Puigdemont pide a Llarena “no incumplir” la sentencia europea y enviar la causa a Barcelona

Movimiento de Carles Puigdemont tras la sentencia europea sobre las prejudiciales del juez Pablo Llarena. El expresident de la Generalitat y eurodiputado de Junts ha pedido al instructor del procés que deje de “incumplir” la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y enviar la causa a los juzgados de Barcelona al carecer el Supremo, a juicio de la defensa, competencia para seguir investigando a los independentistas.

En su sentencia de este martes, el TJUE concluyó que un Tribunal Supremo nacional que resuelve en primera y última instancia sobre una causa penal “sin disponer de una base legal expresa” que le confiera dicha competencia no puede considerarse un tribunal predeterminado por ley, vulnerando así un derecho fundamental del encausado.

En ese párrafo de la sentencia, el TJUE reiteró la abundante jurisprudencia europea que ha instado a España en numerosas ocasiones a reformar la ley para que los aforados ante el Supremo tengan el derecho a la doble instancia judicial, algo que no ocurre a día de hoy porque distintos integrantes de la misma Sala de lo Penal del Alto Tribunal investigan y juzgan sin posibilidad de recurso de apelación (solo de amparo ante el Constitucional).

La defensa de Puigdemont interpreta ese párrafo como la constatación definitiva de que el Supremo no tiene competencia para investigar el procés, si bien la pelea por la competencia es una constante desde que el Alto Tribunal asumiera el caso en 2017.

Tanto el Supremo como el Constitucional han reafirmado la competencia del Alto Tribunal sobre el procés frente a las tesis de las defensas, que aseguran que debería recaer en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya al haber sucedido los hechos en la comunidad. La competencia será una de las cuestiones clave en el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.

En un escrito de oposición a la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que reclaman al juez Llarena imputar a Puigdemont por desórdenes públicos y no solo por malversación, el expresident insta al instructor a inhibirse a favor de los juzgados de instrucción de Barcelona.

Es más, la defensa de Puigdemont, que ejerce el penalista Gonzalo Boye, se muestra convencida de que tarde o temprano Bélgica dirá que el Supremo carece de competencia: “Se puede acordar en el sentido de carecer de competencia ahora o esperar a que sea determinado por alguna autoridad de ejecución de otro Estado miembro que, sin duda, acatará lo establecido por el TJUE”.“O peor aún -abunda el escrito- esperar a que así lo dictamine el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

En caso de no enviar la causa a Barcelona, a juicio de la defensa, el juez Llarena provocaría “la entrada dentro de las previsiones del artículo 258” del tratado de la UE, que regula los pasos a seguir ante el incumplimiento de obligaciones por parte de un Estado miembro.

El escrito también replica las nuevas pretensiones acusatorias de Fiscalía y Abogacía del Estado. A juicio de la defensa, el nuevo tipo penal de desórdenes públicos agravados no permite castigar los hechos por los que Puigdemont está procesado, tal y como mantiene el juez Llarena, en contra de lo que defienden las acusaciones.

Sobre la malversación, Puigdemont critica a la Abogacía del Estado por mantener, a su juicio, “dos posturas diametralmente opuestas”. La Abogacía no recurrió la malversación agravada que el juez Llarena mantuvo en Puigdemont, pero sí pidió rebajar la inhabilitación de los indultados al apreciar en ellos la malversación reformada por ERC y el Gobierno, que aligera las penas.

Según la defensa de Puigdemont, la Abogacía del Estado tienen un “doble rasero” al defender “blanco y negro” sobre la malversación en la misma causa en función de si el delito afecta a los políticos que permanecen en el extranjero o a los ya condenados.