive en el que había la lista de locales del 1-O.

Enseguida el foco se centró en la sede del departamento de Oriol Junqueras en la Rambla de Catalunya con la Gran Vía, en pleno centro de la capital catalana. "Votarem!", fue el cántico más escuchado. Por unas horas se desplazó hacia la sede de la CUP, frente la cual antidisturbios de la Policía Nacional se personaron sin orden de registro. La jueza lo archivó y la Audiencia de Barcelona tiene que decidir si reabre el caso.

Miles de personas cortaron la calle a las pocas horas de iniciarse los registros. Lo que para la más alta instancia judicial española fue un intento de impedir la acción de la Justicia y una muestra del poder de ANC y Òmnium para desplegar a las masas para conseguir la independencia unilateral es, a criterio de las entidades soberanistas, una expresión de los derechos de reunión y manifestación.

Desde el 16 de octubre de 2017 Cuixart y Sànchez están en prisión provisional. La imagen de ambos subidos a un coche destrozado de la Guardia Civil (en el que dentro había armas y al que antes se habían subido los periodistas) es la que se recuerda del 20-S en los despachos del Supremo. Lo hicieron para pedir a la gente que se fuera a casa. Y la gente cumplió, pese a los abucheos iniciales por haber desconvocado la protesta.

Los presidentes de Òmnium Cultural y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, durante la protesta frente a la Conselleria de Economía

Los Jordis, subidos a un coche de la Guardia Civil ROBERT BONET

Pero las entidades no se arrepienten, un año después. "Estuvimos y volveremos a estar", reza el lema de la convocatoria de Òmnium y la ANC para este jueves para conmemorar el aniversario de la jornada frente a la conselleria de Economía. El goteo de políticos fue constante frente a la conselleria: Oriol Junqueras hizo acto de presencia a primera hora de la tarde. Se montó un escenario y varios grupos dieron conciertos improvisados. Mientras, los abogados de los detenidos solicitaban los hábeas corpus. Ninguno tuvo éxito y algunos políticos como Jové y Salvadó no quedaron en libertad hasta dos días después.

Las lupas sobre el 1-O

La operación del 20-S no nació de la nada. El juzgado de instrucción 13 investigaba desde hacía meses bajo secreto de sumario los preparativos del referéndum a raíz de sendas querellas interpuestas por parte del abogado Miguel Durán y el partido ultraderechista VOX contra el por entonces todavía senador de ERC y exjuez Santiago Vidal. Las conferencias de Vidal, donde ante un auditorio independentistas llegó a afirmar que el Govern había obtenido ilegalmente los datos fiscales de los catalanes o que se habían hecho listas de jueces favorables a la independencia, permitieron abrir una investigación, pero no la única. Vidal se retractó de todo en sede judicial.

Además de este juzgado de Barcelona, que un año después mantiene abierta una causa con más de cuarenta investigados, la Fiscalía Superior de Catalunya ya tenía abierta una investigación sobre los preparativos del 1-O. Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional  había empezado a investigar las denominadas 'estructuras de Estado'. Todo ello finalmente fue asumido por el juez Ramírez Sunyer. A su vez, la causa y los informes de la Guardia Civil que engrosan el sumario de instrucción 13, que alcanza los 40 tomos, forman parte de la causa y son parte esencial de la causa por rebelión del Supremo.

El papel de los Mossos

Guardia Civil, Fiscalía y los instructores de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ven en los Mossos y en el exmajor Josep Lluís Trapero una deliberada dejadez en la jornada del 1-O para facilitar la votación y en el 20-S para no impedir el cerco a Economía. Junto a la intendente Teresa Laplana, Trapero está en libertad a la espera de juicio por sedición y organización criminal. La vista oral en la Audiencia Nacional no será inmediata, pues primero tendrá lugar el juicio a los políticos y activistas en el Supremo. 

El exmajor, a quien el soberanismo encumbró a la categoría de héroe tras los atentados de Barcelona y Cambrils, sigue en el cuerpo aunque lejos de la primera línea un año después del 20-S. En estos meses ha rechazado los intentos del independentismo para utilizar su imagen y ha visto cómo por parte de la Audiencia Nacional se le otorgaba un papel clave en el supuesto plan para la secesión unilateral pese a que el día en que el Parlament declaró la independencia se puso plenamente a disposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia y el fiscal jefe de Catalunya.

Respecto a lo ocurrido frente el departamento, los Mossos replicaron que, de haber sabido el día anterior que se preparaba un operativo de ese calibre, habrían reforzado las medidas de protección a la comitiva judicial. La policía autonómica aseguró que se enteró por la prensa de los registros. Un año después, se siguen cosiendo las heridas que el 20-S provocó entro los Mossos y el resto de cuerpos policiales y jueces y fiscales.

Por el momento no se han atendido los numerosos informes de los Mossos que documentan cómo a las 9.34 horas ya había cuatro equipos antidisturbios en el lugar, cifra que fue aumentando a lo largo de la mañana hasta llegar a once unidades. De hecho, en el auto de procesamiento a los líderes independentistas, el juez Llarena afirmó que el registro en Economía se practicó "bajo la sola protección de los dos Mossos d’Esquadra que diariamente se encargan de la vigilancia ordinaria en el acceso del edificio y que no recibieron refuerzo ninguno durante el día".

Si no se hizo un pasillo para los detenidos fue por "absoluta imposibilidad" de realizarlo, alegó el exmajor Trapero, ante la presencia de una masa de gente (hasta 40.000 personas) que impedía los movimientos y la actuación policial. Aclarar la falta de un pasillo y la renuncia de varios detenidos a acudir a Economía  es un carta que algunas defensas se plantean utilizar. Pero de hecho, los Mossos sí cargaron el 20-S: poco antes de la una de la madrugada despejaron definitivamente de la zona a los pocos jóvenes con ganas de más jaleo que quedaban en la Rambla Catalunya. Faltaban diez días para el 1-O. 

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