Antifraude frena un contrato de 35 millones del alcalde del PP de Torrevieja para la gestión del agua

Una modificación del contrato de la gestión del ciclo integral del agua para obras de saneamiento por un valor de 35,2 millones de euros. La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) ha puesto serios reparos al alcalde popular de Torrevieja, Eduardo Dolón, ante la intención del consistorio de ampliar el millonario contrato; una maniobra que “no es conforme al ordenamiento jurídico”, según un informe jurídico elaborado por el organismo que dirige Joan Llinares a raíz de una denuncia.

En 1996, el entonces alcalde del PP Pedro Hernández Mateo, condenado en sentencia firme por corrupción, constituyó una empresa mixta en la que el 26% de las acciones correspondía al Ayuntamiento de Torrevieja y el 74% a la firma Aquagest (actualmente Hidraqua) con una duración de 30 años. Tras recuperar el poder en 2019 después de una legislatura en la que el alcalde de Los Verdes José Manuel Dolón ostentó la vara de mando, el nuevo equipo de gobierno del PP inició los trámites para solucionar los problemas por la recogida de aguas pluviales en el municipio, tanto en el casco urbano como en algunas zonas con planes urbanísticos.

Sin embargo, varios informes, entre ellos los dictados por el Consell Jurídic Consultiu o la Intervención municipal, rechazaban la ampliación del contrato, por un plazo de 20 años y de 30 adicionales. El informe de la AVA constata, por su parte, que la figura de la empresa de economía mixta “necesariamente debe hacerse pilotar sobre la Ley de Contratos”. Así, recuerda Antifraude, en los contratos en los que la prórroga no esté contemplada, “no es admisible la ampliación del plazo”.

El informe también recuerda la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo sobre un “asunto sustancialmente similar” a la intención de ampliar el contrato por parte del Ayuntamiento de Torrevieja. La modificación, concluye Antifraude, “no es conforme al ordenamiento jurídico”. El abono de las obras mediante una modificación contractual “parte de una premisa que no se justifica debidamente” y, además, las obras “se configuran como una carga urbanizadora que deberá recaer sobre los propietarios urbanísticos” en algunas de las ocho áreas de actuación.

“Las obras de saneamiento”, señala la AVA, “no son una carga propia de la entidad local, ya que las mismas deben correr a cargo de los propietarios urbanísticos de los terrenos, al configurarse como obras de urbanización, o conexión de infraestructuras con las redes generales, o incluso de ampliación y reforzamiento de las existentes”.

En definitiva, la construcción del saneamiento de las aguas pluviales “es una carga propia de los propietarios de los terrenos” a decidir cuando se consolide el planeamiento urbanístico, tras lo cual será cedida al consistorio para que se haga cargo de la gestión de la red, del mantenimiento y de las reparaciones, ya sea por gestión directa o indirecta. Además, agrega el informe, “nada obsta para que el Ayuntamiento de Torrevieja proceda a realizar la obra si considera la misma como urgente”.

Antifraude concluye que las obras millonarias que el consistorio del PP pretende llevar a cabo “deben ser licitadas públicamente”.