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¿Qué es la transición justa? La propuesta de una “sustitución energética” desde las nucleares a las renovables

ATC Greenpeace en Cuenca

Francisca Bravo Miranda

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En el discurso con el que Greenpeace aceptaba el III Premio Regional de Medio Ambiente, Mario Rodríguez, director ejecutivo de la organización ecologista pidió directamente a Emiliano García-Page que no dejase de trabajar en el cierre definitivo del proyecto del basurero nuclear en Villar de Cañas. “La región está ligada directamente a la energía nuclear desde la época de Franco. En ciertas cosas, este Gobierno ha mostrado liderazgo para evitar el cementerio nuclear o el cierre de Zorita, pero hay que recordar que Trillo sigue abierta”, recuerda.

A estas advertencias, Rodríguez también sumaba un concepto: el de transición justa, un concepto que se refiere a evitar la pérdida de riqueza en las comarcas al cambiar de actividad económica predominante. “Podemos entender que, al igual que ocurre en las cuencas de carbón, al vivir de una actividad económica hay que hablar de un plan de apoyo, con ayudas para impulsar un plan alternativo”, explica. Además, recuerda que son los jóvenes y las mujeres los dos colectivos más vulnerables en este tipo de situaciones.

De todos modos, también epxlica que el proceso de desmantelamiento de las nucleares ofrece un margen amplio para trazar estos planes “alternativos”. Desde Greenpeace, calculan que  éste puede durar hasta 20 años y que los trabajadores pueden seguir incorporados a las centrales. Esto, recalca, sólo es un margen: se debe apoyar a los sectores que reemplazarán las actividades de energías fósiles, afirma Rodríguez: “No vale hablar de un cierre y no de lo otro. La España vacía no quiere ser llenada de contaminantes, sino tener trabajos dignos  y punto”, reflexiona.

Las energías renovables

“¿Por qué no sustituir la energía nuclear con la solar? Existe un potencial grandísimo”, asegura. Las energías renovables es el paso natural para una organización como Greenpeace. “Al hablar de transición justa, se trata de que los más débiles no paguen y que existan sectores alternativos al desmantelamiento. Calculamos que el desmantelamiento actual de todo el Estado podría generar unos 100.000 empleos durante unos 20 años. Es un colchón suficiente para un empleo alternativo”, asegura.

Igualmente, señala que precisamente en las zonas en las que sí existen centrales nucleares hay también un “alto potencial” de radiación solar para llevar a cabo una “sustitución energética” hacia la energía fotovoltaica o la solar.  A esto, Rodríguez explica que se debe sumar la posibilidad de una agricultura y una ganadería ecológica, y el sector forestal con lo que ofrece la biomasa. “Pero bien regulado, eso sí”, recalca. “Si un Gobierno está comprometido, hay que trabajar con un futuro que trasciende incluso a la reconversión nuclear y que daría un plan de acción para llena lo que llamamos la Castilla-La Mancha vacía. No hay que vivir sólo de la caza y los toros, hay otras cosas en la España rural”, reflexiona.

“Auténtica oportunidad”

Tatiana Nuño, responsable de Energía y Cambio Climático de Greenpeace, explica que para conseguir cumplir el Acuerdo de París se necesitan cambios “urgentes y de gran alcance” y en eso entra directamente el término de la transición justa. “Para 2030 tenemos que haber reducido las emisiones a la mitad, el uso de petróleo a la mitad y el uso de carbón a una tercera parte. Son cambios muy profundos”, señala. Para ello, la transición energética es una “auténtica oportunidad para empezar a frenar los impactos del cambio climático y lo que conlleva para nuestro modo de vida y para la salud mundial”.

Este cambio es una “oportunidad para el empleo” y esto, asegura Nuño, está avalado por “muchos datos”, de organismos como la Organización Mundial del Empleo que contabiliza que se podría generar un total de 64 millones de empleos “si hacemos lo que hay que hacer para cumplir el Acuerdo de París”. De hecho, para Greenpeace la normativa europea que se encuentra vigente es “insuficiente” porque buscan el 100% de las energías renovables, mientras que lo que se ha aprobado es de un 32%.

A nivel nacional, calculan que se generarían unos 132.000 empleos, gracias a un “potencial” y una “trayectoria” en el sector que permitirían no superar el grado y medio que se ha establecido en el Acuerdo de París. Y no sólo gracias a la producción de energía, sino también a través de las gestiones para la eficiencia de edificios, el autoconsumo y la gestión de infraestructuras como el coche y el transporte eléctrico. En definitiva: “Muchos más empleos de los que se generan en las centrales nucleares”, recalca.

“En la transición justa también entra la posibilidad de construir sociedades más democráticas, transparentes y participativas. La idea es que la ciudadanía esté en el centro de la toma de decisiones  y eso es algo que permiten las energías renovables”, asegura Nuño. Esto, en contraste con el sistema de las “grandes corporaciones eléctricas”, que son un oligopolio. “En un sistema renovable los ciudadanos pueden tomar realmente las decisiones”, destaca. En este sistema, también se le da valor a la perspectiva de género, explica, en contra de lo que supone el sector eléctrico, “muy masculinizado”.

Por eso, advierte de que se debe “garantizar” que se tienen en cuenta a toda la ciudadanía a la hora de empezar la transición justa. Es decir, “toda la comunidad que ha estado viviendo en torno a una central que hay que abandonar y desmantelar”. Se trata de asumir que es una “oportunidad para generar nuevos empleos” y que las mujeres están en una posición que “no teníamos en la generación de energía”. “Así conseguiremos una sociedad más justa y paritaria en la generación de ingresos. En conclusión, tener una mejor calidad de vida, también es parte de la transición justa”.

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