Cinco claves de los cien primeros días de Gobierno de Emiliano García-Page
Emiliano García-Page se ha tenido que enfrentar a la labor de devolver Castilla-La Mancha a manos socialistas, dentro de un panorama político radicalmente nuevo, con un grupo parlamentario más en las Cortes regionales. Pero no ha sido el único de sus desafíos. Un PP resentido por abandonar tan rápido el Gobierno y problemas de alcance regional han marcado la agenda del Gobierno, así como la necesidad de políticas de choque para tratar problemas tan graves como el desempleo y los niveles de pobreza que sufre la región.
Acuerdo de Investidura con Podemos
El apoyo de Podemos fue crucial para que Emiliano García-Page pudiese gobernar, aunque el secretario general de Podemos, y también diputado electo, José García Molina, admitió que la “única alternativa plausible” era apoyar el PSOE, puesto que la otra opción era que revalidara el Gobierno de María Dolores de Cospedal. La política promovida durante la campaña por Podemos no permitía, claramente, permitir sin dar pelea un gobierno conocido por tratar a Castilla-La Mancha como un “laboratorio” de las políticas de austeridad. El reducido grupo parlamentario de Podemos ha dejado claro de forma reiterada su descontento con la gestión que ha llevado a cabo el PSOE hasta ahora, siendo especialmente crítico en temas como los comedores escolares, la asistencia sanitaria universal y, últimamente, con la propuesta socialista de incluir servicios como la Sanidad y la Educación en el Estatuto de Autonomía para blindarlos. La principal crítica de la formación es que el Ejecutivo socialista ha anunciado medidas como logros, cuando realmente estaban incluidas en el acuerdo de investidura firmado ante notario, y, en algunos casos incluso, no cumplirlos. Esta fue la postura que adoptaron en relación con los Procedimientos de Emergencia Ciudadana, lo que llevó al partido a lamentar que “nos encontramos de nuevo con el incumplimiento del Gobierno en sus compromisos con la ciudadanía”. Los socialistas han tenido que lidiar con la presencia de Podemos y comparecer en conjunto con la formación, así como ser muy cautos a la hora de valorar la actitud de la formación morada.
Cementerio nuclear en Villar de Cañas
El Gobierno de Emiliano García-Page ha seguido la línea que empezó mientras trabajaba desde la oposición al Gobierno de María Dolores de Cospedal. Y el ATC no sólo no ha sido una excepción, sino que ha sido también uno de los puntos más discutidos y polemizados, sobre todo por el PP, desde el pequeño municipio de Villar de Cañas hasta el mismo Gobierno de España. El Ejecutivo de Castilla-La Mancha anunció el 28 de julio que ampliaría la zona protegida de la Laguna El Hito para impedir desde las competencias autonómicas un proyecto en el que el Gobierno de España se muestra cada vez más empeñado. De hecho, el ministro de Industria, José Manuel Soria, llegó a amenazar con que si no se construía el Almacén Temporal Centralizado, el recibo de la luz subiría hasta un 30%. Ahora, García-Page se enfrenta también a una Plataforma de Afectados por la ZEPA que ha anunciado que llevará la ampliación de la zona protegida ante Europa, por usarla con “fines políticos”. Aunque el Gobierno de Castilla-La Mancha cuenta con el apoyo de todas las organizaciones ecologistas más importantes y con denuncias de instituciones como el Colegio Oficial de Geólogos de España en contra del proyecto, también debe enfrentarse al Ejecutivo de Mariano Rajoy que ha advertido de que podría tomar medidas para ir por encima de las competencias autonómicas.
Trasvase Tajo-Segura
Otra de las reivindicaciones que el PSOE no tardó en hacer suyas. Mientras el PP pasaba por alto la situación de los embalses de cabecera, en drástica bajada, ni tampoco el estado de las riberas del Tajo en ciudades como Toledo o Talavera, escudándose en que la ley permitía los trasvases, el nuevo Gobierno socialista ha sido tenaz en su intención de ‘blindar’ a la región y “proteger” el estado de los caudales. Además, Emiliano García-Page se enfrenta directamente al PSOE, que gobierna en Valencia, y también a quienes lo acusan de reabrir la llamada “guerra del agua”, especialmente desde el PP quienes se vanaglorian de haberla cerrado. Los socialistas castellano-manchegos han hecho lo posible por evitar un enfrentamiento directo entre autonomías, y han sido muy cuidadosos al afirmar que creen en la “unidad” en España a la hora de gestionar recursos hídricos. Eso no ha impedido que el Gobierno haya impuesto recursos en contra de los tres trasvases aprobados directamente por el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, asegurando que las decisiones de García Tejerina han pasado por alto los mínimos legales establecidos por el Memorándum del Tajo aprobado con gran polémica durante la actual legislatura del Partido Popular. En el último Consejo del Agua, donde se aprobaron los planes de cuenca de los principales afluentes castellano-manchegos, los consejeros de Fomento y Agricultura acusaron al Ejecutivo español de relegar la región al olvido y también de basarse en datos “obsoletos” de los años 90’ que ya no se corresponden con el estado de la región.
PP, de vuelta en la oposición
La labor del Partido Popular como oposición ha sufrido diversas rachas. En verano, los diputados ‘populares’ comparecían en cadena ante los medios de comunicación para criticar a Emiliano García-Page porque estaba de vacaciones. Luego, el PP se ha puesto de acuerdo para criticar al socialista en cambios políticos radicales en la región, acusándolo de sentir una surte de ‘odio ciego’ en contra de la labor de la anterior presidenta regional. Mientras María Dolores de Cospedal promovía de forma personal el Almacén Temporal Centralizado o el fin de la “guerra del agua”, García-Page está en contra. Si el convenio sanitario fue uno de los logros estrella del PP, el PSOE se basa en las denuncias ciudadanas y sociales para asegurar que lo eliminarán, al considerarlo un “negocio” para la sanidad madrileña. Además, los ‘populares’ han criticado directamente a Page por abrir sólo una veintena de escuelas rurales, mientras que fue el Gobierno del PP el que cerró casi setenta, o lo han culpado directamente del cierre de Elcogas, por su “inacción”, mientras que María Dolores de Cospedal no logró reunirse con José Manuel Soria y atendió a los trabajadores en medio de la campaña electoral. El PP también prefiere ‘olvidar’ que fue el mismo Soria el que canceló la primera reunión con García-Page para tratar el tema de Elcogas, y han llegado a señalar que su formación “no moverá ficha” al respecto, porque es parte del deber del Gobierno, tal como aseguró la diputada nacional Rosa Romero.
El inminente cierre de Elcogas
El cierre de la planta de ciclo combinado en Puertollano parece ya inevitable. Ya ha empezado la negociación del ERE extintivo que, según ha informado la empresa, se llevará a cabo en dos tandas hasta la fecha límite para negociar el cierre que es el último día de octubre. Para la región, y sobre todo para la comarca de Puertollano, el cierre de la planta supone un golpe importante para el sector industrial, ya de por sí cada vez más desmejorado. El PP ha usado este cierre como una herramienta más para atacar la gestión de García-Page, acusándolo de “lavarse las manos”, de firmar “la sentencia de muerte de Elcogas” o de “falta de cercanía” con los trabajadores. Mientras tanto, el ministro de Industria canceló la primera reunión concertada con el socialista para tratar el problema de la planta y finalmente Emiliano García-Page ha pedido una reunión “urgente” con el Gobierno de Mariano Rajoy para intentar solucionar el problema. Podemos, por su parte, ha pedido al Ejecutivo regional que siga el ejemplo adoptado por los grupos municipales en Ciudad Real y que asuma un papel “activo” en la solución de este conflicto. La formación en Castilla-La Mancha ha propuesto también que la gestión pase a manos públicas para solventar las subvenciones públicas que ha recibido la empresa y salvar así una parte importante de un sector que consideran “estratégico”.
