Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
Sánchez busca romper la unidad del PP para reformar la financiación autonómica
La Fiscalía pide la declaración del marido de la número tres de Ayuso y otro testigo
Opinión - Así se desmonta un bulo de Vox en directo. Por Raquel Ejerique

¿Quién pagará la factura de la crisis sanitaria? Los expertos no se ponen de acuerdo sobre la viabilidad de una 'tasa covid'

Un profesional sanitario realiza su trabajo con enfermos de la COVID -19 en la UCI del hospital del Mar de Barcelona

Arturo Puente

15

“Cifras astronómicas”, exclamó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras anunciar al Congreso el jueves pasado que los gastos de la crisis ascendían ya a 138.900 millones de euros. Se trata de uno de cada diez euros producidos en España durante un año completo y casi la mitad de los gastos recogidos en los últimos presupuestos generales del Estado. ¿Quién y cómo va a pagar esa factura? Varios partidos y gobiernos del mundo están planteándose nuevas medidas fiscales, a la que se ha venido aplicando la etiqueta de 'tasa covid', pese a que los economistas no se ponen de acuerdo sobre su efectividad.

En España la idea de la 'tasa covid' ha sido esgrimida sobre todo por Unidas Podemos, que la ha propuesto en forma de gravamen a las grandes fortunas, a partir de un millón de euros, descontando la vivienda habitual. La medida se vehicularía a través de la actual figura impositiva del impuesto de patrimonio que, según los cálculos presentados por Pablo Iglesias ante la comisión para la reconstrucción social y económica creada en el Congreso, podría generar hasta 11.000 millones de euros.

Pero, según los expertos, modificar la tasa sobre el patrimonio podría ser más problemático de lo esperado. Este es un impuesto que data del año 78, sobre el cual se ha hecho mucha ingeniería fiscal y que solo computa el patrimonio según su valor catastral, lo que reduce mucho los contribuyentes afectados a la vez que permite ocultar algunos patrimonios que están depositados como bienes.

“El llamado impuesto a las grandes fortunas parece que vendría a sustituir, con carácter permanente al Impuesto de Patrimonio, siempre según las noticias porque no hemos visto una propuesta técnica”, afirma Stella Raventós, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales. “En cuanto a la cifra de 11.000 millones, a nosotros nos parece realmente exagerada. De hacerse una propuesta técnica seria, ésta debería venir acompañada de lo que en inglés se conoce como un ”impact assessment“, es decir, una verificación del impacto económico. No creemos que eso se haya hecho todavía”, afirma.

En opinión de Raventós, “no parece el momento para aumentar la carga fiscal de las empresas que hayan podido sobrevivir a la crisis, sino de apoyarlas”. Su receta pasa por “una inyección de liquidez para poner en marcha la economía, endeudándonos en lo que sea necesario, seguido de un recorte de gastos no imprescindibles, como todos aquellos que responden a criterios puramente políticos”. Finalmente desde la organización de Asesores Fiscales reclaman “un replanteamiento global del sistema impositivo.

A por un millón de ricos

“La Covid Tax que se está planteando a nivel europeo es algo diferente y no está pensado para los 202.000 contribuyentes del impuesto de patrimonio, sino en un grupo algo más grande, unas 978.000 personas que en España tienen mas de un millón de euros, incluyendo la vivienda habitual, pero a precio real, no a precio histórico ni catastral”, explica el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, José María Mollinedo.

Las cifras que maneja la entidad vienen de un estudio de Credit Suisse presentado en octubre pasado, donde se cuantificaban en 746 personas las que poseían un capital real de 100 millones o superiores. De estos aún distinguían una capa superior de privilegiados, aquellos con patrimonios de más de 500 millones de euros, que con DNI español suman 61 personas.

Según los cálculos que exhibe Gestha, con un gravamen de entre el 1% y el 3,5% a este casi millón de ciudadanos españoles más ricos, podrían recaudarse 21.000 millones de euros. Una cifra que, aún estando lejos, comienza a parecerse a la magnitud de la factura de la COVID más que ninguna otra modificación fiscal de las que están sobre la mesa.

Además, de acuerdo con la propuesta que están haciendo diversas plataformas de fiscalidad justa en varios puntos de europa, esta tasa Covid sería temporal, solo durante los años que durara la crisis sanitaria y sus efectos, y se implantaría de forma coordinada en el conjunto de la Unión Europea.

Ante esta propuesta, ¿puede ocurrir una fuga de capitales? “Hay experiencias que indican que eso no ocurre”, responde Mollinedo, porque “a nadie le asusta un 3,5%”. El técnico cita estudios realizados sobre el llamado “recargo de solidaridad” que aprobó Sarkozy en Francia o también el impuesto a la riqueza introducido por Bildu en Gipuzkoa. “Lo que sabemos es que las personas no cambian el centro de sus intereses vitales y económicos por un impuesto del 1, del 2 o del 3%”, explica Mollinedo, que añade que si hay un cambio de domicilio fiscal no justificado, la Agencia Tributaria suele detectarlo y castigarlo.

De entrada, más déficit y más deuda

Otros economistas consideran que no estamos en el momento idóneo para hacer propuestas definitivas sobre fiscalidad, sino de debatir sobre las medidas más adecuadas para frenar el impacto de la crisis. “Cuando se produce un shock tan grande lo único que se puede hacer es intervenir por parte del sector público y hacer lo que haga falta para que este shock sea lo menos dañino posible. Eso va a aumentar el déficit, que se convertirá en deuda y todos vamos a ser más pobres. Es de manual”, afirma Alejandro Esteller-Moré, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona.

Esteller-Moré ha publicado junto a su compañero de José María Durán-Cabré varios artículos en los que enumeran una serie de medidas fiscales extraordinarias al alcance de los gobiernos, que van desde generar una nueva “moral fiscal”, reformar el impuesto de sociedades o lanzar unos “bonos sanitarios”, a imagen de los bonos patrióticos de la Gran Recesión. También contemplan una posible reforma del impuesto sobre el patrimonio, aunque los economistas de la Universidad de Barcelona advierten que esa figura tendría hoy grandes lagunas y poco efecto recaudatorio.

“Yo de entrada no me volvería loco pensando cómo vamos a pagar esto hoy y en los próximos años”, apunta además el catedrático. “Ahora estamos en el agujero, hay que garantizar que no nos vamos al garete y ver cómo se estabiliza la economía desde la UE. La deuda es problemática si está descontrolada pero, mientras la mantengamos bajo control, nos costará más o menos salir de la piscina, pero sabemos nada”, afirma Esteller-Moré.

Con todo, estos dos economistas de la Universidad de Barcelona sí consideran que podría aplicarse un impuesto especial y temporal a las sociedades, en forma de recarga y únicamente para aquellas que hubieran mantenido sus beneficios. Sería, explica el catedrático, una decisión que “incluso podrían impulsar algunas de las grandes marcas españolas, con retorno en imagen y publicitario”, y que en realidad no representaría un coste tan alto en su cuenta de resultados.

Más escéptico sobre la capacidad de pagar la factura de la pandemia con nuevas medidas fiscales es Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la Pompeu Fabra y experto en gestión sanitaria. “De entrada, no puedes poner un impuesto con la idea de destinarlo a financiar una sola cosa, porque hay caja única, y además no puedes generar una dependencia sobre lo que quieres financiar, en este caso la sanidad, de la recaudación de un impuesto, que es variable”, asegura.

En opinión de Casasnovas las ideas en torno a la 'tasa covid' son una “justificación política” para crear nuevos impuestos, pero “no se corresponden con la realidad”. El experto considera además que el aumento del gasto sanitario generado por la COVID-19 no será coyuntural, sino que irá a más, por lo que contempla introducir tasas por servicio, es decir, formas de copago sanitario. “Ya se financian así servicios como la Universidad”, indica.

15 medidas para un “rescate fiscal”

La Plataforma por una Fiscalidad Justa, una entidad que agrupa más de una veintena de colectivos entre los cuales hay sindicatos y diversas plataformas sociales, ha presentado un documento en el que propone dar una respuesta social a la crisis sanitaria. En la propuesta, elaborada con la colaboración de Gestha, la plataforma propone 15 paquetes de medidas para un “rescate fiscal en tiempos de la COVID-19”. Unas reformas que, además de hacer más progresivo el sistema, permitirían recaudar hasta 34.300 millones de euros anuales nuevos, según sus cálculos.

El documento distingue entre las medidas que deberían estar contenidas en un primer plan de choque y las que deberían incorporarse a largo plazo. En el primer grupo, la plataforma afirma que debe rebajarse el mínimo exento del impuesto de patrimonio, que actualmente se sitúa en los 700.000 euros, hasta los 350.000 euros. También contemplan reducir o eliminar las bonificaciones de este impuesto que hacen comunidades como Madrid (100%) o La Rioja (75%). Otra de las medidas que incluyen en el corto plazo es gravar con el impuesto de sociedades a aquellas grandes empresas que presenten beneficios extraordinarios durante la crisis.

“Sabemos que el impuesto de patrimonio sigue siendo un campo de batalla ideológico. Pero desde la plataforma defendemos mucho la vía de eliminar exenciones y bonificaciones de varios impuestos, como el IRPF o sociedades, que puede ser muy provechoso”, explica el portavoz de la Plataforma por una Fiscalidad Justa, Xavi Casanovas.

Respecto al largo plazo, la plataforma considera que la 'tasa covid' de emergencia podría consolidarse como un impuesto para grandes fortunas, acompañado de un impuesto a las grandes empresas tecnológicas –la conocida como tasa Google– y otro recargo para las transacciones financieras, fijándose sobre todo en los productos más especulativos y tóxicos. Plantean además la creación de una autoridad fiscal europea que sirva no solo para armonizar los sistemas impositivos de la UE, sino sobre todo para luchar contra la evasión fiscal y evitar los paraísos fiscales, tanto dentro como fuera de las fronteras comunitarias.

Para Casanovas este es un momento de relativo optimismo respecto a que se pueda aplicar una nueva fiscalidad más consecuente con los nuevos costes sanitarios. “Es evidente que hay una moral fiscal alta”, asegura. “Creo que en este momento todos hemos visto la importancia de tener un sistema sanitario fuerte y bien financiado, y los efectos de los recortes. Por tanto es un momento en el que la gente entiende mejor que las grandes empresas y las fortunas tienen que hacer un mayor esfuerzo”, afirma Casanovas.

Etiquetas
stats