Los peritos de la Fiscalía admiten que su cálculo sobre el coste de abrir colegios el 1-O tiene “errores que se compensan”

Un tercio de los casi tres millones que la Fiscalía y la Abogacía del Estado consideran malversación de fondos públicos ha pasado este jueves el examen de una prueba pericial en el juicio del procés. Se trata de los 900.906,70 euros que, según un informe de los peritos de Ibertasa y la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA), costó abrir el 1-O los 2.259 locales –entre los que también había centros privados– habilitados como puntos de votación el 1-O.

La sesión ha supuesto un choque entre los dos peritos de Ibertasa y Segipsa, propuestos por las acusaciones, y los dos peritos del Colegio de Arquitectos de Barcelona propuestos por las defensas, que han defendido que no se puede calcular un coste respecto a la apertura de los centros. Los cuatro han comparecido a la vez, y además de responder a las preguntas de las partes, se han criticado mutuamente por las metodologías usadas en sus respectivos informes.

Hasta tal punto han llegado las críticas de los peritos de la defensa que el perito de Ibertasa José Manuel Cámara, propuesto por la Fiscalía, ha admitido que su informe recoge superficies de centros de votación muy dispares: las hay, ha concretado, tanto de 73.000 metros cuadrados como “de once o trece metros”. “Los errores por un lado se compensan por el otro, nos importa el total, no el valor de la unidad”, ha argumentado ante la estupefacción de los peritos de la defensa.

“¿Cuándo hay un valor catastral disparatado por lo bajo no les molesta?”, ha reprochado Cámara a sus colegas. La media de superficie utilizada en los centros de votación el 1-O fue de 2.494 metros cuadrados, según Segipsa e Ibertasa.

La crítica de los peritos de la defensa a los métodos empleados por Ibertasa y Segipsa para su informe no se ha quedado en la desproporción de superficies analizadas. En este sentido, el perito Jordi Duatis ha indicado que en varios centros los peritos de las acusaciones han usado para su cálculo la superficie y el valor catastral de todo el colegio, no solo del espacio destinado a la votación. Esto ha llevado a que se incluyan los 73.000 metros cuadrados que ocupa el colegio de la Escuela Industrial de Barcelona.

“Es de sentido común, todo el mundo sabe que en un proceso electoral utilizamos una parte de la planta baja, no los ocho pisos que tiene por encima o los tres sótanos”, ha abundado Duatis. Pero la censura más importante de los peritos de la defensa se basa en que los técnicos de las acusaciones han hecho su cálculo como si todos los 2.000 puntos de votación –en los que hay colegios públicos pero también ayuntamientos, centros privados, residencias o centros cívicos– pudieran alquilarse en el mercado como un inmueble privado.

En este sentido, los peritos de las acusaciones han explicado que la cifra de 900.906,70 euros se obtiene a partir de un cálculo basado en “un valor potencial si los locales se ponen en el mercado vía concesión o arrendamiento”. “Es evidente que los centros están fuera del mercado inmobiliario, utilizamos un concepto de renta equivalente”, han añadido Cámara y el perito de Segipsa Carlos Irrasi. Según ambos peritos, la cifra que han proporcionado al tribunal es “el cálculo de un valor razonable pero no es el valor de mercado”.

Duatis y el otro perito de la defensa, Joan Güell, han tildado de “mero ejercicio teórico” los métodos empleados por Segipsa. “No existe posibilidad de arrendamiento civil en edificios públicos y la posibilidad de lucro cesante tampoco existe”, han remarcado. “Si un restaurante cierra un día tiene lucro cesante, pero los colegios no. Si no se hubiera celebrado la votación, los colegios tampoco hubieran sufrido ningún cambio patrimonial”, ha agregado Duatis. De ahí que la conclusión de estos peritos sea que no se puede calcular el coste de abrir centros públicos el 1-O. En consecuencia, tal y como sostienen las defensas, no cabría incluir los 900.906,70 en el monto de la presunta malversación.

Los guardias civiles, testigos–peritos

El plato fuerte de la jornada estaba reservado para la sesión de tarde con la comparecencia de los dos guardias civiles que analizaron los documentos que sustentan la acusación por rebelión, el power-point de autor desconocido 'Enfocats' y la libreta Moleskine del exnúmero dos de Junqueras, Josep Maria Jové. Era una de las pruebas periciales más importantes para la Fiscalía y había sido impugnada con rotundidad por las defensas, que arguyeron que los agentes no tenían la imparcialidad necesaria de un perito.

El tribunal, cuando en febrero admitió las pruebas propuestas de las partes, limitó el carácter de pericial de inteligencia solicitado por la Fiscalía y ya advirtió que los agentes comparecerían como “testigos expertos” centrados únicamente en los hechos más que peritos que pudieran hacer valoraciones. Así lo ha reiterado el magistrado Manuel Marchena este jueves ante las nuevas quejas de las defensas.

Con todo, el buen hacer de las defensas ha logrado diluir la prueba, que tan solo ha durado 15 minutos y ha terminado con la renuncia a preguntar del fiscal Javier Zaragoza a seguir preguntando. Antes de empezar, el tribunal, a instancias de las defensas, ha decidido excluir a uno de los dos guardias civiles propuestos por la Fiscalía para analizar los documentos intervenidos en la operación del 20-S. El motivo es que este capitán ya había declarado como testigo.

Una vez iniciado el interrogatorio del sargento, las defensas han protestado porque Zaragoza preguntaba sobre 'Enfocats', documento incautados en el domicilio de Jové, cuando la prueba debía versar sobre los documentos hallados en su despacho profesional porque así constaba en el auto de admisión de pruebas. “Tiene razón la defensa”, ha dicho Marchena después la queja de Marina Roig y Andreu Van den Eynde.

Y cuando Zaragoza ya ha preguntado por “anotaciones manuscritas” halladas en el despacho de Jové, Van den Eynde y Roig han vuelto a quejarse, ya que dichas anotaciones forman parte de un informe de la Guardia Civil, pero las originales no están en la causa. Finalmente Zaragoza ha renunciado a seguir preguntando después de que el tribunal advirtiera en dos ocasiones de que el sargento no podía realizar valoraciones sobre los documentos ni el fiscal preguntar cuestiones que suscitaron la valoración del testigo.

Con todo, que el sargento de la Guardia Civil no haya declarado sobre ambos documentos no implica que queden excluidos del juicio. El tribunal valorará a la hora de dictar sentencia tanto el 'Enfocats' como la Moleskine porque forman parte de la prueba documental, pero sin las aportaciones del sargento.

Médicos, informáticos y una filóloga

El resto de peritos de la jornada han sido propuestos por las defensas. Los médicos Xavier Crusí y Ferran Caballero han valorado, tras analizar el centenar de partes médicos de agentes policiales heridos el 1-O, que solo 33 de los policías presentaban lesiones atribuibles a agresiones de votantes. Ambos médicos han trasladado al tribunal es que la mayoría de las lesiones fueron leves y que no detectaron “ningún caso grave”.

Seguidamente han tenido lugar las dos últimas periciales del juicio, la primera de ellas filológica sobre la traducción errónea al castellano que la Ficalía realizó de un informe de la Comisaría Superior de Coordinación Central de los Mossos d'Esquadra referido a los posibles escenarios de cara al 1-O. La jefa del departamento de gramática del Institut d'Estudis Catalans (IEC), Gemma Rigau, ha constatado que el Ministerio Público tradujo como una obligación una frase que en catalán expresaba un mero futurible.

Se trata de la frase en catalán “s'ha de celebrar el referèndum de l'1 d'octubre”, que la Fiscalía tradujo como “debe celebrarse” cuando en realidad su sentido es “se celebrará”, ha precisado la perito. Se trata de un caso de “falso amigo”, por uso de palabras iguales que aparecen en dos lenguas sin que coincida su significado, ha indicado de forma didáctica Rigau.

La última pericial del juicio ha siso la de dos informáticos que han manifestado que la Guardia Civil concluyó erróneamente una gestión compartida entre la asociación cultural y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat de la web pactepelreferendum.cat. Según los expertos, algunos de los accesos que se produjeron a la web no fueron realizados ni por Òmnium ni el CTTI, sino por la empresa proveedora del servicio, uno de los cuales fue propiciado además por el propio instituto armado al investigar este dominio. El juicio quedará visto para sentencia el 11 o el 12 de junio.