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La Junta negociará con sindicatos una salida “favorable” para sus interinos
Tras tres años de proceso judicial, la nueva Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha ofrecerá a los trabajadores interinos de la Junta “una salida favorable”, que se negociará y concretará con los sindicatos en una mesa sectorial“. Así ha reaccionado el departamento que dirige Juan Alfonso Ruiz Molina, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) haya declarado nulas las órdenes de la Junta de agosto de 2012 que conllevaron la amortización de plazas de interinos, en virtud de un recurso de CCOO. Se trata de una decisión judicial que se une a los recursos de UGT y STAS sobre este mismo tema, que también fueron estimados.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha confirmado que la Junta cumplirá también esta última sentencia del TSJCM, que no va a recurrir, al tiempo que ha añadido que en la mesa sectorial y de acuerdo con los sindicatos se estudiará la forma en que el Gobierno regional ejecuta la sentencia. Para Ruiz Molina, esta sentencia, que estima el recurso contencioso administrativo de CCOO contra “la orden de Cospedal” confirma que “las cosas se habían hecho mal” por parte del anterior Gobierno.
“La sentencia del Alto Tribunal castellano-manchego, que falla en el mismo sentido que ya lo hizo hace seis meses con los recursos que presentaron UGT y STAS sobre este asunto, pone de manifiesto las erróneas decisiones de Cospedal respecto a los interinos, a los que ahora los tribunales les dan la razón”, ha asegurado el consejero.
Ruiz Molina ha señalado que “el Ejecutivo anterior sigue así acumulando sentencias desfavorables, que, además, le están costando al contribuyente castellano-manchego muchos millones de euros, respecto de los cuales alguien tendrá que asumir algún tipo de responsabilidad”. Además, ha indicado el consejero, la sentencia pone de manifiesto que “con los derechos de los ciudadanos y, en este caso de los trabajadores, no se juega”. Asimismo, defiende que la sentencia “ratifica la posición que ha mantenido el Gobierno de Emiliano García-Page en este asunto, en el que siempre se ha mantenido al lado de los trabajadores”.
